La pasada semana el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el alcalde de Puebla coincidieron en que la discusión sobre la remunicipalización del servicio del agua estaba cerrada o agotada, aunque en ambos casos se manifestaron por la obligación de la concesionaria de cumplir con dotar a la ciudadanía de un servicio de calidad, así como cumplir con el saneamiento, para lo cual le fue otorgada la concesión y que hasta la fecha ha incumplido.
El problema central es que, a decir de diversos colectivos, activistas, académicos y ambientalistas, eso no ha ocurrido, manifestándose en la inconformidad de un buen número de colonias que de manera reiterada tienen problemas con el abasto y la calidad del agua, violentando su más mínimo derecho humano al agua.
Por ello, activistas, organizaciones y defensores del derecho humano al agua en la entidad convocaron ayer domingo a buscar realizar una consulta popular para la desprivatización del servicio, para lo cual juntarán 30 mil firmas de ciudadanos que después serán llevadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar dicha consulta popular, lo anterior debido a que en Puebla no existe una ley que ordene este tipo de ejercicios democráticos, tan necesarios para tomar en cuenta las opiniones ciudadanas y sobre las que se debería legislar.
Abogados del movimiento explicaron que en caso de que el INE se niegue a la consulta recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de ser necesario a otras instancias, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de hacer valer la opinión de los poblanos. René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobernación municipal y promotor de Demandas Colectivas contra Concesiones Integrales por no sanear el agua, expuso que en caso de que la autoridad acepte la realización de la consulta se tendría que proponer una pregunta, sobre la cual votarían los ciudadanos y para que sea vinculante se necesita de al menos 40 por ciento del listado nominal electoral.
Lo anterior puede convertirse en un punto de inflexión donde la opinión de los ciudadanos a través de este mecanismo y otros, deban ser tomados en cuenta por los diversos ámbitos de gobierno, para decidir sobre aspectos y acciones fundamentales de la vida pública.