A seis años de los terremotos de 2017. Cumplir a toda costa: imprudencias, riesgos y dispendio

A Gerardo por su comprensión

Llegamos el sexto aniversario de los sismos de septiembre de 2017, con la carga a cuestas de un innegable rezago en el resarcimiento de daños al patrimonio y además una problemática compleja, sobre todo en Puebla. Sin embargo, a partir de los convenios signados el 5 de junio último entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura Federal (SCF) con gobiernos estatales (cultura.gob.mx), se han reasignado los recursos y ha surgido la oportunidad para que en los inmuebles pendientes de reparación se inicien trabajos o se concluyan los iniciados y con ello las comunidades recuperen su patrimonio. Pero la condición de concluir estas obras en diciembre además de otras circunstancias, hacen dudar que se trate de una oportunidad real para numerosos templos. Comentamos aquí algunos pormenores que en Puebla acompañan y repercuten en esta nueva fase de intervenciones al patrimonio dañado.

Según declaraciones de los directivos del INAH y de la SCF, en Puebla los inmuebles afectados por el terremoto del 19 de septiembre fueron 621, aunque recientemente esa cifra aumentó a 781. Sin explicaciones se han sumado 160 casos. Con respecto a los inmuebles que falta por rehabilitar, hasta hace poco mencionaban 220, a partir de mayo esa cifra pasó a ser de 187. No hay certeza de la cantidad real de los templos terminados y los pendientes sin una relación fidedigna y detallada.

La publicación de los convenios en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 21 de junio pasado, no así del acuerdo marco, exponen que el gobierno del estado de Puebla (GOBP), se hará cargo de la contratación y seguimiento de 154 obras, en su mayoría templos,137 del INAH y 17 del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR). Por su parte, el INAH ha declarado que, junto con la SCF, se queda con la responsabilidad de los restantes 33 inmuebles, sin embargo, el instituto no ha hecho público de cuales bienes se trata. Lo revelan a cuentagotas en las licitaciones.

La relación de templos incluida en los documentos permite saber de qué inmuebles se trata, cuáles son los montos para cada uno de ellos y en qué municipio se ubican. Sin embargo, surgen confusiones al no especificar la localidad. Por ejemplo, en el municipio de Chiautla, el número 95 corresponde al templo de San Juan, pero en esta jurisdicción hay dos templos con ese nombre: uno en Pilcaya y el otro en San Juan del Río. El primero se rehabilitó de 2018 a 2019 y el segundo tiene una torre por consolidar: ¿De cuál se trata entonces? Y en similares circunstancias están los números 94 y 119.

Sorprende, por decir lo menos, que en esa relación se incorporen templos ya intervenidos, mediante el seguro que el INAH contrato con Banorte y que están en uso desde hace más de tres años. Y si bien esos inmuebles quedaron con algunos pendientes, entre ellos los bienes muebles, ya que no recibieron el total del monto conciliado, solo del 50% al 80%, debido al supuesto agotamiento de la prima, en varios casos las comunidades mismas los han resuelto, asumiendo esos gastos.

Lo que salta a la vista de los presupuestos que les asignaron a templos ya intervenidos y en uso desde 2019, es que pareciera como si estuvieran por iniciarse o con muchos pendientes. Algunas muestras de ello son los conjuntos de San Miguel Arcángel y de Tlanichiautla, en Chiautla de Tapia, de La Asunción en Tlancualpicán, Chiautla, de San Juan Bautista en Pilcaya, Chiautla, de San Juan Bautista en Xicotlán y de San Pedro en Ocotlán, Chila de la Sal.

Tomando como base el monto acordado con el seguro (http://igavim.org/DocumentosDG.html), se tiene que, en esta segunda ocasión, San Miguel Arcángel recibiría 390.5%, Tlanichiautla 404.59%, Pilcaya 62.7% y Tlancualpicán 94.3 % del importe de hace cuatro años. Aún con el alza de precios ninguno de esos templos requiere esas cantidades. Además, el templo de Tlanichiautla, en 2020 recibió $1,162,042.62 pesos por parte del PNR para llevar a cabo la consolidación y refuerzo del muro absidal y sus contrafuertes, lo cual se realizó hasta 2021 (cultura.gob.mx). La aplicación de oro de hoja en molduras y motivos ornamentales interiores, la solventaron los vecinos del barrio.

