92 por ciento del personal académico y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla trabaja bajo condiciones eventuales, con un salario promedio de 12 mil pesos mensuales, una cifra que no cubre las necesidades básicas de quienes sostienen el servicio educativo en la región.
De acuerdo con un comunicado público firmado por las y los docentes, esta situación de precariedad afecta directamente la calidad y estabilidad de la enseñanza, y expone a la plantilla docente a un régimen laboral frágil, impuesto por autoridades que priorizan el control político sobre la protección de derechos fundamentales.
El documento denuncia que las renovaciones semestrales de contrato constituyen una “herramienta de control político, no una garantía de derechos”, enfatizando que “cada firma de contrato es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad”.
El personal educativo advierte que las voces críticas y los intentos de organización se castigan con despidos injustificados, mientras quienes guardan silencio mantienen su empleo bajo amenaza. Cerca de 70 de los 76 trabajadores permanecen sujetos a esta incertidumbre laboral, mencionan que esta es una práctica que persiste año con año en Zacatlán, a pesar de que el instituto es una institución pública llamada a reflejar justicia y equidad en el ejercicio laboral.
Las y los docentes solicitan la regularización de los contratos y el respeto pleno a su libertad de organización, respaldados por derechos protegidos en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que reconoce que la renovación continua de contratos temporales equivale a una relación de trabajo por tiempo indeterminado.
En palabras del comunicado: “No hay contrato que compre la conciencia, ni despido que borre la verdad. Por el derecho a enseñar sin miedo. Por la estabilidad laboral. Por el respeto a nuestra organización. Por la justicia que educa con el ejemplo”.
Consulta: REIVINDICAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El personal docente exige poner fin al acoso laboral y los despidos injustificados, y demanda un espacio educativo donde la dignidad sea el valor rector y la estabilidad laboral esté garantizada para todas y todos.
La falta de reconocimiento y seguridad profesional, señalan, afecta no solo su vocación, sino también el desarrollo académico de los estudiantes que dependen de la continuidad y calidad de sus profesores.
“Sin justicia laboral no hay educación de calidad”, advierte el comunicado, que insiste en que la lucha del colectivo no es contra la educación pública, sino por ella, ya que buscan condiciones que permitan ejercer su trabajo con coherencia respecto a los valores que transmiten diariamente en las aulas. La precariedad laboral, la disuasión de la organización sindical y el control institucional han convertido la educación pública en un espacio de vulneración de derechos.
