Cinco solicitudes para la activación de la alerta de violencia de género en Puebla acumuló la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim), sin que ninguna haya procedido, pese a que entre los años 2014 y 2017 se perpetraron 422 homicidios de mujeres en esta entidad, denunciaron activistas de El Taller y del Centro de Articulación Ciudadana.
Dichas peticiones fueron hechas por la agrupación Todos para Todos, el Instituto de Ciencias Jurídicas y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Gabriela Cortés, directora de la asociación civil El Taller, dio a conocer que el 2017 fue el año más violento para las féminas, pues 141 fueron asesinadas por razones de género.
Esto representa un incremento de 54.94 por ciento con respecto a 2014, cuando se registraron 91 casos. Mientras que en 2015 la cifra de homicidios alcanzó los 94, y en 2016 fueron 96.
Abundó que precisamente en 2016, la tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes en Puebla, fue de 2.95; un año después, en 2017, ascendió a 4.29.
Además, mientras en todo el país 10.6 por ciento de los homicidios son cometidos son contra mujeres, en territorio poblano es registro es de 13.2 por ciento.
Por otra parte, con un total de 96 casos, equivalentes a 22.7 por ciento del total perpetrado entre los años 2014 y 2017, Puebla capital es el municipio que presenta la mayor incidencia en el estado.
Laura Pedraza Álvarez, presidenta del Centro de Articulación Ciudadana, recordó que una vez que la Conavim emite recomendaciones al gobierno, si transcurren seis meses sin cumplirlas, en automático se declara la activación de la alerta; sin embargo, esto no ha ocurrido en la entidad.
En conferencia de prensa añadió que es necesario que existan mecanismos y acciones para la defensa de las mujeres en territorio poblano.
“El tema se ha ido retrasando año con año y eso nos hace pensar que hay otros intereses de por medio. Lo que pedimos al nuevo gobierno es que asuma una postura definitiva de si se aplica o no la alerta para el estado”.
Rechazó atribuir esta dilación a un tema político, pero las cifras oficiales, sostuvo, demuestran que en esta entidad hay un problema de violencia contra las mujeres que requiere de medidas mayores.
Las activistas consideraron necesario que la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo haga un pronunciamiento respecto a los feminicidios y no obstaculice la activación de la alerta.
De igual forma, opinaron que la estrategia de resolver este problema con la conversión del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) en una secretaría, anunciada por la mandataria, no será necesariamente efectiva, porque lo que se necesita es revisar y mejorar el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).