Lo expuesto en los párrafos anteriores indica que el CINAHP no le entregó al GOBP la información correcta y completa. ¿Acaso tal delegación, a seis años de estar a cargo del resarcimiento de daños, no tiene una base de datos confiable, ni integrados los expedientes? Existe esa posibilidad por el desorden que ha predominado en el Instituto y en especial en el CINAHP con respecto a los asuntos del sismo de 2017. Y la respalda que en la Secretaría de Infraestructura (INFRA) del GOBP, continúen completando documentación para licitar las obras. Pero esos importes también muestran que el GOBP definió o aceptó presupuestos, sin el conocimiento de la situación real de cada inmueble.

A pesar de la incongruencia de los montos referidos, el GOBP está llevando a cabo la contratación de obra en templos ya intervenidos. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, quien quizás no recibió la información correcta acerca de las obras encomendadas, en su visita del 30 de agosto último a Chiautla de Tapia, anunció que en tal municipio se restaurarían: San Miguel, Tlanichiautla, La Asunción (Tlancualpicán), San Juan Bautista en Pilcaya y Santiago Apóstol en Centeocala (es el único que no se ha trabajado), con una inversión mayor a los 25 millones de pesos. (mtpnoticias.com)  (elciudadano.com).

Además, el 22 de septiembre último se formalizó el contrato OP/IF3016/SA/SI-2023-R0095 con Ingeniería NUBA S.A. de C.V. por un monto de $5,697,814.64, para el templo de San Juan Bautista en Pilcaya, Chiautla, sin necesitar ese inmueble de tal cantidad. Y el 18 de octubre Compranet difundió convocatorias para licitar la obra del templo de San Miguel en Chiautla de Tapia, así como para el templo de La Asunción, en la localidad de Tlancualpicán, ambos en el municipio de Chiautla. A la vez se publicó la convocatoria para la obra en el templo de San Juan Bautista en Xicotlán.

Sobre el manejo de los recursos que se asignaron sin justificación, la indicación dada a un constructor que pidió guardar el anonimato fue “hagan mejoras”. Pareciera que esa será una manera en la que el GOBP resolverá el exceso de fondos públicos bajo su responsabilidad para algunos templos. Similares indicaciones nos dieron a los supervisores del CINAHP, entre los años 2017 y 2018 los directivos del INAH a cargo del “programa sismo”, aunque en forma verbal, sin oficios de por medio; hoy en día evaden esa responsabilidad. Muchos constructores ahora enfrentan problemas para comprobar los montos que ejercieron, ya que no se aceptan trabajos que no tuvieron que ver con daños por sismo, aun cuando se les recomendó hacerlos, para favorecer la conservación del bien cultural. Pero quizá INFRA ya tenga previsto como afrontar esa situación.

También sobre el manejo que tendrían los recursos en demasía asignados, según algunos miembros de comités de templos ya intervenidos, les visitaron funcionarios y empresas durante mayo y junio últimos, para informarles que pronto se iniciarían los trabajos. Ante su sorpresa les aclararon que esta vez se harían mejor las cosas. Las “mejoras” por lo visto incluyen asimismo repetir acciones realizadas durante 2018 y 2019. Lo confirma la reciente difusión de algunos catálogos de obra.

En contraste con lo anterior se desprotege de fondos a inmuebles con daños estructurales graves, como el de Santiago Apóstol en Atzala, donde ocurrió la terrible tragedia en la que fallecieron 12 personas, aplastados por los escombros, pues no obstante que su bóveda y torre se vinieron abajo, el presupuesto asignado en el convenio con el GOBP es de $6, 308,146.00 pesos M.N, sin iva.

Y el templo de Santiago Apóstol o de Jesús de Nazareth en Albino Zertuche, a pesar de que tiene los muros y bóvedas del transepto y presbiterio fracturados, el CINAHP contrató su intervención por $2, 992,964.65 pesos M.N. sin iva, equivalente al 21.6% del monto conciliado con la aseguradora en 2017: $13,828,952.11 pesos M.N. Y así varios casos más. El recurso para todos ellos es insuficiente, a menos que se programen fondos adicionales. Esa circunstancia no la registra el convenio, a pesar de que asegura en su cláusula decima séptima la transparencia de todo lo concerniente a las obras.

