El presidente auxiliar de Acuexcomac, Darío Tiro Rosas, se comprometió a exigir al Sistema Generador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach) y la presidenta de ese municipio, Tonantzin Fernández, que se realice de manera inmediata la limpieza de una parte de lo que era el Río El Batán.
Lo anterior fue dado a conocer ayer en un comunicado por el Comité en Defensa del Agua de Santa María Acuexcomac, que fue publicado en sus redes sociales y en el cual acusan que el afluente “hoy se ha convertido en un drenaje estancado con lixiviados de materia fecal qué generan graves focos de contaminación en el centro de la comunidad y a un costado del ahuehuete y extinto manantial”.
En el comunicado se afirma que el pasado 12 de noviembre Darío Tiro Rosas acudió a una asamblea de Acuexcomac y presentó una imagen del edil subalterno en la reunión.
Según el comunicado, Tiro Rosas, anunció que pondrá fin a la relación con su representante legal, el abogado Atilio Alberto Peralta Merino, tras expresar su desacuerdo con su actuación y manejo del conflicto el alcalde auxiliar reconoció haber “cometido el error de atribuirle ciertos derechos” al litigante y aseguró que lo despedirá.
Menciona que cuando Peralta Merino, a través de su página de internet “Revista Parlamentaria”, publicó un comunicado que presuntamente pedía el uso de la fuerza pública para impedir una asamblea comunitaria. A decir del comité, éste mensaje fue señalado como apócrifo por Tiro Rosas, quien afirmó en asamblea no haber autorizado la emisión de dicho comunicado, lo que generó molestia en la comunidad. Posteriormente, el 8 de noviembre, el abogado compartió en redes sociales una supuesta reunión con autoridades en la que se debatió la posibilidad de aplicar la fuerza pública para frenar acciones comunitarias. Además, sugirió que la comunidad carecía de legitimidad para reclamar el convenio de 1994, un comentario que aumentó la fricción entre el abogado y la comunidad.
Peralta Merino también había desestimado peticiones comunitarias para ser informados sobre el proceso judicial que lleva, argumentando que se trata de “un asunto de particulares”. Sin embargo, la demanda de daño patrimonial presentada en abril de 2024 junto con el Manuel Senderos Bracamonte y el propio presidente auxiliar, busca una indemnización de 3 mil 500 millones de pesos por la supuesta pérdida del manantial, afectando así a la comunidad de Acuexcomac, expresaron.
Peralta Merino emitió un comunicado de respuesta en el que defendió la legalidad de sus acciones y aclaró que la denuncia ante Profepa tiene carácter popular, por lo cual continuará en curso. También sostuvo que sus actos no representan una extralimitación de funciones, pues todas las promociones legales han sido suscritas por Tiro Rosas.