Los organismos de defensa de los derechos humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) que participaban del proceso de designación de la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla, informaron la tarde de hoy su salida del mismo, “ante la clara falta de perfiles idóneos y planes de trabajo adecuados, y no habiendo condiciones para continuar”.
De esta manera, la Secretaría de Gobernación estatal sufre un revés en la renovación del organismo oficial, que desde su fundación, el 20 de junio de 2019, ha sido severamente cuestionada por colectivos de familiares buscadores y organizaciones especializadas en el acompañamiento y defensa de los derechos humanos.
Este martes, a las 10 de la mañana en el zócalo de la ciudad de Puebla, el colectivo la Voz de los Desaparecidos en Puebla ha convocado a una rueda de medios en la que seguramente se abordará el tema del abandono al proceso por parte del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Cátedra Jurídica Minerva Calderón, y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, todos organismos de la casa de estudios jesuita.
Ha trascendido que la Voz de los Desaparecidos en Puebla participó solo hasta la tercera sesión del proceso.
La noticia sobre la declinación de los organismos de la Universidad Iberoamericana Puebla fue dada a conocer en un comunicado que se transcribe, en sus partes esenciales, continuación:
“El pasado 23 de agosto, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla decidimos tomar distancia del proceso de designación de la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla.
“Los tres espacios académicos de esta Casa de Estudios agradecemos la invitación que recibimos para ser parte del Comité Evaluador y las atenciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instancia responsable de la evaluación de los perfiles y la realización de las entrevistas.
“Si bien el proceso careció en todo momento de la máxima publicidad, aceptamos la invitación en congruencia con la trayectoria de la Universidad en la promoción, defensa y acompañamiento frente a la desaparición de personas, por la relevancia del proceso y por nuestro interés en acompañar una decisión tan importante con base en la apertura y la receptividad mostrada por la Subsecretaría. En tal sentido, no solo conocimos los perfiles de las personas que atendieron la convocatoria, sino que en el seno del Comité Evaluador del que formamos parte junto a otras instituciones, colectivos y organizaciones, colaboramos sustantivamente en la definición de la batería de preguntas para los perfiles finalistas, así como en la elaboración de un instrumento técnico de evaluación integral, no solo de las entrevistas sino también de la documentación entregada por las personas aspirantes, particularmente su currículum vitae y su plan de trabajo.
“A lo largo de las tres sesiones en las que participamos-16, 21 y 23 de agosto-, señalamos las deficiencias de la convocatoria y, puntualmente, el plazo tan breve que la misma ofreció para recibir y garantizar la pluralidad en las postulaciones, lo que llevó a una selección de perfiles que, una vez revisados a profundidad en la última sesión, no cumplen, desde nuestra perspectiva, con los requisitos establecidos en la convocatoria para aspirar a la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla, así como con el criterio de idoneidad que la ley establece y se requiere para hacer frente, con altura, seriedad y profesionalismo, a la grave crisis de la desaparición de personas y al dolor que esta entraña, colocando en el centro a las familias.
“Por lo anterior, ante la clara falta de perfiles idóneos y planes de trabajo adecuados, y no habiendo condiciones para continuar con el proceso según los términos de la convocatoria, tomamos la decisión de no participar en las entrevistas que tuvieron verificativo el 23 de agosto por la tarde-noche.
“Creemos firmemente que la calidad y, con ello, la legitimidad de estos procesos de designación es resultado de su máxima publicidad, de la participación ciudadana que propician, de la deliberación conjunta que permiten y de la existencia de mecanismos de rendición de cuentas; por todo ello, es nuestro deber dar razón de los motivos de nuestra decisión”.