A dos años del siniestro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 169/2023 en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), Pemex Logística y el Ayuntamiento de Puebla por vulnerar los derechos humanos a la vida, la integridad personal y a una vivienda adecuada, en agravio de 265 víctimas, de las cuales cinco fueron mortales, por la explosión del ducto subterráneo en la colonia San Pablo Xochimehuacán. 

Además, determinó que, tras examinar la evidencia del expediente número 6/2021/10251/Q, hubo omisión y habrá consecuencias penales y administrativas contra las autoridades por permitir la construcción de viviendas sobre los ductos de la paraestatal. 

Por lo anterior demandó a los tres entes en mención la reparación de los daños. 

Los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de octubre de 2021, cuando se reportó la primera de tres explosiones que se registraron entre las 2:00 y las 2:40 horas, a causa de una toma clandestina de gas. El saldo fueron 265 personas lesionadas, de las cuales cinco murieron. 

De acuerdo con la resolución, la CNDH informó que de las evidencias analizadas se acreditaron las violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y vivienda adecuada por falta de debida diligencia. 

Advirtió que habrá “responsabilidad administrativa o penal contra los servidores públicos adscritos a Pemex, Pemex Logística y el ayuntamiento de Puebla”, por incumplir las obligaciones contenidas en la Constitución Mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El resolutivo de 147 fojas, firmado por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, expuso que hubo negligencia, anuencia o tolerancia para hacer cumplir la normatividad en materia de hidrocarburos y desarrollo urbano, propiciando las condiciones para que las víctimas estuvieran expuestas a un riesgo inminente de explosión. 

Lo anterior, afirmó, devino en el siniestro que ocasionó cinco decesos, lesiones y destrucción de viviendas, que pudieron evitarse, de no haberse conjugado dichas circunstancias que favorecieron la instalación y operación de una toma ilícita de gas. 

Por lo anteriormente, señaló la responsabilidad de Pemex, Pemex Logística y el Ayuntamiento de Puebla por ser omisos y no garantizar el respeto de las medidas de seguridad mínimas necesarias para mantener libres el derecho de vía de los ductos. 

“Por lo que tienen la obligación de resarcir y reparar integralmente los daños causados a las víctimas”, determinó. 

La recomendación ya fue notificada al gobierno del estado que encabeza Salomón Céspedes Peregrina, al titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a la Coordinadora Nacional de Protección Civil; y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a efecto de que la tomen en consideración y colaboren en la ejecución del Programa Integral de Recuperación, conforme al ámbito de sus competencias 

Actualizar censo de víctimas para resarcir daños

Para acreditar la reparación integral del daño, la CNDH informó que las autoridades responsables deberán realizar, en un plazo no mayor a seis meses, un censo actualizado, a fin de conocer cuántas personas perdieron la vida, los lesiones y reestablecidos, si presentan secuelas y limitaciones orgánicas para el desempeño de vida, así como un diagnóstico sobre la total rehabilitación habitacional de los inmuebles afectados. 

Además, agregó que es necesario que se elabore un diagnóstico sobre las necesidades colectivas de ordenamiento territorial y vivienda adecuada de los vecinos de Xochimehuacán.  

Posteriormente, la CNDH destacó que una vez actualizado el censo, dentro de los seis meses siguientes, se deberá celebrar un Convenio Marco para atender la problemática de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. 

Dentro de los tres meses siguientes a la firma del Convenio Marco, agregó que las autoridades federales y estatales deberán implementar un Programa Integral de Recuperación para el restablecimiento de los derechos de vía en las colonias, hasta obtener sus dimensiones originales. 

Finalmente, a más tardar en 12 meses siguientes a la recomendación, destacó que se deberán entregar las viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas a las víctimas. 

Mientras que en cumplimiento a la Ley General de Víctimas se deberá otorgar atención psicológica y tanatológica para afrontar las afectaciones a la salud; y se deberán adoptar medidas legales y administrativas para garantizar la no repetición de los hechos. 

Pemex y ayuntamiento, responsables por huachigas

La CNDH también determinó que Pemex y el Ayuntamiento de Puebla resultaron responsables de las consecuencias de la explosión y la extracción ilegal de gas o huachigas, ante la falta de debida diligencia y por no adoptar medidas que impidan la invasión del derecho de vía de los ductos. 

En ese entendido, dijo, “deben responder ante actos ilícitos de un tercero, pues su deber de garantes sí alcanza, en estos casos, para fincarles responsabilidad las actividades de distribución y transporte de gas frente al fenómeno de las tomas clandestinas”. 

Asimismo, resolvió que son responsables de las nuevas edificaciones en la zona de Xochimehuacán, al facilitar indebidamente la instalación de viviendas sobre ductos y la extracción ilícita de hidrocarburos. 

Entre las omisiones, destacó que ningún servidor público adscrito a Pemex informó al ayuntamiento de los peligros por la construcción de viviendas sobre el derecho de vía, máxime que en esa línea se identificaron tres poliductos. 

“Dicha situación se agrava porque las autoridades responsables de la protección civil negaron que sea de su competencia identificar los riesgos actuales, asociados a la distribución de hidrocarburos y sus derivados a cargo de Pemex”, reveló. 

En riesgo por explosión, 22 colonias del norte de la capital

Ante lo expuesto, la CNDH alertó que las autoridades han colocado en situación de riesgo a 22 colonias que se han desarrollado a lo largo de la infraestructura de Pemex. 

“Al ser Pemex y Pemex Logística propietarios de la infraestructura les corresponde garantizar el cuidado de las personas y sus bienes, impidiendo las construcciones sobre dicha franja de seguridad, donde operan miembros del crimen organizado dedicados a la sustracción de hidrocarburos”, advirtió. 

A esto sumó que el Ayuntamiento de Puebla incumple con su responsabilidad que lo facultan para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, así como en el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones. 

Precisó que el gobierno municipal permitió el crecimiento urbano irregular en Xochimehuacán y 22 colonias más sobre los ductos conductores de combustible. 

Estas colonias son: Lomas Coyopotrero, Real de Guadalupe, Nochebuena, México 83, Bosques de San Sebastián, San Jerónimo Caleras, Central de Abastos, Viveros del Valle, Venustiano Carranza y Parque Industrial 5 de Mayo. 

Además de las colonias Miguel Hidalgo (Resurrección), San José El Conde, San Aparicio, Guadalupe Caleras, San Cristóbal Tulcingo, Bosques de Manzanilla, San Miguel Xonacatepec 2, Villas del Marques, San Sebastián de Aparicio, San Pablo Xochimehuacán, Del Valle, Parque Industrial Puebla 2000 y Jardines de la Resurrección.