La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados autorizó una reunión de trabajo con el gobernador Rafael Moreno Valle para abordar el desalojo de un campamento de protesta que instalaron estudiantes de la UAP en el zócalo de Puebla, informó la legisladora perredista Roxana Luna Porquillo.
Precisó que solo hace falta poner fecha y hora para que se lleve a cabo el encuentro, debido a lo cual los representantes populares miembros de ese órgano parlamentario se reunirán la próxima semana para ultimar detalles del cónclave.
Luna aclaró que el mandatario local está obligado moralmente a acudir a la mesa de trabajo y su ausencia diría mucho de su postura frente a los casos de violación a los derechos humanos que se han registrado en Puebla, la mayoría de los cuales han contado con la intervención de las fuerzas policiacas del estado.
El jueves pasado la Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad de votos una reunión de trabajo con el titular del Poder Ejecutivo de Puebla, quien ha sido señalado por diversos grupos de oposición de instaurar una política represora.
En la misma mesa de trabajo los diputados acordaron, además, solicitar al gobierno morenovallista la entrega de un informe sobre la situación que guarda el estado frente a la violación de derechos humanos.
El caso de Puebla se subió a discusión por la intervención de la diputada perredista Roxana Luna Porquillo, quien denunció en San Lázaro la agresión que sufrieron estudiantes de la máxima casa de estudios del estado el 8 de febrero pasado a manos de un grupo de choque que los desalojó del zócalo.
La Comisión de Derechos Humanos también convino una mesa de trabajo similar con el gobernador del estado de Guerrero por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
Ayer Roxana Luna, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, dio a conocer que se facultó a la coordinación de ese órgano legislativo a definir la agenda de las reuniones que se sostendrán por separado con los mandatarios de Puebla y Guerrero.
Explicó que ese encuentro se acordó en un ánimo de transparentar las acciones de la autoridad frente a la violación sistemática de garantías que se reporta en ambos estados.
“Es un llamado de un poder a un gobernador; puede o no puede cumplir porque no está reglamentado ni la Comisión de Derechos Humanos es un órgano sancionador; sin embargo, sí estamos obligados a que se cumplan las leyes y los tratados internacionales que ha suscrito México”, argumentó.