En medios de comunicación los directivos del INAH y SCF han estado declarando, desde hace varios meses, que los trabajos de lo que falta por restaurar de patrimonio afectado en la entidad, iniciarían en junio y concluirían en diciembre de 2023. La razón que aducen es que: “hay que cumplirle al Presidente”. Sin embargo, apenas en junio el INAH comenzó con la difusión en Compranet de las convocatorias para proyectos y obras en Puebla, que declaró desiertas y a partir de julio contrató por asignación directa (AD). Mientras tanto el GOBP inició con la difusión de convocatorias a fines de julio y contrató la primera obra el 8 de agosto. Se trata del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en Izúcar de Matamoros, asignado por AD a Conservación y Mantenimiento de Espacio S.A. DE C.V. por un monto (sin impuestos) de $51,996,199.07 pesos. La misma firma, como lo señaló la revista Proceso en septiembre, consiguió el primer paquete de obras que incluyen el templo de Santa Ana en Necoxtla, Cohuecan y el de Jesús Nazareno en Epatlán, por un monto (sin impuestos) de $16, 587, 819.36 pesos.

Sobre las contrataciones, todas las del GOBP van en paquete de dos a 12 obras, son por invitación a cuando menos tres personas (ITP), exceptuando Santo Domingo de Guzmán y son a precio alzado, es decir un importe que las partes fijan para llevar a cabo los trabajos en un plazo determinado. Al finalizar agosto el GOBP llevaba contratadas 14 obras (9% del total de 154) y para mediados de septiembre, a tres meses y medio de concluir el año, el avance era de 32 obras (20.8%), en 10 paquetes. Es decir 122 casos estaban sin contratar (79.2%). Un panorama nada alentador para resarcir daños por sismo en inmuebles patrimoniales: 39 con daños severos, 62 con moderados y 53 con menores, según datos de los directivos de la SCF y del GOBP (lajornadadeoriente.com.mx).

La situación mejoró en la tercera semana de septiembre al registrarse 75 obras contratadas, es decir el 48.7% del total de 154. Y un mes después, se reportaron seis contratos más, sumando un total de 81 inmuebles por intervenir. Compranet recién difundió 21 casos más en proceso de licitación, que una vez resueltos sumarían 102, equivalentes al 66% de obras a realizarse por parte del GOBP al iniciar noviembre.

Sin embargo, justo el 25 de septiembre, Javier Aquino Limón, Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, durante el acto público realizado frente al templo de San Francisco de Asís en Xochiteopan, municipio de Atzizihuacán, afirmó que habían contratado ya 123 obras y 31 estaban en proceso de licitación (imagenpoblana.com). Es probable que el secretario no recibiera la información correcta.

El INAH por su parte avanzó durante el mes de agosto en la contratación por AD de poco más de una decena de obras, de las 33 que conservó. Aunque difundió esas contrataciones en Compranet a partir de mediados de septiembre. Y a fines de dicho mes asignó, por AD también, los proyectos ejecutivos para cinco inmuebles con daños severos y moderados: Santiago Apóstol en Atzala, San Antonio de Padua en Cuayuca y San Francisco de Asís en Tzompahuacán, Chietla, Santiago Caballero en Chila de la Sal, y el Señor de la Salud en Puebla (hacienda.gob.mx), (hacienda.gob.mx).

El rezago en la contratación de obras y proyectos afecta el tiempo del que disponen todo tipo de bienes patrimoniales por rehabilitar, pero repercute en mayor medida en los inmuebles con daños estructurales severos porque precisan de un plazo mayor para ser intervenidos en forma adecuada. La situación es aún más difícil para los casos que no cuentan con proyecto ejecutivo, a pesar de los seis años transcurridos y el argumento de que se realizaban estudios minuciosos. Los inmuebles mencionados en el párrafo anterior son ejemplo de ello. El INAH contrató la realización de esos proyectos hace poco y el plazo para llevarlos a cabo es del 27 de septiembre al 26 de octubre. Por lo tanto, la ejecución de las obras respectivas las deberá realizar el GOBP en 60 días.

No hay justificación para el tardío inicio de la contratación de obras por parte del GOBP y el INAH, aunque lo explica el inexistente o deficiente armado de expedientes por parte del CINAHP. Tal colaboración se viene fraguando desde hace tiempo. El 12 de octubre de 2022, por ejemplo, Diego Prieto mencionó en entrevista el compromiso de concluir para 2023 más del 95 por ciento de los bienes patrimoniales dañados. Agregó que para lograrlo era necesario que los recursos se estuviesen aplicando desde los primeros meses del año, sin embargo, no ocurrió así. En 2023 los directivos comenzaron a difundir que las obras iniciarían en junio y tampoco se cumplió. (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/2023-inah-atendera-800-inmuebles-afectados-sismos-prieto/)

De haber comenzado los trabajos en los primeros meses de 2023, como se dijo, los bienes inmuebles y muebles con daños moderados habrían tenido un lapso mayor de tiempo para llevar a cabo una intervención que no expusiera la calidad de los trabajos. Pero el tiempo tan breve de que disponen los constructores está generando vicios y riesgos. Por lo cual, los recursos públicos destinados en esta segunda ocasión a revertir la situación en la que se encuentra buena parte del patrimonio dañado, a seis años de ocurridos los sismos de 2017, podrían derivar en un dispendio al no lograr ese cometido.

