A casi cuatro años de la tragedia que cobró cinco vidas, no se han podido construir nueve viviendas para igual número de familias afectadas por la explosión de dos ductos de gas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, hechos ocurridos en octubre de 2021.
Mónica Silva Ruiz, síndico municipal de la ciudad de Puebla, informó que el ayuntamiento envió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una propuesta de diseño de las casas, la cual será evaluada por el propio organismo en conjunto con las familias afectadas, y una vez teniendo su aval comenzará la construcción.
La servidora pública reconoció que el tiempo que ha pasado para poder concretar las viviendas ha sido largo; sin embargo, no se puede iniciar la construcción de las viviendas sin que las familias afectadas aprueben el diseño y confirmen que cumplen con sus expectativas para cubrir la reparación del daño.
“Recordemos que hace un año se aprobó el proyecto para la construcción de estas nueve viviendas por parte de cabildo, ya está presupuestado para este ejercicio fiscal. Lo que ahora estamos haciendo es presentarle el render a las víctimas a fin de que eso cumpla con el deseo de lo que podríamos considerar la reparación del daño”.
Expuso que una vez que se apruebe el diseño se podrá licitar la construcción para la que se han destinado 11 millones de pesos.
“Las víctimas tienen que aprobar el proyecto. Si consideran que las viviendas no son la adecuadas, o no cumplen con lo que desean, si no es lo que les brinda arraigo, claramente no le estamos reparando el daño. Yo se que el proceso ha sido muy tardado. Nosotros seguimos los lineamientos que ha propuesto la CNDH”, sostuvo.
En septiembre de 2024, durante los últimos días de la administración panista de Adán Domínguez Sánchez, el cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Puebla aprobó la construcción de nueve viviendas a favor de damnificados por la explosión de ductos de gas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
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De esta manera se autorizó el uso de los recursos del Fondo de Contingencias por Fenómenos Naturales y se determinó un predio para la edificación de las casas, cuya ubicación no fue revelada durante la sesión.
Guadalupe Arrubarrena García, entonces síndico municipal, afirmó que de esta forma se daría cumplimiento a la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En aquella ocasión destacó que si bien el organismo garante de los derechos humanos a nivel nacional emitió diversos puntos para diferentes instancias, para el gobierno municipal solo fueron dos, uno de los cuales ya se cumplió y tiene que ver con la capacitación a todo el gobierno municipal en materia de riesgos, mientras que la segunda fue la construcción de las nueve viviendas.
“Si bien todos estos hechos ocurrieron por asentamientos que han estado ahí por muchos años fue en esta administración -la panista de Eduardo Rivera– cuando ocurrieron, por ello esperamos la aprobación del punto”, expuso en ese momento.
