Un aproximado de mil cobros extrajudiciales de julio a noviembre de 2020 por parte de la concesionaria Agua de Puebla en contra de usuarios del servicio de agua potable, documentó el activista Omar Jiménez Castro.
En entrevista con La Jornada de Oriente el abogado litigante subrayó que un total de 200 de esos cobros se registraron de septiembre a noviembre de este año, cifra que representa 20 por ciento.
El activista destacó que la mecánica con la cual la firma hace tales cobros consiste en que personas que se dicen empleados de Agua de Puebla llegan a los domicilios de los usuarios a quienes obligan a cubrir una parte del adeudo y los hacen firmar documentos para comprometerse a solventar el resto.
Expuso que un despacho jurídico que también le trabaja a la empresa Elektra, del magnate Ricardo Salinas Pliego, es el que hace los cobros extrajudiciales.
Al respecto, Omar Jiménez acotó que los documentos que obligan a firmar a los usuarios carecen de validez jurídica.
También recordó que si la empresa pretende imponer un cobro extrajudicial se puede promover un amparo.
“Hemos promovido más de 570 amparos, de los cuales hemos ganado el 90 por ciento, el resto no se ha resuelto aún”, expuso.
El defensor estimó que el 50 por ciento de los usuarios del servicio han sido objeto de cobros extrajudiciales desde que fue concesionado el servicio.
Las tarifas crecieron hasta 600%
En otro tema, Jiménez Castro afirmó que este año Agua de Puebla incrementó 600 por ciento sus tarifas de agua potable.
Un ejemplo de esta irregularidad es el cobro de medio millón de pesos que le impuso la concesionaria a un jardín de niños en la colonia Bugambilias por un supuesto adeudo.
“La concesionaria le hizo llegar un documento al usuario para que se apersonara porque tenía un adeudo de millón y medio de pesos. Esta es una muestra clara de cómo el último año crecieron de 500 a 600 por ciento las tarifas”, manifestó.
Omar Jiménez enumeró las causales para revocar el contrato en la concesionaria, entre las que destaca que el Congreso del Estado es el único facultado para aumentar las tarifas, legislación que no ha sido respetada.
Entre otras anomalías relacionadas con Agua de Puebla también se encuentra que la concesión viola el artículo cuarto de la Constitución Política de México que establece que toda persona tiene derecho al agua.
Asimismo, la empresa incumplió su compromiso de invertir 365 millones de pesos en obras de red hidráulica en los primeros cinco años de la concesión.
“Calculo que hay 200 colonias sin red hidráulica ni red de drenaje. En San Bernabé Temoxtitla hay una zona que de un lado de la acera tienen red y del otro lado solo cuentan con fosa séptica. Unas 50 colonias sí tienen red hidráulica pero no les abastecen agua”, expuso.
Subrayó que el título de concesión no se ha hecho público por parte de la firma, lo que viola el derecho de acceso a la información.
Adicionalmente no funcionan o lo hacen a medias las 17 plantas tratadoras de agua potable que opera la concesionaria.
En tanto, el pasado 31 de julio la concesionaria pidió la renuncia voluntaria a mil 300 de sus trabajadores, con lo que se violaron los derechos laborales de los afectados.
El activista ha documentado durante siete años que más de 500 colonias son abastecidas con únicamente tres horas de agua a la semana, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud estableció que una persona debe abastecerse con 100 litros diarios de agua por la epidemia de Covid-19.
Sin embargo, las personas que viven con alguna comorbilidad deben tener acceso a 130 litros diarios de agua.
Una causal adicional de revocación es que la empresa Agua de Puebla ha realizado obras que ocasionaron accidentes mortales.