Viernes, junio 21, 2024

Acuerdos de paz en Colombia: entre cúpulas

Muy trillado: no hay paz sin justicia social. La insurgencia halla su sentido en el deterioro de las condiciones de vida del campesinado y los sectores marginados históricamente. Ergo, acabada la guerra, no se garantiza la paz como proceso de construcción social de cara al desarrollo. Trillado pero cierto. No hay que ser uribista para lamentar la firma del acuerdo en tanto las FARC–EP se encuentran apostando por la democracia que por años la censuró y tildó de terrorista –la misma que asesinó a los líderes populares, Guadalupe Salcedo, Jorge E. Gaitán, Pizarro y Garzón– y en el marco de las protestas de indígenas, campesinado, camioneros, que se suman al caos y el despotismo en que se fundamenta el gobierno neoliberal que lleva las riendas del país.

En el año 2012, en el acto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en Ciudad de México, nos reunimos varios colombianos vinculados sobre todo al ámbito académico y discutimos el estado de las negociaciones en ese momento. Aún hoy me encuentro en desacuerdo con la legitimidad de un gobierno neoliberal como interlocutor. Sigo convencido que otra cosa sería la negociación con un gobierno progresista, sensible al tema agrario, al empleo, a la calidad y medida de la inversión extranjera, a la urgencia del repunte en gasto social, etcétera. Entiendo que se negocia con quien está. En todo caso, ningún alivio queda garantizado para el Pueblo por obra y gracia de una negociación que sólo beneficia a la cúpula de las FARC–EP y da tranquilidad a la élite nacional y trasnacional. Ya no morirán civiles o militares por balas, bombas y minas quiebra–patas, lo harán a manos de TLC’s y “Alianzas” nada pacíficas. La cúpula ha negociado su retiro y no llegará con credibilidad al escenario político nacional. Serán parlamentarios, alcaldes de pueblos y veredas pero no lograrán impactar la vida política y social colombiana, como lo hizo la Unión Patriótica y el M–19. Dejarán vulnerables a las tropas desmovilizadas. Uno de sus frentes anunció que no acatará el acuerdo ante un paramilitarismo fortalecido y porque no se han allanado los factores estructurales que dieron origen a su lucha.

Los camioneros ahora dicen que remplazarán sus vehículos por fusiles –en el momento en que otros las dejan–, lo cual expresa la vacuidad del proceso de paz, en tanto guerrilla ni gobierno representan a una sociedad civil –movimientos sociales– empujada a una guerra asimétrica contra agentes criminales “para” y estatales. Atizar la represión a la protesta, al tiempo que se garantiza la desmovilización de las FARC–EP, da como corolario: el incremento de la animadversión de la sociedad al proceso ante las gabelas que recibe el grupo insurgente, el fortalecimiento del paramilitarismo y de la sinrazón de Álvaro Uribe y sus adictos, dando finalmente cabida a una pesca en el río revuelto de la desinformación que puede castigar el plebiscito. No hay legitimidad del gobierno actual para firmar la paz cuando promueve el conflicto social mediante reformas agresivas–recesivas. La cúpula guerrillera ganó el derecho a negociar tras más de sesenta años de actividad militar y política. Colombia, meciéndose en el nudo de los errores históricos de sus bases y su élite, tiene como opción el encausamiento del postconflicto, en sus sectores más progresistas, ante un acuerdo entre cúpulas.

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