Para “no fallarle al presidente” una vez contratadas las obras, los trabajos debieron iniciarse de inmediato, pero no es así. La terminación tan solo de los casos con daños menores requiere que se cuente con suficiente personal y diestro en el manejo de los materiales y procedimientos constructivos empleados, pero tampoco es así. En recorridos efectuados en la Mixteca, se constató que, no obstante haber ya contratos, están iniciando con dos o más semanas de atraso y en casos extremos aún no inician. Ejemplo de ello son el templo de Santa María de la Concepción y Santa Mónica, en Cohetzala, el de San Juan Bautista en Pilcaya y los del municipio de Jolalpan.

El INAH adjudicó Santa María a Conservación y Mantenimiento de Espacio, S.A. de C.V. el 4 de septiembre de 2023, la obra inició dos semanas después. Santa Mónica la asignó INFRA el 14 de septiembre a la empresa R&C, S.A. de C.V. a un mes de ello aun no iniciaba. Tampoco comienzan los trabajos en el templo de San Juan Bautista, en Pilcaya, Chiautla, no obstante que se contrató hace más de 25 días con Ingeniería Nuba S.A. de C.V. Pero el caso extremo es el templo de Santiago Jacob, en Mitepec, Jolalpan, adjudicado por el INAH a Rovic Construcciones S.A. de C.V. ya que debió iniciar a mediados de agosto y lo hizo hasta la segunda semana de octubre.

Si en esta muestra de siete casos, dos no han iniciado y los cinco restantes comenzaron con retraso, se infiere que de las 81 obras contratadas al 25 de octubre por INFRA (52.6% del total), una cantidad significativa de estas podría no haber iniciado aún y varias más lo hicieron tardíamente. Lo cual es un indicio de que existen dificultades para cumplir con el compromiso de terminar los trabajos en diciembre.

La mano de obra es otro factor que posiblemente esté influyendo en retrasar el comienzo de los trabajos. Un aspecto que no se consideró en la planeación de esta etapa de intervenciones es el relativo a los usos y costumbres de las comunidades. Octubre y noviembre es temporada de cosechas por lo cual muchas personas de los pueblos no se ocupan en otros trabajos. Las dificultades que enfrentan algunas constructoras para conseguir mano de obra local también exhiben el trato brindado a los trabajadores: largas jornadas, riesgos muy altos, falta de seguridad en el trabajo y sin seguro médico, así como un salario que no responde a esas condiciones. En comunidades de pocos habitantes las condiciones laborales desfavorables se difunden rápidamente.

Por otra parte, difícilmente una constructora tiene el suficiente personal capacitado para atender una obra y menos tres o cuatro a la vez. Por lo general llegan a la comunidad con un maestro albañil con cierta experiencia en la intervención de inmuebles patrimoniales y proceden a contratar a trabajadores locales. Si bien esto representa una oportunidad de empleo para la población, ese personal requiere de capacitación la cual se brinda en la obra. Pero adquirir la destreza necesaria en el costurado o inyección de grietas, por ejemplo, lleva por lo menos un par de meses y el corto lapso acordado para concluir la obra no favorece el aprendizaje. Algunos constructores han optado por traer consigo a trabajadores foráneos que tampoco tienen experiencia en la intervención del patrimonio, aunque se les exige avanzar en tareas en las cuales son neófitos. Es un hecho que la falta de personal con experiencia repercutirá en la calidad de los trabajos y en la respuesta del inmueble ante un nuevo sismo de consideración.

En la Mixteca en 2018 se prestó especial atención en instruir a los trabajadores de varias obras. Se les capacitó en diversas labores propias del ramo y llegaron a ser diestros en todo ello. Ese personal llegó a constituir un patrimonio, forjado en el contexto de la emergencia, que era vital cuidar y arraigar en sus pueblos. Sin embargo, hoy en día es un patrimonio perdido ya que, ante la suspensión de las obras en 2019, se dispersó. Muchos emigraron a los Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades, cuando podrían estar encabezando cuadrillas de trabajo en algunas obras.

