Ciudad de México. En una encuesta realizada en 53, de los 117 refugios que hay en el país, para mujeres “que huyen de sus casas por la violencia de su pareja”, se detectó que el 88 por ciento de ellas, sufrió además , “ciberacoso”, por parte de su cónyuge, concubino o compañero sexual, aseveró el investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la UNAM, el sociólogo Roberto Castro.
Uno de los hallazgos más importantes de los sondeos realizados a 413 mujeres, de las 4 mil que albergan esos refugios en el país, resaltó el investigador , “fue la altísima proporción de féminas que han padecido el ciber acecho, ciberacoso o violencia que ejercen sus parejas a través de aparatos digitales: teléfono celular, tabletas, computadoras, entre otros”.
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Castro, doctor en Sociología Médica, estudioso del uso de métodos anticonceptivos forzados contra mujeres indígenas y la violencia obstétrica, en entrevista, aseveró: “al aplicar los cuestionarios en los albergues encontramos que un altísimo número de mujeres declaró que había sufrido alguna forma de vigilancia por parte de su pareja o ex compañero sexual, a través del teléfono celular”
Eso, subrayó, “fue uno de los hallazgos más importantes”, porque no es una forma de violencia sobre la que se esté trabajando en el país. Es un descubrimiento importante “porque apenas nos estamos enterando de la magnitud del problema”. Aunque la violencia digital está incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “falta mucho por hacer para implementar una verdadera protección en esa materia”, apuntó.
Al llegar al refugio, abundó el especialista, todas ellas habían sufrido varios tipos de violencia, 9 de cada 10 padeció agresiones emocionales o físicas. Seis de cada 10 , acusó haber padecido violencia sexual; seis de cada 10, dijo haber sido víctima de violencia patrimonial, esto es, sus compañeros o esposos, les quitan sus propiedades o sus recursos económicos”.
Estudioso de la violencia contra las mujeres, en diversas formas, Castro especialista del CRIM, comentó: “aplicamos 413 cuestionarios, la maestra Arecelí Vázquez, experta en materia de refugios y yo. Los dos somos responsables del estudio. Las encuestas, precisa, se aplicaron en 53 refugios de toda la república, nos faltaron quizá uno o dos estados pero se abarcó al 45 por ciento de los albergues del país”.
Castro, precisó: “además de los 413 cuestionarios que respondieron las víctimas, se aplicaron 321 sondeos al personal de los refugios y se efectuaron 15 entrevistas a profundidad en un estudio cualitativo. Esperamos que en el mes de diciembre se publique un libro con los resultados del estudio completo. Detectamos también que hay una altísima necesidad de capacitación al personal de los refugios para poder atender a las víctimas de la violencia de género”.
Con amplia experiencia en las agresiones a las féminas, el doctor en sociología subrayó: “en el estudio se reveló que muchas mujeres no sabían que estaban padeciendo ciberviolencia, o acoso, por parte de sus parejas. Sus compañeros o cónyuges no tienen derecho a pedirles sus contraseñas, de la computadora, del teléfono celular , de la Tablet. Tampoco tienen porque pedirles que les manden su ubicación todo el tiempo, para saber dónde están. En las entrevistas se dieron cuenta que eso es violencia, y que tienen derecho a no padecerla”.
El especialista del CRIM, aseveró que muchas mujeres “consideran que su marido, pareja o compañero sexual era celoso, y por eso tenía esas actitudes. Se les explicó que eso es violencia contra ellas y que pueden presentar denuncias. Se les detalló que ese tipo de actitudes, de parte de sus parejas, es ciberacoso, es violencia contra ellas”.
Castro adelantó: “en el estudio cualitativo se reveló que los ministerios públicos y los jueces no sabían que eso era violencia . Algunas de esas mujeres entrevistadas, dijeron que presentaron denuncias , pero las autoridades no estaban capacitadas y no supieron que decirles , tampoco consideraron que ese trato de sus cónyuges era un delito”.
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Las afectadas, subrayó el especialista, “están desamparadas literalmente , no tienen protección del Estado. Algunas de las afectadas, presentaron denuncias ante el Ministerio Público, pero resulta que ni ellos, ni los jueces , están capacitados para atender este tipo de acoso, de acecho. Ellas, literalmente no tienen protección”.
