El presidente del Congreso local, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, acusó que la abrogación de la conocida #LeyBala que propone Rafael Moreno Valle Rosas es un “distractor” con el que pretende desviar la atención pública para que ya no se discuta el operativo de la Policía Estatal en San Bernardino Chalchihuapan del 9 de julio, que dejó un niño muerto y decenas de heridos.
Ante la petición de la administración estatal de crear una nueva normativa que regule el uso de la fuerza pública, advirtió que la sustitución de la ley no garantizará el respeto a los derechos humanos durante las protestas sociales.
El problema no es el marco normativo, sino la aplicación del mismo por parte de los cuerpos de seguridad y la incapacidad de diálogo de la administración estatal, argumentó Giorgana en una conferencia de medios que encabezó este miércoles en el palacio legislativo, donde concluyó que no existen condiciones para que el Congreso expida la nueva ley en este periodo ordinario de sesiones, que concluirá el 31 de julio.
Giorgana, quien además de encabezar la Junta de Gobierno y Coordinación Política es líder del grupo parlamentario del PRI, alertó que la estrategia de la administración morenovallista es que el Congreso redacte una nueva normativa, para que en caso de haber nuevos hechos de violencia la sociedad responsabilice a los diputados.
El problema que enfrenta actualmente el gobierno del estado, prosiguió el legislador, es que las disposiciones vigentes que regulan el uso de la fuerza pública surgieron de una iniciativa que firmó y presentó el titular del Poder Ejecutivo local.
Aunque reconoció que es necesario realizar algunas “precisiones” a la ley, aprobada el 19 de mayo pasado, descartó que ésta sea la causante de la violencia en los operativos de seguridad porque fue “matizada” por el Congreso.
“Nosotros corregimos la iniciativa que envió el gobernador, ya que esa sí contenía elementos perversos de disuasión; incluso permitían el uso de armas de fuego para repeler manifestaciones, lo cual eliminamos del proyecto”, refirió.
A su parecer, la ley vigente no necesita ser abrogada, sino corregida, para que detalle con precisión las “armas no letales” a las que pueden recurrir los cuerpos de seguridad a la hora de hacer frente a una protesta, con el fin de que no quede a interpretación de la autoridad administrativa.
Cuestionado sobre el punto de acuerdo que promovió el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, en el que acusa al gobierno estatal de ser responsable de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –quien fue herido durante el enfrentamiento de policías y pobladores en Chalchihuapan–, Giorgana expresó que los hechos demuestran la falta de pericia política de la administración.
“A este gobierno le falta mucha capacidad de dialogo, mucha capacidad de negociación. Los resultados que hoy vemos son lamentables y producto de una falta de operación política absoluta, y en ese sentido también tendría que espulgarse quién es el responsable”, enfatizó.