La supervisión y la residencia de las obras es otro factor por demás preocupante en la Mixteca y otras zonas, por la frecuente ausencia en sitio de un profesional con experiencia en el ramo de la restauración por parte de la empresa, así como también es notoria la falta de control por parte de la supervisión de INFRA e INAH al respecto de cómo se están realizando los trabajos en varios lugares. Dos ejemplos bastan:

En Santa María de la Concepción Cohetzala, un templo con cuantiosos daños estructurales severos, el 8 de octubre se halló al personal retirando en el exterior elementos colapsados, que no son producto de los sismos de 2017 sino de eventos anteriores. Otros liberaban materiales en el riesgoso sector del muro testero y en el interior, sin el adecuado apuntalamiento, ni equipo, ni medidas mínimas de protección.

En Mitepec: “¡Párale güey, Alejandro dice que se puede coser!” Le gritaba el encargado, la mañana del jueves 19 de octubre, a uno de los albañiles encaramados en lo más alto de una insegura torre de andamios con más de 20 m de altura. Maniobraba a golpe de maceta en el cupulín de la fracturada y riesgosa torre campanario, del templo de Santiago Jacob, en Mitepec, Jolalpan. El oficial había retirado ya una parte del aseguramiento metálico en el último cuerpo de la torre, quizá por eso mientras golpeaba, tuve la sensación que la torre se movía. Antes de los gritos del maestro, se escuchó la caída estruendosa de material. El resto de trabajadores se afanaban en retirar en el interior el apuntalamiento de madera que la Fundación Jenkins donó en 2018.

De vuelta al caso de Santa María, Cohetzala, al oriente de su extenso atrio, corre un talud de poco más de 30 m de altura y 70 de desarrollo. El templo se ubica próximo a la cima del talud. Resultaron con afectaciones a causa del sismo no solo el inmueble sino también el terreno. El doctor Efraín Ovando y Shelley (investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM), visitó el sitio el 21 de marzo de 2019 acompañado de los doctores Fernando Peña Mondragón y Marcos Mauricio Chaves Cano (investigadores de ese instituto). A partir de la inspección del lugar y la revisión de algunos estudios el Dr. Ovando concluyó que los agrietamientos en el talud y piso de la capilla abierta, son “…evidencias de que hubo desplazamientos laterales hacia el talud…”  y que este: “…se encuentra técnicamente en un estado de falla o bien en una condición límite de estabilidad. Se recomendó realizar estudios urgentes para valorar la estabilidad del talud y los efectos de eventuales deslizamientos, para definir medidas que lo estabilicen, sobre todo en caso de llevar a cabo la rehabilitación del templo. Se entregaron al INAH las notas técnicas de los mencionados investigadores. Sin embargo, en ninguno de los 68 planos subidos a Compranet en el procedimiento respectivo, se registran acciones para atender la condición del suelo y talud en el atrio de Santa María. Y en un exceso de negligencia, se han iniciado trabajos en el templo ignorando el problema de fondo.

El INAH adjudicó por AD la obra de Santa María de la Concepción, Cohetzala, a Mantenimiento y Espacio S.A. de C.V. mediante el contrato INAH OP RDTSMC 021-1P/2023 – AD, pero la ejecuta Construcciones Terrestres S.A. DE C.V. Lo mismo sucede con el templo de Santiago Jacob, de Mitepec. El INAH adjudicó por AD esa obra a la firma Rovic Construcciones S.A. de C.V. INAH OP ADTSVJ 028-1T/2023 – AD, pero el personal es de M&P Constructores S.A. de C.V. No son los únicos casos en donde los constructores efectúan ese tipo de ajustes entre sí. El CINAHP debe explicar por qué lo permite.

Con respecto a los materiales utilizados, en varios sitios se está procediendo a preparar los morteros empleando cal a solo unos días de haberse apagado, contraviniendo la especificación de emplear cal añeja. Además, hay datos de que en ciertas obras la cal es de dudosa calidad y eso sin duda afectará la calidad de los morteros. Y también tendrá consecuencias el que algunos constructores, sin compromiso con el patrimonio, estén incorporando a las mezclas aditivos químicos para subsanar el uso de cal con tan poco tiempo de hidratación. Es urgente que se revise la calidad y tipo de los materiales y procedimientos constructivos que se están empleando en los trabajos y eso es tarea de la supervisión tanto del CINAHP como de INFRA.

