Académicos, luchadores sociales y ambientalistas que participaron en el foro de Análisis sobre la problemática de la Cuenca Libres-Oriental demandaron detener la represión y la persecución en contra de los defensores del territorio de la Cuenca Libres–Oriental y someter a la empresa Granjas Carroll a las normas ambientales.
Tras el encuentro promovido por la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio (Onodet) -realizado en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla- y en el contexto del inicio de un nuevo sexenio, los activistas exigieron que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realicen a la brevedad y con garantías plenas de seguridad un estudio pericial a fondo sobre las condiciones laborales, sanitarias, ambientales e hídricas bajo las cuales operan las megagranjas de Puebla y otras regiones del país para corregir las normas imperantes.
El pronunciamiento se basó en tres exigencias primordiales, la primera de las cuales se basa en el cese a la fabricación de delitos, la persecución judicial y extrajudicial que la empresa Granjas Carroll lleva a cabo en contra de quienes desde hace 20 años han protestado por los evidentes daños sanitarios, ambientales y al patrimonio de los campesinos del lugar.
También exigieron que se haga justicia para los deudos de Jorge y Alberto Cortina Vázquez, asesinados por policías del estado de Veracruz, lo mismo que a los heridos que resultaron de la represión llevada a cabo el día 20 de junio del presente año.
“Que dejen de tener efecto los citatorios judiciales que ha iniciado la Fiscalía de Puebla contra nueve compañeros campesinos y que se suspendan de inmediato las visitas amenazadoras que realizan funcionarios de los gobiernos poblano y veracruzano en contra de los opositores a las Granjas Carroll”, establece.
Respecto a ese punto se exige que sean investigados y castigados los integrantes de toda la línea de mando responsable de los hechos materiales e intelectuales, porque hasta ahora todo parece indicar que se encuentran detenidos solo chivos expiatorios.
Asimismo, exigen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para determinar responsabilidades y promueva la sanción de los verdaderos responsables.
La segunda exigencia se basa en someter a Granjas Carroll a las normas ambientales, ya que a todas luces esta y otras empresas instaladas en la cuenca infringen la normatividad sanitaria y ambiental existente y hacen insostenible a mediano plazo el equilibrio ecológico, tal como ha quedado demostrado en diferentes foros y en muchas publicaciones expertas y denuncias sociales, afectando no solo la situación de los habitantes de la misma, sino el futuro de los bienes naturales existentes, especialmente del agua y los suelos.
Subrayaron que resulta urgente que tanto la Semarnat, como el Congreso de la Unión revisen cuidadosamente todos los vacíos de normatividad y leyes existentes bajo las cuales operan impunemente este tipo de mega procesos agroindustriales importados de Estados Unidos y China.
La tercera exigencia se relaciona con el estudio pericial a fondo y sin conflicto de interés sobres las condiciones laborales sanitarias, ambientales e hídricas sobre las cuales operan las megagranjas en Puebla y otras regiones del país.
“Sostenemos que el modelo de producción intensiva de productos cárnicos no es capaz de demostrar viabilidad ecológica, violenta los derechos laborales, depreda la naturaleza y desgarra el tejido social”, establece el documento.
Al respecto exigieron que las autoridades federales, de forma integral y pública, y con la participación de las representaciones ciudadanas de la región y las instituciones académicas que han estudiado el tema, lleven a cabo auditorías detalladas sobre el consumo de agua que beneficia a estas empresas; el consumo de fármacos y alimentos industriales (granos transgénicos, gallinaza, etcétera) empleados en la cría de animales y su presencia en los residuos de las operaciones de este tipo de centros de producción masiva.
También exigen un análisis sobre la contaminación de los suelos y la del acuífero y el agua superficial generada por sus desechos; la inequidad en el reparto del recurso hídrico y territorial en la cuenca; los privilegios fiscales y procedimentales que los gobiernos les han dado a lo largo de los años con el señuelo de la “generación de empleos”; la situación de la salud en que se encuentran los trabajadores de las megagranjas y los avecindados directos e indirectos de las mismas y la calidad fármaco-sanitaria que presentan los productos cárnicos de este tipo centros productivos.
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