Jesús Zaldívar Benavides, exdirector del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep), acusó motivaciones políticas en la decisión de la Sala Especializada del Tribunal Justicia Administrativa (TJA) de ordenar su inhabilitación por 15 años y el pago de 60.6 millones de pesos.
El actual dirigente del PAN en Puebla capital aseguró que esa instancia del Poder Judicial del estado lo sancionó por desvío de recursos públicos sin probar los hechos, motivo por el cual ya refutó la decisión en la instancia siguiente.
“Los hechos imputados a mi persona (…) no constituyen una falta administrativa calificada como grave, toda vez que, en el expediente (…) obran los 44 comprobantes fiscales digitales correspondientes a las obligaciones contractuales establecidas con los diferentes prestadores y/o proveedores con quienes se firmaron los instrumentos jurídicos”, argumentó.
Consideró lamentable que en México una persona tenga que demostrar su inocencia, en vez de que la autoridad que acusa pruebe su responsabilidad.
Además, señaló que la funcionaria que se encargó de la investigación “no acredito su legitimación ni competencia para tener la calidad de autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
“Sostengo que mi actuar como servidor público, siempre fue apegado al marco normativo. Como lo he expresado en reiteradas ocasiones, el derecho no tiene que estar condicionado a las coyunturas ni definiciones políticas”, expresó.
Agregó que la resolución de la Sala Especializada del TJA no es definitiva, por lo que presentó un recurso de apelación al pleno de ese tribunal el 31 de julio pasado, para defenderse.
“Haré valer todos los argumentos y medios de prueba con los que cuento, en las siguientes instancias (…) confío en que la justicia y la razón prevalecerán”, manifestó.
Jesús Zaldívar fijó postura a través de un comunicado, luego de que medios de comunicación locales revelaron que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 15 años.
Además, lo ordenó el pago de 30.5 millones de pesos por concepto de multa y de 30.1 millones de pesos por daño a la hacienda estatal.