Por otra parte, las obras del actual programa de intervenciones en su mayoría constituyen solo una primera etapa de los trabajos por hacer lo cual registran las convocatorias y actas de fallo difundidas en Compranet. Mientras tanto se ha estado anunciando en medios que la restauración de todo el patrimonio afectado concluirá en diciembre de 2023. Ante la confusa información al respecto surgen preguntas: ¿Cuál es el alcance real de los trabajos que pretenden entregarse en diciembre? ¿Se podrán usar los inmuebles después de que finalice la primera etapa? ¿Cuántas etapas más se tienen contempladas en cada inmueble?, ¿Cuándo se llevarán a cabo? Es importante que las comunidades reciban información fidedigna sobre todo esto, para no crear falsas expectativas ni surjan desavenencias con el tejido social.

Javier Aquino Limón secretario de gobierno de Puebla, en el acto público frente al templo de San Francisco de Asís en Xochiteopan, Atzitzihuacán, explicó en qué consistiría la primera etapa para ese inmueble: “…se harán trabajos de limpieza y clasificación de elementos colapsados, protección de bienes muebles e inmuebles, apuntalamientos, consolidación, trabajos de integraciones en muros y testeros, así como restauración de cúpulas y bóvedas, de la torre y el campanario.”(lajornadadeoriente.com.mx). ¿Todo a realizarse en tres meses en un inmueble con daños severos? Es decir muros fracturados y parcialmente derrumbados, sin cubiertas a causa del terremoto, entre otros daños. Sin embargo, el funcionario no dijo si se podrá usar el templo una vez concluida la etapa en curso, ni cuantas más están por venir, ni cuándo.

En fecha reciente el INAH difundió algunas convocatorias para concursar por ITP la segunda etapa de trabajos para algunos templos. Entre ellos se encuentran los inmuebles de Jesús de Nazareth en Albino Zertuche y el de Santiago Jacob, en la localidad de Mitepec, municipio de Jolalpan. Habrá más recursos para ambos inmuebles, sobre todo el de Acaxtlahuacán, que resultó muy averiado y le asignaron un presupuesto tan reducido. Pero inquieta el empalme con la etapa actual, que aún no concluye y que acortó aún más el plazo establecido debido al tardío inicio de actividades, en el primer caso fue por dos semanas y en el segundo de casi dos meses. Queda en la responsabilidad de los órganos fiscalizadores revisar si esa fragmentación del presupuesto para los inmuebles no viola alguna disposición legal.

Por lo que toca a los proyectos integrales, en la actual fase incluyen tanto el proyecto ejecutivo, como el conjunto de acciones necesarias para la correcta intervención del bien patrimonial. Todas las obras que ha publicado INFRA en Compranet, se han contratado por proyecto integral y a precio alzado, es decir un importe que a juicio de las partes se fija para llevar a cabo los trabajos en un determinado plazo. El catálogo de obra incluido en los anexos de las 81 obras contratadas por el GOBP hasta finales de octubre, considera el proyecto ejecutivo, entre otras acciones. Haber optado INFRA por ello es indicio de que el CINAHP no entregó todos los proyectos o lo hizo, pero con deficiencias.

Es indispensable traer a colación que el CINAHP licitó varios proyectos entre 2021 y 2022, y casi todos los declararon desiertos para luego asignarlos por AD. Sin embargo, esos casos aparecen de nuevo en los catálogos de INFRA. Los templos del municipio de Jolalpan son ejemplo de ello. ¿Se pagarán por segunda ocasión los proyectos y los estudios de esos inmuebles? Es necesario aclararlo con transparencia total.

Sobre los proyectos ejecutivos que las autoridades del CINAHP decidieron contratar en 2021 y 2022, para una cuarentena de templos, entre ellos 10 situados en la región de la Mixteca Baja, en las inmediaciones de Chiautla. (MundoNuestro – Periodismo Narrativo 2023), interesa dejar constancia que para entonces esos 10 inmuebles contaban con proyecto y varios habían suspendido trabajos desde 2019 al ser excluidos del financiamiento del seguro: entre ellos Jesús de Nazareth en Albino Zertuche, Santiago Caballero en Chila de  la Sal y Santa Mónica, Cohetzala. Así, los inmuebles que a su juicio tuvieran un avance menor al 25% se considerarían como obra no iniciada y proyecto a contratar. En ese rango incluyeron los templos citados, ignorando lo avanzado por las empresas Suicsa, Seina y Procase, a quienes, ante la presión social y porque habían realizado trabajos satisfactorios en Ixcamilpa, Pilcaya y Ocotlán, se les invitó a intervenirlos. Todo por indicaciones verbales de nuestros jefes en el INAH.

Esos constructores solventaron proyecto ejecutivo, estudios de suelo y estructurales, además realizaron trabajos preliminares y de consolidación. Entregaron su información al CINAHP para cobrar lo invertido, en el contexto del singular proceso de “reconocimiento de deuda”, quizá solo un recurso creado ante los numerosos reclamos de impagos. A pesar de la entrega de esos proyectos y estudios al CINAHP, sin explicaciones, este licitó proyectos para esos templos en la Mixteca.

