Jueves, enero 23, 2025

Acuerdan vecinos frenar tránsito vehicular en Tlaltepango como vía alterna a las obras del distribuidor vial de la Central de Abasto

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Preocupados por la falta de información oficial sobre el proyecto de la obra del distribuidor vial de la Central de Abasto y los problemas que puede acarrear el desvío de un aforo de 21 mil vehículos diarios al camino a Tlaltepango, vecinos de esta comunidad se reunieron este domingo y acordaron frenar el ingreso de transporte pesado y automóviles a esta vialidad, ya de por sí cundida de baches y carente de servicios básicos.

Tlaltepango se ubica en los límites territoriales de la ciudad de Puebla y el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Es la única carretera alterna a Vía Corta que puede representar una opción para circular a la Central de Abasto.

La otra posibilidad es el ingreso por el Bulevar San Felipe y el Hospital de Ortopedia y Traumatología, pero por su propia naturaleza generaría un “cuello de botella” en la zona, debido a que son calles de dos carriles y con alto tránsito vehicular.

La falta de alumbrado público, rehabilitación de calles y banquetas ha creado el ambiente idóneo para que actúe la delincuencia, desde el perímetro que abarca el canal de aguas residuales de la calle 18 de marzo hasta los límites con la Unidad Habitacional Villa Frontera.

“Por eso no estamos dispuestos a permitir que avienten los camiones de carga pesada a nuestra calle, ¿dónde vamos a caminar? si no hay banquetas ni guarniciones; el día que lo hagan, lo vamos a impedir”, advirtió la señora Claudia Rojas, vecina de Tlaltepango e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala, Puebla.

Informó que a raíz de la publicación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del distribuidor vial y por la problemática que enfrenta por la inseguridad, decidieron reunirse para organizarse y no permitir más atropellos de las propias autoridades.

El pasado 28 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo público el MIA –con clave número 21PU2023V0050 en la Gaceta Ecológica– que ingresó el gobierno del estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial de la Central de Abasto. La inversión es de 359.5 millones de pesos y se ejecutará a lo largo de 10 meses.

La superficie que se intervendrá sobre la Vía Corta a Tlaxcala es de 40 mil 564 metros cuadrados, tendrá una vida útil de 15 a 25 años y afirma no tendrá afectaciones ambientales.

Durante el encuentro de vecinos, efectuada en la vía pública, se creó una comisión que solicitará por escrito en esta misma semana al gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, al secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, y al alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, se entregue copia de la carpeta del proyecto ejecutivo de la obra insignia.

Este mismo documento se presentará a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el edil de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras, pues los colonos arguyeron que el proyecto del distribuidor vial de la Central de Abasto se efectuará en los límites territoriales de ambas entidades y, por esta razón, las autoridades tlaxcaltecas también deben tener conocimiento de este.

El representante de Límites Territoriales de Tlaltepango, Antonio Cid Castillo, dijo a La Jornada de Oriente que la añeja disputa del territorio no debe ser pretexto para que se les prive del derecho a la información, ante la opacidad con el que se está manejando el proyecto de la nueva vialidad.

“Queremos saber si el distribuidor vial nos va a beneficiar o afectar, porque ya de por sí esta zona está en desgracia”, externó.

Explicó que la mayoría de los habitantes estudian y trabajan en la ciudad de Puebla, y desde ahora necesitan saber cómo podrán movilizarse a tiempo hasta sus centros laborales y educativos, durante los 10 meses que durarán los trabajos de construcción.

Otro vecino reveló que la única ruta de transporte público que ingresa a la comunidad es la UTP-Tlaltepango, pero por intervalos de 20 minutos.

En el limbo y la vulnerabilidad viven pobladores de Tlaltepango

Desde hace 23 años, a raíz de que el Congreso de la Unión ratificó el decreto presidencial del año 1900, –en el que delimita a Puebla y Tlaxcala a partir de la zona de la Central de Abasto–, los lugareños acusaron que han sido invadidos los pocos terrenos agrícolas que quedaban en la localidad.

Expusieron que la mancha urbana de Puebla ha crecido sin control y ya invadió a San Pablo del Monte con la liberación de permisos de construcción apócrifos, como se hizo con San Andrés Cholula y Amozoc.

“Ya pasaron la línea divisoria que era Villa Frontera y la Central de Abasto, como lo marca el decreto de 1900, ratificado en el año 2000”, argumentó Antonio Cid, quien dijo que esta situación los pone en vulnerabilidad, al no contar con servicios municipales.

El representante de la comunidad añadió que esta situación ha provocado que los habitantes no tengan certeza jurídica, al contar algunos con credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) de San Pablo del Monte y otros de la ciudad de Puebla.

“No somos ni de aquí ni de allá, estamos en el limbo, sin seguridad, sin alumbrado, sin calles, sin ayuda, porque las autoridades de ambos estados han sido omisas”, reclamó.

Los habitantes de Tlaltepango expusieron que esta situación ya de por sí grave, se verá afectada por el caos que generará que todo el arroyo vehicular de miles de camiones y automóviles se traslade al único acceso a sus viviendas y negocios.

“Si quieren que pase toda la carga pesada, nos tendrán que componer la calle y dotar de todos los servicios que siempre nos han prometido, porque seremos los más afectados por los trabajos de construcción del distribuidor vial”, secundó la señora Claudia Rojas.

De lo contrario, advirtió que los pobladores se han organizado de tal manera que se frenará la circulación de vehículos, hasta que no haya un diálogo con las autoridades.

Los vecinos coincidieron que no están en contra del desarrollo ni de las obras, pero sí de la falta de información, la poca transparencia y la omisión en la que incurren las autoridades al no participar a la comunidad los proyectos que se supone traen beneficios para todos.

Somos tierra de nadie

Los lugareños relataron que debido a todas las carencias que padecen, por ser un territorio limítrofe en disputa, agentes de tránsito, policías municipales y funcionarios del ayuntamiento de Puebla extorsionan continuamente a la gente, desde los propietarios de las tiendas abarrotes y pequeños negocios hasta los ambulantes.

“Aquí nos llegan supervisores de negocios de Puebla y nos invaden las patrullas municipales, pero no para garantizar la tranquilidad, sino para extorsionar a la gente y violentar la paz social”, acusaron.

De manera arbitraria, denunciaron que el ayuntamiento de Puebla irrumpe el territorio de Tlaxcala e impone multas.

Algunos vecinos se han dado a la tarea a informar al resto que es ilegal el hecho que agentes municipales poblanos los amenacen y extorsionen con multas, cuando están fuera de su jurisdicción.

A pesar de la presencia de la Policía poblana, informaron que la semana pasada un poblador fue asaltado con violencia por desconocidos armados, que lo despojaron de su vehículo, sin que pudiera recuperarlo.

Incluso, no descartaron que estos mismos agentes estén detrás de la comisión de algunos delitos que se perpetran en la zona.

“Tlaltepango es tierra de nadie, en Puebla no nos reconocen y en San Pablo del Monte nos dicen que somos poblanos; lo que pedimos es contar con un registro en la cartografía del Inegi, para tener certeza jurídica”, reclamaron.

Acusaron que únicamente son visitados durante las campañas electorales por políticos que prometen ayudarlos, y que al final se deslindan al llegar al poder.

Por esta razón, dijeron que van a analizar que postura asumir en el proceso electoral que se avecina, tras no descartar que se analice la posible instalación de casillas.

Al último, los colonos exigieron que se respete el decreto presidencial de límites territoriales que tiene una antigüedad de 123 años, y que se haga público la obra del distribuidor vial para evitar algún conflicto social.

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