Es preciso que las normas de regulación ambiental se ejecuten, que tampoco haya impunidad en este campo. En el presente número narramos cuatro casos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su Gaceta oficial, dio a conocer que negó un permiso para instalar una de las llamadas “granjas voltáicas”, que a lo largo de todo el país se estaban instalando, al igual que la eólicas, al amparo de una legislación que al interés público resultaban leoninas y que han sido restringidas por las normas federales impulsadas por el ejecutivo.
También, en una entrevista con el representante de la Semarnat, Fernando Silva, se dio a conocer que esta dependencia intervendrá en el caso del tiradero de basura de Tehuacán, que aunque se dice que ha sido clausurado, al parecer seguía recibiendo desechos industriales altamente nocivos para la salud. El incendio que se desarrolló recientemente en él pudo haber afectado parte de la reserva biocultural Cuicatlán–Tehuacán, de suyo amenazada por diversos factores asociados al interés económico. Es la primera vez que autoridad alguna reacciona frente al problema del llamado relleno sanitario.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, impidió que se llevara a cabo una competencia de natación en la laguna de Alchichica, que se había vuelto una tradición, pero que afectaba cada vez más las especies de la biota, tan distintivas de este jalapasco, como peces y anfibios, y estromatolitos, todos muy sensibles a los contaminantes.
Estas acciones gubernamentales son de aplaudirse y ojalá se sostengan, pero también anotamos en este número un caso que merece la atención puntual de la autoridad: los célebres “cañones contra granizo”, que una empresa española ofrece por 60 mil dólares, sin que nadie dé fe de sus resultados y sí, en cambio, despierte sospechas por su afectación a la atmósfera y hasta la posibilidad de que se trate de un simple fraude.