Al enterarse de los convenios entre el GOBP y el INAH, algunos acudieron en junio a INFRA, para manifestar su interés de participar en los concursos y tener la posibilidad de concluir los trabajos detenidos por la suspensión de pagos. Pero les informaron que las obras ya estaban adjudicadas. Esa dependencia, como ya se dijo, inició con la publicación de procedimientos, hasta finales de julio y el primer paquete de obras lo contrató el 8 de agosto de 2023. Por tanto, en junio las obras ya estaban comprometidas.

Gabriela Hernández en su nota de la revista Proceso del mes de septiembre, mencionó el desaire hecho a las firmas que iniciaron trabajos en la Mixteca e informó de recorridos realizados conjuntamente por personal de INFRA e INAH con empresas, antes de que se publicaran las convocatorias en Compranet. No se trató de las visitas indicadas por la Ley de Obras, sino de arribos previos para anunciar el próximo inicio de la obra y presentar a los constructores que se haría cargo de ésta. Vecinos de algunas comunidades informaron también de otras visitas anticipadas. Esta práctica de comprometer las obras mucho antes de comenzar la difusión del proceso de licitación es un comportamiento que continúa, así como otros vicios. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/los-terremotos-del-2017-primera-parte/

El periódico digital Diario Puntual difundió que el 21 de julio se reunieron en la localidad de Teopantlan, Puebla, funcionarios de INFRA, CINAHP y la constructora R&C SA de CV para “coordinar” los trabajos de restauración en el templo de Santiago Apóstol. Hasta el 14 de septiembre se firmó el contrato OP/IF3007/SA/SI-2023-R046 con tal empresa para ese inmueble, por un monto de $1,539,378.39 pesos, sin impuestos, junto con otros cuatro más que integraron el paquete, cuyo total fue de $18, 067,725.86 M.N. sin iva. Así, en las licitaciones en curso no hay competencia real entre participantes sino compromisos y vicios que derivan en una simulación de los concursos. https://www.diariopuntual.com/regionales/2023/07/21/34191/inician-reconstruccion-de-la-parroquia-de-santiago-apostol-en

Hoy en día el CINAHP y el GOBP, han contratado obras para los templos que suspendieron actividades en la Mixteca durante 2019. Las constructoras a las que se les adjudicaron los contratos en 2023, recibieron el bien patrimonial con avances en algunos trabajos de reparación de fracturas y grietas que el INAH no pagó. La equivocada decisión de considerar como obra no iniciada trabajos cuyo avance fuera menor al 25% propició que sean otras firmas las que los cobren. Además, ni Suicsa ni Seina ni tampoco Procase fueron invitadas a concursar, según consta en la sección de Difusión de Procedimientos de Compranet.

Entre las 154 obras encomendadas al GOBP y 33 al INAH hay lamentables omisiones. Es el caso del exconvento agustino en Chiautla de Tapia, erigido a mediados del siglo XVI, que representó casi el final de la ruta de fundaciones conventuales que desde la ciudad de México y cruzando por el actual estado de Morelos, habría de llegar al de Guerrero. Este relevante conjunto mixteco, presenta un significativo avance, sobre todo en el claustro, pero enfrentó (como otras obras) los efectos del agotamiento de la prima del seguro adquirido por el INAH, razón por la cual no se alcanzó a concluir.

En el caso del templo de San Lucas, en Tzicatlán, un inmueble con una bella portada, ornamentada en argamasa con profusión de motivos vegetales y figuras humanas, lo cual llevó a Constantino Reyes Valerio incluirla en el grupo de inmuebles en la región que denominó Triada Barroca del Sur, aún tiene varios pendientes de obra por resolver. Así también el templo de San Juan Bautista en la localidad y cabecera municipal de Teotlalco, que tampoco ha recibido recursos por parte del INAH ni de otros.

El templo de San Juan, en la localidad de San Juan del Río, perteneciente al municipio de Chiautla, continúa con una torre dañada que es preciso consolidar, además de otros pendientes de menor consideración. El templo de Santiago Apóstol en Coacalco, municipio de Xicotlán, también mantiene algunos pendientes. Y en todos los inmuebles mencionados los bienes muebles no han recibido atención por parte del INAH.

