Acusa Bartlett a Moreno Valle de comprar impunidad en el Congreso de la Unión

El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett Díaz, acusó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas está comprando impunidad en el Congreso de la Unión, para que no sean discutidos en la máxima tribuna del país los escándalos y negocios en los que se encuentra involucrada su administración.

Al rendir un informe de labores por sus tres años de actividad parlamentaria, refirió como ejemplo el proyecto de construcción del segundo piso de la autopista México–Puebla, el cual se concesionó por 30 años a la empresa española Obrascon Huarte Laín (OHL).

“Es un negocio, y ese es otro asunto que se ha discutido en el Senado, hasta donde se puede porque lo silencian, no lo ponen en la lista, no lo puedes discutir”, apuntó el legislador de izquierda en uno de los salones del hotel La Quinta Real del Centro Histórico de Puebla, al que asistió en compañía de las senadoras de su fracción Martha Palafox y Layda Sansores.


El ex gobernador de Puebla explicó que OHL es un “instrumento” del grupo en el poder al que recurren mandatarios locales y el presidente Enrique Peña Nieto “para obtener recursos enormes que no son nada más para comprarse castillos, sino también para tener poder político”.

Los recursos que consiguen de manera ilegal, prosiguió, son utilizados para pagar posiciones políticas en el interior de sus partidos; asignar “pagos adicionales a senadores y diputados por debajo del agua”, y cubrir convenios con las televisoras.

“La corrupción es el motor político, es el control de los medios, el control de la sociedad mexicana (…) por eso las minas; por eso (la privatización) el agua, son gobiernos cuyo objetivo es ese”, manifestó ante cientos de invitados, en su mayoría integrantes de organizaciones ciudadanas contrarias a la administración estatal que expresaron en diversas intervenciones al final del acto su rechazo a las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle.

En su exposición, Sansores y Palafox secundaron las críticas de Bartlett, al identificar en Moreno Valle a un mandatario local que intenta ampliar su esfera de influencia política a otras entidades con el uso de recursos públicos.

Palafox aseguró que el titular del Poder Ejecutivo local ha intentado meter mano en la vida política de Tlaxcala, sin que hasta el momento lograra su objetivo, mientras Sansores concluyó que el gobernador poblano hace en el estado “lo que le da su regalada gana”.

 

La lucha contra la reforma energética

 

La bancada del PT elaboró un informe de 37 cuartillas en el que sus integrantes dieron cuenta de la lucha que emprendieron contra las reformas en materia laboral, educativa, telecomunicaciones, hacendaria, financiera, de transparencia, político electoral, anticorrupción y energética, a las que tacharon de tener un corte neoliberal y ser contrarias a los intereses del país. Un apartado especial mereció la reforma energética por considerarla “la joya” del Pacto por México.

La coordinación del PT, a cargo de Manuel Bartlett, organizó y participó en más de 100 foros, conferencias, mesas, pláticas en defensa de la soberanía y en más de 75 entrevistas, para alertar los riesgos de ese proyecto que ya es ley.

Además, el grupo parlamentario participó en la organización de las concentraciones populares de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero la batalla jurídica contra la reforma energética inició el 7 de enero de 2014, cuando Manuel Bartlett presentó un juicio de amparo indirecto por violaciones al procedimiento de creación de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.

En el informe se exhibe el bloqueo que emprendieron diversas autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas a la acción legal del PT, incluida la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual rechazó atender el tema bajo el argumento de que un juicio de amparo no aplicaba contra reformas constitucionales.

Los senadores del PT acusaron que el fallo de la SCJN es ilegal, porque se emitió “ignorando cínicamente que el argumento del amparo presentado no era contra la reforma en sí sino (…) contra el procedimiento”.

Ante la resolución de la SCJN, y de conformidad con el Reglamento de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Bartlett compareció ante esa instancia internacional para denunciar la violación a derechos fundamentales por parte del Estado mexicano.

“En la actualidad la CADH analiza la procedencia de los argumentos vertidos por parte del senador (…) y deberá determinar si deviene procedente para ser enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que de manera jurisdiccional y de conformidad con las normas que rigen el Pacto de San José, Costa Rica, determine la existencia o no de violaciones a derechos fundamentales”, se puntualizó en el reporte de actividades legislativas del PT.

Ausencia de deliberación

 

En el informe los integrantes del grupo legislativo petista también precisaron las acciones que emprendieron para denunciar en tribuna las implicaciones negativas del resto de las reformas estructurales, aprobadas entre 2012 y 2014, durante la LXII Legislatura.

Asimismo, informaron que exigieron el respeto a la normativa parlamentaria, en aquellos casos en los que se vulneró de manera sistemática con tal de garantizar la aprobación de los proyectos presidenciales.

Durante la LXII Legislatura, los senadores del PT subieron a tribuna en más de 70 ocasiones, para defender “la soberanía nacional y de los sectores populares y más vulnerables de la población”.

Asimismo, detallaron que impugnaron el procedimiento mediante el cual la mayoría del PRI anuló el debate de las reformas, con la realización de foros “a modo” y aprobación de reformas sin análisis.

“Con el presidente de la mesa directiva, el senador Raúl Cervantes Andrade, sostuvimos una serie de comunicaciones en las cuales manifestamos nuestro desacuerdo en el proceder de las comisiones de trabajo en complicidad con la mesa directiva, debido a que no se estaban respetando las normas para la dictaminación.

“El asunto incluso llegó hasta la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias que al final ‘aceptó que el procedimiento era legal’. El presidente de la mesa directiva, incluso, comunicó que la opinión de ese órgano de gobierno avalaba la legalidad del procedimiento”, relataron.

Como ejemplo destacaron la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, por el cual la bancada del PT presentó ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores una denuncia por responsabilidad administrativa en contra del presidente de las Comisiones de Educación, y de Estudios Legislativos.

Durante la revisión de la iniciativa, explicaron, hubo una ausencia total de deliberación del dictamen aprobado por las comisiones antes referidas el 3 de septiembre de 2013 y por el pleno del Senado al día siguiente.

Además reportaron una participación en cerca de 30 comparecencias o reuniones de trabajo con secretarios de Estado y otros funcionarios del Poder Ejecutivo para cuestionar sus resultados y cumplir así con su función de control.

Por lo que toca a la votación en el pleno, durante el periodo que se informó, el PT votó más de 60 por ciento del total de las iniciativas a favor, menos de 37 por ciento en contra y se abstuvo en no más 4.3 por ciento, lo que al parecer de los representantes populares de esa fuerza política de izquierda demuestra que “no es el partido que la oligarquía quiere defenestrar como partido que se ‘opone a todo’”.