Mañana se cumplen dos meses de la muerte del niño Cristian Gobierno Silverio en Huitzilan de Serdán, de quien sus padres y muchos otros vecinos de ese municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla aseguran que fue asesinado. Sin embargo, fue hasta ayer que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se apersonó en el lugar de los hechos para emprender investigaciones in situ.
Fue personal de la Agencia del Ministerio Público de Chignahuapan la que acudió este martes a Huitzilan de Serdán. Sin embargo, no se procedió a la exhumación del cadáver del menor, como exigen los deudos, pues dijeron que será hasta hoy que peritos y demás personal ministerial de las oficinas centrales de la FGE “bajen de Puebla” a la cabecera de esa localidad serrana.
La demanda del desenterramiento obedece a que no le fue practicada la autopsia de rigor al menor, quien tenía apenas 15 años y a pesar de que la versión oficial es que falleció en su casa como resultado de un ataque al corazón, sus parientes y conocidos afirman que fue asesinado en el río Ateno por quien era el instructor de gimnasia en el ayuntamiento.
El desplazamiento de empleados de la FGE ayer a Huitzilan ocurrió luego de que 13 organizaciones entre las que figuran la Sociedad de Cooperativas Tosepan Titataniske, el Centro de Derechos Humanos Rubén Jaramillo y el Consejo Tiyat Tlali Sierra Norte, dieron a conocer este domingo un desplegado en el que acusan a la FGE sus omisiones en el caso del supuesto homicidio del niño indígena de Huitzilan, Cristian Gobierno Silverio.
Las organizaciones demandan que se reponga el procedimiento de indagatoria “y se abra una carpeta de investigación contra las autoridades y demás personas involucradas en la alteración de la información y los procesos”.
El desplegado, dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, lo rubricaron además: SURI (Serranos Unidos en Resistencia Indígena), MPP (Movimiento Popular Progresista), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Unitona (Unidad Indígena Totonaca Náhuatl) y el Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro.
También lo suscriben el Comité de Descendientes de Patriotas Serranos, la OIT (Organización Independiente Totonaca), el Consejo Apolat Talpan Tajpianij Río Apulco, el Consejo Maseual Altepet Tajpianij y Alianza CODESS (Cooperación para el Desarrollo Sustentable de la Sierra Nororiente del Estado de Puebla).