La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino entregaron este miércoles 600 escrituras y documentos agrarios a igual número de mujeres en la ciudad de Puebla y otros municipios de la entidad.
En el acto Román Meyer Falcón, titular de la dependencia federal, convocó a los tres niveles de gobierno a tener sensibilidad política para agilizar los procesos de regularización y de entrega de escrituras en un plazo no mayor a dos años.
Expuso que en la actualidad ese proceso toma hasta 20 años, lo que implica que los ciudadanos carezcan de certeza jurídica.
“La única forma de aumentar los volúmenes de regularización es reduciendo los trámites burocráticos y reduciendo los procesos. De alguna forma ese elefante blanco, como lo llama el presidente de la República, en alusión a las instituciones no nos ayuda mucho. No debemos esperar, 10, 15 o 20 años”.
Por su parte, el edil capitalino, Eduardo Rivera subrayó que de acuerdo con Inmujeres y el Reporte Anual de Vivienda 2021 solo el 30 por ciento de mujeres en Puebla capital cuentan con escrituras a su nombre.
“Al no ser propietarias de su tierra dejan de acceder a beneficios como subsidios, crédito y equipamiento entre otros temas. Por eso es importante la coordinación con los tres niveles de gobierno”, manifestó.
Afirmó que su administración está abierta a colaborar con la Sedatu y el Insus para regularizar el mayor número de asentamientos, lo que permita darle certeza jurídica a los habitantes.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina subrayó la entrega de las escrituras reduce las brechas de desigualdad en la entidad.
Afirmó que la administración estatal se ha coordinado con el gobierno federal para el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
Sostuvo que estas prácticas forman parte de una estrategia coordinada con la del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se trata de dirigir esfuerzos mancomunados como un principio de justicia. Las jefas de familia agraristas han luchado por muchos años para tener certeza jurídica sobre sus propiedades”, manifestó.