El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ubicó a Puebla entre los seis estados más violentos y con el mayor índice de feminicidios contra menores de 18 años. Entre 2015 y 2022 la entidad registró 81 asesinatos violentos contra niñas y adolescentes.
El primer lugar lo ocupa el Estado de México, que tiene el mayor número de asesinatos por razones de género de niñas y adolescentes, con 17.3 por ciento de los casos; le siguen, en orden de gravedad, Veracruz (8.7%), Jalisco (7.3%), Chiapas (6.0%), Nuevo León (5.8%), y Puebla (4.2%).
En el extremo opuesto, las entidades más seguras o menos violentas para la vida de las niñas y adolescentes son Querétaro (0.9%), Campeche (0.7%), Aguascalientes (0.6%), Colima (0.4%), Tamaulipas (0.4%), Tlaxcala (0.1%) y Yucatán (0.1%).
El estudio Feminicidios y homicidios intencionales de niñas y adolescentes en México fue efectuado por la investigadora Irma Kanter Coronel, de la Dirección General de Análisis Legislativo.
En el análisis de datos oficiales destacó que las seis entidades, entre las que se encuentra Puebla, “se caracterizan por distintos niveles de bienestar y seguridad, pero que tienen en común altos niveles de violencia de género, sobre todo, infantil y adolescentes”.
Precisó que en el caso de la entidad poblana se registró un total de 81 feminicidios en menores de edad, 28 cometidos contra niñas y 53 fueron investigados solo como homicidios, al descartar que el asesinato ocurrió por motivos de género.
Esto último significa que más de 65 por ciento de los crímenes perpetrados contra niñas y adolescentes fueron investigados como homicidio intencional.
Llamó la atención que los años más violentos corresponden a 2020 y 2021, en plena epidemia por Covid-19. Las menores “fueron asesinadas por alguien de su propia de su familia y/o entorno cercano (tío, hermano, padre, padrastro, vecino o conocido)”.
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Además, el estudio reveló que en 64.6 por ciento de los feminicidios de niñas y adolescentes se utilizó un elemento distinto a una arma blanca o arma de fuego, es decir, fueron asesinadas con gran crueldad y con la intención de prolongar el dolor, a través de golpes, estrangulamientos, asfixia, envenenamiento y otros más.
En 5.2 por ciento de los casos se utilizó un arma blanca, es decir, cuchillo, una navaja u otro elemento filoso, y en 13.6 por ciento se utilizó un arma de fuego. Hay un grupo de víctimas de feminicidios (6.6%) donde no se específica el arma utilizada.
A nivel nacional, entre 2015 y 2022 se produjeron 27 mil 133 asesinatos de mujeres y niñas. De estos asesinatos, 6 mil 689 que representan el 25 por ciento corresponden a feminicidios y 20 mil 444, es decir, 75 por ciento fueron registrados como homicidios intencionales.
Según los datos revisados, durante el periodo analizado se abrieron 670 carpetas de investigación de feminicidios de niñas y adolescentes.
La información es resultado de un análisis de las carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), con el fin de contribuir, desde una perspectiva cuantitativa, al conocimiento de un delito que preocupa y lastima gravemente a la sociedad y a las familias.
Vacíos jurídicos e impunidad
Para la investigadora Irma Kanter Coronel detrás de cada cifra, de cada dato, está la historia de una niña, de una adolescente que fue asesinada por razones de género y misóginas.
Expuso que una de las grandes limitantes de los datos oficiales es que no permiten conocer el contexto donde se producen los feminicidios y tampoco la cadena de violencia de género que los precede.
Ante este gran vacío, señaló que los resultados que arrojan estudios realizados en fechas recientes relacionados al tema de análisis pueden ayudar, como el nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), publicado en 2022.
En ambos estudios, destacó, se afirma que los asesinatos de niñas por razones de género, “suelen producirse después de otras experiencias previas de abuso físico, sexual o emocional” y constituye “el punto final de un continuo de formas múltiples, sobrepuestas e interconectadas de violencia de género”.
Exhibió que en la mayoría de las casos estudiados para conseguir justicia y la reparación del daño para las hijas, hermanas, primas, sobrinas o nietas; las madres, hermanas, tías o abuelas enfrentan procesos muy largos, dolorosos y costos, que genera además de una gran tensión e indignación al no encontrar respuesta en el sistema de justicia, un desgaste físico, psicológico y anímico, lo que resulta indignante y muestra una vez más que en México “falta mucho por hacer para garantizar la vida y la seguridad de las niñas y las adolescentes”.
Concluyó que las estadísticas oficiales muestran que los feminicidios y homicidios intencionales de niñas y adolescentes en México se han incrementado sistemáticamente.
Por lo tanto, alertó que difícilmente la violencia de género contra las niñas y adolescentes se podrá erradicar sin que se fortalezcan los mecanismos de prevención y sanción de todas las manifestaciones de violencia contra ellas, así como la reparación del daño.