Integrantes del Consejo de Abogacía Catalana y del Grupo de Abogacía Joven de Barcelona condenaron el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, quien también contaba con la nacionalidad española, y exigieron a las autoridades mexicanas el esclarecimiento del crimen y castigo a los responsables.
Los pronunciamientos fueron hechos este martes a través de las cuentas de twitter de esas agrupaciones de juristas.
Monzón fue ultimada la mañana del sábado por sujetos armados, quienes después de perseguirla en una motocicleta le dispararon en seis ocasiones mientras ella conducía su camioneta particular sobre el Camino Real a Cholula, a la altura del Periférico Ecológico.
Las agrupaciones demandaron al gobierno de México que se ubique a los responsables del asesinato y que se esclarezcan las causas por las que terminaron con la vida de la activista, dedicada principalmente a defender a mujeres violentadas.
En su pronunciamiento, el Grupo de Abogacía Joven de Barcelona se pronunció porque las autoridades de la Embajada de España en México soliciten a la Fiscalía General del Estado (FGE) información sobre los avances en la investigación del caso dado que Monzón Pérez también era ciudadana española.
“Pedimos a las autoridades diplomáticas españolas en México, para que insten a la Fiscalía General del Estado de Puebla información sobre el caso, puesto que la compañera asesinada era ciudadana española”, se indica en un tuit.
El Grupo indicó que Monzón fue víctima de persecución por la labor de defensa que realizó por los derechos de mujeres que habían sido víctima de violencia.
“Desde nuestro colectivo denunciamos la persecución de compañeros y compañeras en distintos lugares del mundo, como consecuencia de la lucha diaria por los derechos civiles y en defensa de la justicia”, señaló.
En tanto, el Consejo de Abogacía Catalana pidió a las autoridades mexicanas garantías para la labor que realizan los abogados así como mecanismos para terminar con la persecución de la que algunos juristas son objeto.
“(…) exhorta a las autoridades mexicanas a que acometan todas las acciones que sean necesarias para acabar con esta situación de desprotección de los abogados y abogada a la hora de ejercer la defensa de las personas. Al mismo tiempo, insta a la comunidad internacional a destacar observaciones internacionales sobre el terreno para comprobar que se dan las mínimas condiciones de seguridad para los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su profesión”, se indica en el comunicado.