En aquel mensaje de los inicios de 2019 que Diego Prieto dirigió a los trabajadores, habló de un plan maestro para atender los daños al patrimonio y entre otras cosas dijo: “…estamos en el camino de avanzar.” Sucedió lo contrario, porque para entonces ya se había excluido del financiamiento del seguro a inmuebles que estaban en obra, debido al supuesto agotamiento de la prima y muchos trabajos se suspendieron. Albergábamos la esperanza de que los recursos del Fonden cambiaran el panorama; aunque todo empeoró.

La serie de siete entregas titulada Patrimonio en ruinas, de las periodistas Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán, reveló los principales aspectos de la compleja problemática asociada con los sismos de 2017 y permite entender las causas del rezago en el resarcimiento de los daños, así como la penosa situación en la que se encuentra todavía buena parte del patrimonio afectado por los sismos de 2017.

Ante la difusión de esa investigación, Prieto, reaccionó ofreciendo una vez más cifras generales y negando que se realizaran contrataciones con empresas sin experiencia en restauración. Es más, el instituto lo fomentó ya que a los supervisores nos impusieron la responsabilidad de invitar a constructores a sumarse a esas tareas. Además, negó que hayan decidido darles prioridad a los templos con daños menores. Pero están comprobados ambos hechos. (quintoelab.org) INAH responde a críticas sobre restauración de monumentos afectados por sismos de 2017 | Aristegui Noticias .” (msn.com).

Hoy en día está sucediendo algo similar al respecto de la participación de constructores sin experiencia en el ramo de la restauración, basta ver con quienes se contratan las obras y sus currículos para confirmarlo. Y empeora las cosas la premura impuesta a los trabajos, debido a lo cual no se dispone de tiempo para capacitación.

Reitero, los templos con daños menores, sí fueron una prioridad impuesta por las autoridades desde los inicios. Hasta hoy, sin embargo, no se reconoce que ello y otros equívocos favorecieron el estancamiento de los trabajos de resarcimiento de daños en inmuebles patrimoniales, durante los últimos cuatro años. En efecto, se atendieron inmuebles con daños moderados y severos, aunque no en forma preferente. Tal política de darle preferencia a los templos menos dañados la cuestionamos algunos.

Por último, con respecto a los comentarios de autoridades del CINAHP en el sentido de que ya no formo parte de ese centro de trabajo, quiero aclarar que mientras el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no falle lo contrario en el juicio que promoví desde 2022, a raíz del acoso laboral y represalias que he sufrido por parte de autoridades del instituto, continúo adscrita al Centro INAH Puebla.

Por todo lo expuesto, es que se considera que, para varios inmuebles y muebles, sobre todo los que resultaron con daños severos, la fase de intervención actual no representa una oportunidad para revertir el estado en el que estos se encuentran. No existen las condiciones, en lo que respecta a personal capacitado ni el tiempo, para llevar a cabo correctamente los trabajos. Y el reducido plazo que se fijó para ello es más corto aún, por el rezago de las contrataciones y la tardanza en iniciar las obras. Por tanto, los recursos públicos asignados esta vez para atender el patrimonio dañado, podrían resultar en un dispendio.

El presidente de la República debe entender que, por el bien de todos, no es prudente apresurar los trabajos en los inmuebles con daños severos, incluso ni en los que tienen daños moderados, para concluirlos en diciembre de 2023. Insistir en ello afectará la calidad de los trabajos, repercutirá en la creación de riesgos y en la respuesta del bien patrimonial ante un nuevo sismo de consideración.  Por tanto, es esencial que se busquen los recursos legales para extender los plazos de ejecución. Y eso es tarea que deben asumir el gobernador de Puebla y el titular del INAH.

Los afanes de Céspedes y Prieto de “no fallarle al Presidente” exhibe el predominio de su interés político por encima de su interés en la recuperación del patrimonio lo cual nos remite al costoso error de los inicios de: darle prioridad a los inmuebles con daños menores, para quedar bien con Enrique Peña Nieto, presidente de México en 2017 cuando el sismo dañó nuestro inmenso patrimonio.

Por otro lado, Prieto Hernández y su equipo de funcionarios involucrados en los asuntos de los sismos, deben rendir cuentas sobre tantas decisiones erradas e instrucciones equivocadas, así como irregularidades que repercutieron en el rezago de los trabajos de resarcimiento de daños en el patrimonio. Deben explicar por qué al día de hoy en el INAH y el CINAHP prevalece el desorden y la improvisación acerca de los asuntos de los sismos (los hechos y circunstancias narrados aquí son prueba de ello). Y deben informar con transparencia sobre los recursos del erario y de terceros que recibieron y aseguran haber aplicado.