Al conmemorar 30 años de la erupción que el Popocatépetl tuvo el 21 de diciembre de 1994, autoridades federales, académicos abocados al estudio del comportamiento del volcán y la comprensión de sus comunidades vecinas, advirtieron que en estas tres décadas no ha habido avances en la inclusión social que permitan operar con éxito un plan de prevención frente a una emergencia.
Reunidos a propósito del XIV Simposio de Investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl, que se llevó a cabo en el Salón Barroco del edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), los ponentes coincidieron en que persiste la incredulidad de las localidades aledañas al coloso sobre las políticas públicas y mensajes que emite la autoridad y que en mucho ese escepticismo se debe a que diversos momentos y gobiernos se ha manejado la idea de reubicar a la gente, lo cual obviamente es absolutamente rechazado.
El director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz, destacó que el gobierno es el principal responsable de la prevención para evitar una situación de desastre, pero enfatizó que también la sociedad debe asumir la parte que le corresponde: “No debemos depender exclusivamente de la autoridad, un principio básico es la participación comunitaria, si no participa la comunidad y en general toda la sociedad, las cosas no van a funcionar, aseveró.
Por su parte, Ana Lilia Martín del Pozo, presidenta del Consejo Asesor del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl enfatizó que la gestión de riesgos no puede limitarse únicamente al ámbito científico, sino que debe vincularse estrechamente con la percepción y participación de las comunidades vulnerables. “La información científica debe armonizarse con la percepción social”, expresó, señalando que solo mediante este enfoque se puede lograr una verdadera prevención que reduzca las afectaciones humanas y materiales.
En su turno, Jesús Manuel Macías Medrano, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), destacó el modelo de participación social con el que trabaja el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la UAP y en particular se refirió a la campaña “Por si acaso”, que tras la crisis de la erupción del 21 de diciembre de 1994 implementó en las comunidades volcaneras de Puebla para difundir en las poblaciones campesinas información veraz sobre la conducta del Popocatépetl y las acciones a tomar en caso de una evacuación. De hecho, el antropólogo dijo que ese modelo es único en el mundo y debe ser documentado.
Macías Medrano también cuestionó la idoneidad del semáforo volcánico como un instrumento para divulgar en los sitios vecinos la información sobre el estado del coloso, por estar basado en un artefacto vial, que es más usado en conglomerados urbanos.
José Luis Macías Vázquez, director del Instituto Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en que se debe incluir la participación activa de la sociedad en los planes de prevención.
Finalmente, Aurelio Fernández Fuentes, director del Cupreder, advirtió que poner bajo la prevención en manos del Ejército es un retroceso e insistió en que la investigación social sobre las comunidades cercanas al Popo debe recibir apoyos gubernamentales.
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