El Instituto Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana reprobó que el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que de enero a septiembre de este año se han localizado a mil 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, tras lo cual señaló que de estas, mil 105 fueron “ausencias voluntarias”.
“Manifestamos nuestra preocupación respecto al discurso oficial en torno a las ausencias voluntarias, pues este tipo de narrativas estigmatizan a las personas que por distintas razones se ven obligadas a salir de sus hogares y manda también un mensaje de inacción estatal respecto de su responsabilidad con la búsqueda inmediata, agravando la situación de riesgo para quienes se encuentran desaparecidas”, indicó el organismo en un comunicado.
Higuera Bernal hizo las declaraciones criticadas el pasado 19 de octubre de 2023.
Al respecto, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón, todas instancias de la Universidad Iberoamericana Puebla, manifestaron:
“El gran número de ausencias voluntarias, en todo caso, nos habla de un contexto de violencia en el entorno familiar o social que puede predisponer a la presunta comisión de un delito. Consideramos muy importante subrayar que este tipo de ausencias no equivale a la simulación de una desaparición, la cual podría configurarse como un hecho ilícito”.
Agregaron que “la no localización de una persona obliga al Estado a iniciar su búsqueda inmediata, la cual, de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda, implica el ’despliegue urgente de las primeras acciones tendientes a localizar y, de ser necesario, brindar auxilio a una o más personas cuya desaparición o no localización sea de conocimiento de la autoridad, independientemente de que se presuma o no que la comisión de un delito está relacionada con su ausencia”.
Advirtieron que “frente a la grave crisis de desaparición en el país, es imprescindible que las autoridades asuman responsablemente su obligación de adoptar con celeridad y exhaustividad todas las actividades de búsqueda e investigación necesarias, dirigidas a determinar el paradero de las personas desaparecidas, independientemente de las razones de la desaparición o no localización”.