El Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María Coapan denunció que a un año cinco meses de que fue clausurado el relleno sanitario de Tehuacán, las autoridades no sólo no han realizado labores de limpieza en los terrenos, sino que han ejecutado acciones de simulación qué contaminan más el subsuelo, como cavar hoyos para enterrar los desechos sin ninguna medida de mitigación.
En un comunicado, la organización reveló que la evidencia gráfica de esas excavaciones fue ya aportada a un juicio de amparo indirecto.
Asimismo, el comité, representante de la comunidad indígena náhuatl, reiteró sus demandas al ayuntamiento de Tehuacán, encabezado por Alejandro Barroso Chávez, para cumplir con las medidas correctivas dictadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respecto al relleno sanitario municipal, clausurado de forma definitiva desde junio de 2023.
Entre las exigencias principales destacan: retirar los residuos peligrosos e industriales hacia centros de confinamiento autorizados fuera del territorio, realizar un estudio de daño ambiental que permita identificar acciones de reparación y compensación, además de monitorear trimestralmente los cuerpos de agua cercanos, afectados por lixiviados que se filtran hacia acuíferos y manantiales en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, declarada Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco.
El comité denunció que la administración anterior, presidida por Pedro Tepole Hernández, simuló acciones de remediación y que la actual no ha retirado las 3.7 millones de toneladas de residuos acumuladas. Fotografías presentadas como prueba en el juicio de amparo 1167/2022 documentan que la basura sigue enterrada en el sitio.
La contaminación ya afecta flora y fauna endémica, como patas de elefante y mezquites, además de extenderse a comunidades vecinas como Altepexi y San Gabriel Chilac, advirtieron. Santa María Coapan subrayó que no se trata de demandas aisladas, sino del derecho colectivo de los pueblos originarios a un medio ambiente sano y al respeto de su territorio.
Finalmente, exigieron coherencia en las acciones municipales bajo el lema “Sanemos Tehuacán” y un cese al discurso racista que invisibiliza su identidad como pueblo náhuatl.
El Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia destacó las afectaciones ambientales y de salud derivadas de 31 años de operación del basurero ubicado en su territorio.
La Profepa notificó al ayuntamiento la clausura definitiva del sitio debido a irregularidades como la disposición inadecuada de residuos peligrosos y sólidos urbanos. Asimismo, el Juzgado Segundo de Distrito dictó una sentencia de amparo que obliga al gobierno municipal a ejecutar la remediación ambiental, acciones aún incumplidas según el Comité.