Lunes, septiembre 20, 2021

Aborto

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Sí, que quede claro: estoy totalmente de acuerdo con que las mujeres tengan plenos derechos en todos los sentidos y comulgo con la enorme cantidad de demandas y luchas femeninas y asumo mi papel en la construcción de una sociedad incluyente, equitativa y justa. Incluyo en este paquete, por supuesto, el derecho que deben tener las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Es decir, estoy a favor del aborto legal. Celebro, por tanto, la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la penalización del aborto. Es, qué duda cabe, un triunfo para las mujeres en general, pero especialmente para aquellas que están organizadas y que han luchado codo a codo por años. Sin embargo, es justo decir que no todo es celebración pues esta decisión llega en un momento en que la derecha y la ultraderecha avanzan de forma sostenida en todas partes del mundo, cosa que he venido denunciando en este espacio desde hace tiempo. Se trata de un oasis en medio de la vacuidad en la que nos sumiremos si permitimos que sigan las cosas como van. No hace mucho, en diferentes partes del país, se enjuiciaba a las mujeres que abortaban por cualquier causa acusándolas del delito de “homicidio en razón de parentesco (en su modalidad de producto en gestación ¡!)” y recibían condenas de hasta 30 años de cárcel. Como reportó el portal La Silla Rota de Guanajuato, en “2006, Human Rigths Watch y el Centro Las Libres elaboraron el informe ‘Victimas por Partida Doble’, donde se documentaron los casos de niñas y mujeres a las que el Gobierno Estatal les negó los servicios de aborto seguro, gratuito y legal en todo el sector salud de la entidad. Este informe no solo visibilizó los casos de negligencia por parte de las entidades públicas al derecho al aborto en situación de violación, sino que también reveló que a las mujeres que intentaban abortar por causa de una violación, también eran víctimas de las condiciones jurídicas. (…) De acuerdo con el informe, del año 2000 hasta agosto del 2008, 130 mujeres fueron denunciadas (en su mayoría por los médicos de hospitales públicos), a once mujeres las vincularon a proceso, nueve recibieron sentencias y catorce fueron encarceladas (…) Dentro de estos mismos casos se encontraban cuatro mujeres indígenas: María Araceli Camargo Juárez, Susana Dueñas, Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón, sentenciadas por el delito de ‘homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación’”. Para que se entienda lo que acabo de compartir: este delito implica que se asesina a una persona que ya está en el mundo, esposo, esposa, hija, hijo, madre, padre, hijos e hijas adoptados. Por supuesto, aquí el asunto es la interpretación de la ley y si se piensa que un “producto en gestación” es un ser humano, bueno, pues desde ahí los ministerios que integraron las causas y los jueces que dictaron sentencia, interpretaron la ley a modo, sustentados más que en argumentos legales y científicos, en su parecer moral, seguramente religioso y patriarcal.

Como sea, más allá de ese debate, hay que decir que muchas de estas mujeres tuvieron partos prematuros, abortos espontáneos y dos de ellas habían sido violadas. Lo que sucedió en Guanajuato -y en muchos otros lugares- es que las autoridades decidieron “aleccionar” a las mujeres de sus entidades con el ejemplo de la dureza de estas sentencias, exhibiendo un pensamiento claramente patriarcal, misógino, racial y clasista.

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En efecto, cabe preguntarse cuántas de estas mujeres que terminan en la cárcel provienen de familias “bien”, con harto dinero y posibilidades no sólo para abortar en otro lugar -la ciudad de México u otro país- o para corromper a las autoridades -empezando por los piadosos médicos- para librarla. Porque en este país se aborta y se aborta mucho, dejémonos de juegos; el asunto es cómo se hace, dónde y en qué condiciones. Y como de costumbre, quienes más sufren son las mujeres, pobres e indígenas. La Suprema Corte de Justicia actuó, como bien informa el portal Poplab, periodismo y opinión pública, con base en los más altos estándares de garantías de los derechos humanos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía, a la igualdad jurídica, a la autonomía, salud y libertad reproductiva, la conclusión de la SCJN es que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar debe ser criminalizada y purgar condenas por interrumpir su embarazo, al declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila, pero que también es aplicable para el resto de las entidades donde está vigente el tipo penal como en Guanajuato”. Claro, estas notas se centran en Guanajuato, pero Puebla, tristemente tiene la misma legislación y su Congreso -con mayoría de Morena, tristemente célebre también por haberse hecho pato con la legislación en la materia, incluso después de prometer que lo harían. Un punto para destacar es que se contempla también a las personas con capacidad de gestar, lo que dota a la iniciativa discutida y aprobada por la Suprema Corte de un sentido incluyente bastante interesante. Es decir, que aquellas personas que hayan cambiado su identidad, pero que puedan gestar, y que, por alguna razón como una violación, puedan realizarlo sin problema o distingo de su identidad. Incluyente, ese es el espíritu de este fragmento y que no lo es solamente en el lenguaje.

