Se cumplieron ayer 6 años de la represión que el gobierno encabezado por el fallecido panista, Rafael Moreno Valle Rosas, perpetró sobre el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan y en todo este tiempo lo único que las víctimas han obtenido es impunidad y humillaciones de parte del aparato oficial.
Ayer, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que solicitará que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reabra las investigaciones sobre lo sucedido el 9 de julio de 2014 en esa junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan y que su administración hará lo propio.
Hay que reconocer la decisión del mandatario, la cual contrasta con la actitud pusilánime, por decir lo menos, que ha tenido sobre el mismo caso el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, José Félix Cerezo Vélez, quien ya ha declarado su indisposición a volver a indagar sobre los hechos.
Por esa razón hay al menos dos personas que deben ser llamadas a rendir su declaración por su responsabilidad en la violencia que derivó en el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo y las lesiones a más de 100 vecinos de Chalchihuapan, varios de los cuales quedaron con secuelas permanentes de pérdida de la facultad de hablar y ver: Víctor Antonio Carrancá Bourguet y Facundo Rosas Rosas, a la sazón titulares de la entonce Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.