A menos de tres meses de que concluya la LX Legislatura local del Congreso de Puebla, las iniciativas que buscan despenalizar el aborto dentro de las 12 semanas de embarazo siguen sin reunir los votos suficientes para su aprobación, debido a que la mayoría de Morena se niega a respaldar ese proyecto que abandera a nivel nacional dicho partido de izquierda.
De los 41 diputados solo Rocío García Olmedo, del PRI, y Estefanía Rodríguez Sandoval, de Morena, han dejado claro su respaldo a la medida, al ser autoras de los distintos proyectos que se han presentado en ese sentido, incluido el último paquete de reformas al Código Penal y a la Ley Estatal de Salud.
Estefanía Rodríguez reconoció en entrevista con La Jornada de Oriente que el cabildeo es complicado porque las elecciones del 6 de junio pasado provocaron relevos en la curules, entre diputados propietarios y suplentes, que se desconoce por cuánto tiempo se mantendrán.
La ausencia de los diputados que se fueron a las campañas políticas; sin embargo, no representará un obstáculo para la dictaminación de las iniciativas, ya que la mesa directiva las turnó a dos comisiones que cuentan con quórum para sesionar, aclaró.
Ante la postura que han adoptado la mayoría de los legisladores, de no pronunciarse ni a favor ni en contra de la propuesta, Rodríguez Sandoval les sugirió consultar las conclusiones del parlamento abierto que realizó el Congreso en abril pasado para debatir el tema con la sociedad civil.
Aunque se trata de conclusiones generales, consideró que existen elementos y argumentaciones suficientes desde el ámbito de la salud y los derechos humanos, para avalar la propuesta.
De paso, respaldó el llamado que realizaron distintos colectivos feministas a fin de que el paquete de reformas sea dictaminado y sometido a votación del pleno antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el 15 de julio próximo.
La reforma al Código Penal busca retirar la sanción de cárcel al aborto que se realice dentro de las 12 semanas de gestación y agregar como excluyente de la responsabilidad penal las “causas económicas graves”.
En caso de que el embarazo se suspenda más allá de las 12 semanas, la iniciativa propone reducir de un año a seis meses el tiempo en prisión o permutarlo por 300 días de trabajo a favor de la comunidad.