El asunto aquí, como lo señalo al inicio de esta columna, es el conservadurismo que se refuerza de manera contundente y que tiene expresiones lo mismo inopinadas que sutiles. Por ejemplo, el escándalo suscitado por la firma del acuerdo “anticomunista” (¡CHALE!, así, con mayúsculas) entre representantes de Acción Nacional y el ultraconservador Vox de España. Claro, al ser “políticamente incorrecto” muchos panistas se han deslindado de tal acuerdo, pero es justo decir que, en su mayoría, muy en su fuero interno, están de acuerdo con muchas de las posturas de Vox, incluidas aquellas relacionadas con el aborto y el rechazo a lo que los conservadores denominan la “ideología de género”. Dejémonos de juegos de palabras, dentro de Acción Nacional anidan movimientos ultraconservadores como el Yunque y comulgan abiertamente con organizaciones “pro vida”. Ello me lleva también a la andanada de comentarios, memes y pitorreo generalizado en redes sociales a partir del caso de la chica que en plena clase exigió ser denominada “compañere” pues su identidad no es femenina. Aquí, los que defienden el lenguaje escudándose en lo que sea, incluida la RAE, navegan peligrosamente por aguas conservadoras. Como bien señaló un colega recientemente, el historiador Rafael Flores Hernández “La lengua es una evolución constante, se construye socialmente. Me dedico a estudiar documentos de tiempos pasados, ya sea en español o algún idioma maya, y puedo notar los cambios en la lengua a través del paso del tiempo. Ciertamente une sole adolescente no va a cambiar la lengua, pero si su generación es susceptible a ese cambio, a pesar de lo que digan los puristas del lenguaje, este cambio va a ocurrir; así ha sido siempre y así será: así se formó el idioma chilango, que es mi lengua materna. Y una institución conservadora, trasnochada, colonialista, como la RAE tampoco va a decir cómo debemos hablar. (…) El debate, entonces, no es sobre el uso del idioma, éste es muestra del contexto que la produce. El debate, en realidad, es sobre un sector que no era visibilizado socialmente y eso se expresaba en el idioma. El odio al cambio en el lenguaje (por qué no se quejan del cambio que significa insertar en el idioma la palabra “chatear”, por ejemplo) es en realidad un odio a reconocer la diversidad sexual”. Por supuesto, es un odio centrado en la homofobia y la misoginia más ramplonas, productos nefastos del patriarcado colonial en que vivimos. También como agudamente comentó hace días una activista yucateca, Rosa Cruz Pech en un tuiter: “Compañeres, ustedes no odian la reconstrucción del lenguaje, en este caso del ‘el/ ella/ elle’. Ustedes odian que se esté reconstruyendo para el reconocimiento de la diversidad sexual. (…) Aceptan el ‘cruzazulear’, ‘trolear’ y demás palabras nuevas. Es sólo su LGBT+fóbia y machismo”. Por tanto, reitero que el hecho de que la Suprema contemple a las “personas con capacidad de gestar” representa un avance importantísimo. Afirmo contundentemente, derivado de las investigaciones que realizo -sustentado en la semiótica de la cultura-, que las sociedades y las culturas del mundo cambian constantemente en una adaptación al presente que les tocó vivir. En ese movimiento, hay un vaivén interesante entre lo que cambia, lo que permanece y lo que desaparece y después regresa. Sin embargo, pese a que entiendo que existen espacios que se endurecen ante estos cambios y que han de existir esas resistencias para que los avances puedan verse con mayor contundencia, no deja de parecerme incómodo y peligroso este renovado avance del conservadurismo ramplón. Como sea, es tiempo de celebrar, pero de reconocer, como ya lo están haciendo muchas de las organizaciones feministas, que falta mucho por hacer y que la sombra del conservadurismo se cierne, latente, oscura, amenazante…

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