En los primeros días de diciembre pasado, se presentó ya el primer paquete de demandas en contra del magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, que en este caso se trata de 9 querellas por presuntos delitos que rebasan los 500 millones de pesos, que implica principalmente el supuesto uso de facturas de empresas fantasmas que permitieron un conjunto importante de operaciones simuladas con recursos públicos.
Los recursos legales tienen que ver con el periodo de poco más de dos años en que Jorge Benito Cruz Bermúdez fue director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), que corresponde al último ejercicio anual del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas y el primero de la administración de José Antonio Gali Fayad.
Se sabe que las demandas fueron presentadas el 2 de diciembre ante la Fiscalía General del Estado, luego de que entre octubre y noviembre del año pasado se especuló que ya estaban concluidas las auditorias que arrojaban graves anomalías contra quien también fue encargado de despacho de las secretarías de Educación y de Gobierno en el morenovallismo.
Con ello, Cruz Bermúdez se convierte en el mayor escándalo de corrupción dentro del Tribuna Superior de Justicia (TSJ), pues ningún otro togado ha sido tan cuestionado en su ejercicio como servidor público.
Lo que resulta sorprendente es que hasta ahora en el Poder Judicial no se le haya pedido la separación del cargo, en lo que resuelve sus problemas legales.
Es una deshonra para el TSJ que un magistrado, que tiene entre otras funciones vigilar del correcto proceder de jueces y la legalidad de las sentencias dictadas contra ciudadanos responsables de infringir la ley, esté bajo la sospecha de haber estado al frente de una de las tramas de corrupción más importantes del estado de Puebla.
Sabedor de la carga que pesa en sus espaldas, en este espacio se narró como en 2019 el magistrado Cruz Bermúdez utilizando su posición en el Poder Judicial permanentemente visitaba todas las salas penales y civiles del TSJ para intentar localizar denuncias en su contra. Era una zozobra que consume mucho de su tiempo y sus estados de ánimo.
La diferencia entre esa época y la actual, es que los magistrados del TSJ ya no tienen fuero constitucional y Cruz Bermúdez podría convertirse en el primer integrante del pleno del Poder Judicial que estando en el ejercicio de sus funciones se le dicte una orden de aprehensión e incluso se le detenga.
Y también se debe plantear el riesgo de que al estar en esa responsabilidad pueda obtener información privilegiada que le permita evadir la acción de la justicia, en caso de que avancen las demandas que existen en su contra.
Contra Cruz Bermúdez hay una larga lista de cuestionamientos, aunque los más importantes se reducen a tres rubros:
El sobreprecio que habría existido en el establecimiento de un tren turístico entre la ciudad de Puebla y la zona arqueológica de Cholula, que es un transporte con una reducida capacidad de pasajeros y de kilómetros que recorre, pero que tuvo un costo de unos mil 200 millones de pesos.
Que en los archivos del Capcee se encontró el reporte de unas 170 obras de espacios educativos y que resultaron ser obras que nunca se llevaron acabo. Es decir, se cobraron y no se construyeron.
Y el tercer aspecto, que es el más grave, es que se encontraron docenas de facturas falsas, que eran elaboradas por compañías sin actividad comercial o empresarial real.
Lo que llama la atención, es que esos documentos –que sirvieron para desviar cientos de millones de pesos– provienen de las llamadas “factureras”, que eran comunes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle Rosas, cuyo rostro aparece lo mismo en el Capcee, que la Secretaría de Finanzas y muchos ayuntamientos de toda la geografía poblana.
Todo hace suponer, que el uso de esas “factureras” fue una orden que en el morenovallismo se dio desde la oficina del gobernador o de la Secretaría de Finanzas, para que en muchas áreas del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos se pagaran facturas por grandes montos de recursos públicos para cubrir servicios, obras y adquisición de bienes que nunca existieron o tenían gigantescos sobreprecios.
Ahora le toca a Jorge Benito Cruz Bermúdez enfrentar los costos de su obediencia ciega a los excesos del morenovallismo.