El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xavier Gorostiaga, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero) aceptaron fungir como mediadores en el conflicto socioambiental que viven los pueblos unidos de la región cholulteca de los volcanes contra la planta embotelladora Bonafont.
A través de un comunicado, la universidad del Sistema Jesuita aceptó el llamado de las comunidades organizadas para gestar el diálogo y resolver el conflicto en el que se encuentra implicado el corporativo de origen francés Grupo Danone y el Estado.
En el inicio de esta semana, los pueblos alegaron que su lucha es por la vida y ante este grave conflicto socioambiental donde el capital pretende seguir lucrando con la vida, exigieron la salida de las empresas que comercializan el agua en la región.
La Ibero respondió que se ponen a disposición de las partes involucradas para gestar tal espacio de diálogo en las instalaciones de la universidad en la ciudad de Puebla.
Lo anterior, refirió, en el marco de la resolución pacífica de las causas del conflicto, siempre que exista disposición y voluntad tanto de las partes como de las instituciones del Estado.
En el escrito hizo un llamado a las autoridades competentes a que sean el diálogo y la concertación democrática, las herramientas para resolver de manera pacífica la situación.
Luego del desalojo del Altepelmecalli, Casa del Pueblo, antes planta de la empresa Bonafont, los Pueblos Unidos Cholultecas y de los Volcanes condenaron que el conflicto ambiental que se vive en la región se haya reducido a un “problema entre la embotelladora y las comunidades”.
Dijeron que están dispuestos a entablar un diálogo público, a fin de “dar muestras de que nosotros no somos quienes tienen oídos sordos”.
En ese sentido, solicitaron públicamente que la Universidad Iberoamericana Puebla, a través de sus instancias e instalaciones, pueda fungir como mediadora en la mesa de diálogo, en la que se sentarán sólo si se cumplen las condiciones para hacerlo.
“Exigimos que éste sea un diálogo público. No aceptamos que la postura del gobierno sea que es un asunto entre Bonafont y nosotros, porque con el uso de las fuerzas armadas y policiales en el desalojo, los gobiernos se volvieron parte”, argumentaron.
Este 22 de marzo se cumpliría un año de la toma de las instalaciones de la embotelladora, ubicada en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C Bonilla, un espacio de resistencia que fue convertida en la Casa de los Pueblos, a manera de protesta por el saqueo del agua.
La madrugada del pasado 15 de febrero, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal de Juan C Bonilla ingresaron a la planta Bonafont para desalojar a los opositores a la embotelladora que mantenían tomadas el inmueble, convertida en Altepelmecalli, la Casa del Pueblo.
Al final, dijeron que la planta embotelladora regresó nuevamente a las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta.
Ante lo expuesto, demandaron un diálogo público con las partes en conflicto para dar una salida a la situación.
Entre sus demandas, reclamaron que la empresa Bonafont mantenga la suspensión de cualquier actividad en la zona; que no exista persecución a los defensores y ambientalistas de los Pueblos Unidos y que sean liberados inmediatamente los animales que se encuentran dentro de la Altepelmecalli.