Lunes, julio 15, 2024

Abogados laboristas buscan diálogo con el gobierno federal para reabrir la JFCA; presionan con el cierre de la 31 Poniente

En la oficina de Presidencia ya les recibieron la petición formal

Abogados laboristas piden una mesa de diálogo con el gobierno federal, con la finalidad de que se reabra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Una comisión de defensores se encuentra este día en la Ciudad de México para entregar la petición formal a la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la primera ya les recibieron el documento.  

En caso de que persista el cierre y la negativa de las autoridades a entablar pláticas, además de tramitar amparos y recurrir al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, se presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó el abogado Leiversein Martínez.

Los especialistas en Derecho mantienen un plantón frente a las instalaciones de la JFCA, pero además, junto con la CTM retomaron el cierre de la 31 Poniente, a la altura de la 29 y 27 sur, en ambos sentidos.

 

Señalan que al publicar el decreto el 17 de junio pasado, mismo que ordena el cierre de la institución en Puebla, se niega a los trabajadores el derecho a la justicia pronta, expedita y próxima geográficamente.

Hasta las instalaciones de la Junta, en una silla de ruedas empujada por su esposa, arribó José Antonio Hernández Sánchez, quien desde hace seis años está gestionando su pensión por invalidez.

Para él, ir hasta a Oaxaca o Tlaxcala para dar seguimiento a su caso no es opción, toda vez que al no contar con sus extremidades inferiores es prácticamente imposible que pudiera trasladarse solo hasta alguna de esas entidades, por lo que requeriría de la ayuda de su pareja, lo que implicaría el doble de gastos, lo cual tampoco puede solventar.

 

Otro caso es el de Alejandro Mena Vicencio, cuya hija fue víctima de feminicidio hace una década y a la fecha no ha podido obtener una pensión.

“Asesinaron a mi hija, entonces nosotros estamos pidiendo una pensión de ascendencia, ya llevamos 10 años con eso y no ha habido nada, está por resolverse, pero eso de ir a Oaxaca, nada más no lo considero viable y ¿Y si llegamos allá y nos salen con los mismo?”.

Él no ve posibilidad alguna de seguir con la gestión si es que llegan a mandar su expediente a Oaxaca o Tlaxcala.

Rafael Ábrego perdió la visión de su ojo derecho y tampoco ha logrado su pensión; cree complicado lograrlo si es que sus documentos salen de Puebla.

Por si no fuera suficiente, expuso que por su edad y discapacidad ya no le dan trabajo: “Ya estaba en lo último para mi liquidación, pero ahorita con este problema (del cierre) me dicen que en tres, que en cinco meses, el otro año se puede terminar esto”, expresó con desaliento.

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