El caso de la desaparición de Jair, un joven de 25 años que en 2020 fue privado de su libertad al salir de un gimnasio en la capital poblana, sigue generando una fuerte ola de desconfianza hacia el Poder Judicial del estado, por una larga lista de fallos que parecen beneficiar a la banda señalada de cometer el acto criminal. La última controversia se ha dado porque a dos de los ocho acusados se les declaró culpables del ilícito de secuestro, pero al mismo tiempo se les concedió la medida cautelar de arraigo domiciliario, pese a que se les está responsabilizando de uno de los peores delitos sancionadas por el sistema penal de Puebla.
No es entendible que en las cárceles de Puebla hay gente encerrada por robar o por calumniar, y en cambio dos de los acusados de secuestrar y desaparecer a Jair les dan el beneficio –o mejor dicho el privilegio– de estar privados de su libertad en un domicilio privado, no en una prisión.
Pareciera entonces que secuestrar es un delito menor al de robar algunos abarrotes en una tienda.
En Cuitlatlán, la semana pasada, se narró este caso: Jair al salir de un gimnasio –el 9 de noviembre de 2010– fue interceptado por un comando armado, numeroso y bien organizado.
A los señores Patricia y Ricardo, padres de la víctima, los obligaron a pagar 2 millones de pesos por el posible rescate de su hijo.
Como no completaban la cifra económica que les exigían, complementaron el pago con la entrega de dos camionetas.
Ya pasaron cuatro años y cinco meses sin que los señores sepan el paradero de su hijo. No saben si está vivo o muerto.
La Policía Ministerial detuvo a ocho miembros de una banda, originaria de la Ciudad de México, pero que secuestraba en Puebla.
Se les habría probado que ellos fueron los que privaron de la libertad a Jair, a través de una serie de comunicaciones que demostrarían ser los autores del secuestro.
Lejos de que se avanzara en el esclarecimiento del caso, en el Poder Judicial todo se ha complicado.
Una de las implicadas fue absuelta y se declaró su libertad. La sentencia fue apelada por los representantes legales de los padres de Jair.
A uno de los líderes de la banda, lo mandaron al penal de San Pedro Cholula, sin motivo alguno, lo que genera suspicacias, por ser la prisión poblana con las medidas de seguridad más endebles.
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La última controversia es la siguiente:
De los ocho detenidos, a tres ya les dictaron las penas máximas por el secuestro de Jair.
A Juan Pablo N. le dieron 65 años de cárcel.
Diego Enrique N. recibió 60 años de prisión.
Y Samantha Mitzin N. la condenaron a estar 55 años “bajo la sombra”.
Lo anterior suena congruente y correcto. Pero esa visión se rompe con lo que ha pasado con otros dos de los implicados en el secuestro de Jair.
A José Armando N. Juan N. y Saraí N. un juez determinó que son culpables del ilícito de secuestro.
Tal situación haría suponer que se les deba dar el trato de delincuentes de alta peligrosidad y se les mande a un área de mayor seguridad en algún penal poblano. Pues eso no ha sido así.
A Juan N. y Saraí N. el juez les concedió el arraigo domiciliario. Es decir que, en lugar de estar en la cárcel, se le mandó en un domicilio privado.
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Esa situación es anómala por dos razones:
Primera: una medida cautelar que se otorga a un presunto autor de un delito, que implica de gozar de canonjías que no tienen otros acusados, se debe de suspender en el momento en que un juez lo declara culpable de un delito y sobre todo, si el ilícito es grave.
En este asunto, no es congruente, o mejor dicho “no huele nada bien”, que a Saraí N. y Juan N. ya se les haya declarado culpables de secuestrar al joven Jair y se les otorgue el beneficio de estar en sus viviendas.
Segunda: una de estas dos personas, resulta que es el presunto líder la de la banda. Pareciera que, desde el Poder Judicial, alguien estaría otorgando ventajas a ciertos acusados.
Posdata: este jueves, si no hay cambio de planes, habrá la audiencia en la cual a los tres miembros de la banda que se les declaró culpables de secuestro, se les va a imponer la pena, es decir el número de año que deben pasar en prisión.
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