420 mil pesos, el precio por conocer las intervenciones de comunicaciones privadas, informáticas o de telecomunicaciones solicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Poder Judicial desde el último año del gobierno de Antonio Gali Fayad hasta 2022. El pleno del Itaipue se pronunció al respecto y ordenó entregar la información estadística.
En la primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), el comisionado Javier García Blanco consideró que el monto económico excesivo limitaba el derecho del ciudadano a conocer la información, por lo que revocó la respuesta de la fiscalía al resolver el recurso de revisión RR-1392/2022.
En el estudio del caso, García Blanco expuso que la FGE pretextó que la información solicitada “del 1 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2022” contenía datos personales susceptibles de “clasificarse como confidenciales, por lo que debía efectuarse versiones públicas” de 1 mil 143 investigaciones que contenían 17 mil 145 hojas (fojas).
Así, la elaboración de la versión pública (tachar o testar los datos personales) del documento en formato físico o digital, tendría el costo por hoja de 25 pesos, cuyo total asciende a 428 mil 625 pesos, cerca del medio millón de pesos.
A la resolución de García Blanco se sumaron las comisionadas Rita Elena Balderas Huesca como Nohemí León Islas que votaron de forma unánime para exigir a la FGE entregara la información estadística y en casos de que existieran datos confidenciales cuantificara sólo esas hojas y notificara el costo de reproducción, tomando en consideración que las primeras veinte hojas serán gratuitas.
Itaipue evidencia negligencia de la FGE
El periodista René Valencia, autor de la solicitud, consideró que la resolución del Itaipue es un avance para evidenciar la negligencia de la Fiscalía General del Estado para ocultar información que de forma injustificada mantiene reservada o impagable.
Valencia denunció la petición de pago de la FGE, pese a sus contradicciones: por una lado, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga en su artículo 69 a difundir registros estadísticos sobre las intervenciones comunicaciones privadas, pero al buscarlos argumentan que las carpetas de investigación, de las que se desprende las solicitudes forman parte de investigaciones en curso (que se encuentran clasificadas como Reservadas) mientras que vía transparencia aseguró tener la información, pero necesita fotocopiar miles de carpetas de investigación con un precio exorbitante incluso para la misma fiscalía
“El pago de 428 mil 625 pesos resultaría exorbitante incluso para los 84 mil 881 pesos mensuales que percibe el fiscal estatal, Gilberto Higuera Bernal, quien tendría que renunciar al 42 por ciento de sus ingresos anuales, para cubrir el monto”, dijo en breve entrevista.
El periodista explicó que lo único que solicitó era conocer la cantidad de peticiones ante el Poder Judicial de la Federación para vigilar a personas, pues en ningún momento pidió conocer datos sobre las víctimas o información que ponga en riesgo el seguimiento de las investigaciones.
“Estamos a la espera de que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía responda a la resolución del Itaipue y que su postura inicial cambie, porque cobrar montos exorbitantes a los solicitantes nos coloca en una situación que obstaculiza a nuestro derecho a la información, bajo tecnicismos legales que retrasan la transparencia, al agotar a todas las instancias, para que por fin entreguen información que se mantiene oculta desde julio del 2022”
En 2024 se abrirán documentos de espionaje de gobierno de RMV
Será hasta el año 2024 cuando los documentos de espionaje realizados por el gobierno morenovallista se conozcan. A partir de una solicitud de información pública realizada por La Jornada de Oriente, el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, emitió el Acuerdo ACT/024/2019, clasificando los expedientes bajo la figura de “Información Reservada” por un plazo de cinco años.
Desde 2019 esta casa editorial solicitó conocer la versión pública de las solicitudes de la FGE a jueces federales para la intervención de comunicaciones privadas autorizadas en el gobierno que encabezó el ahora fallecido Rafael Moreno Valle, además de los contratos firmados con concesionarias de telecomunicaciones que prestaron el servicio y el monto designado.
La versión pública de los oficios, requerimientos o cualquier otro documento que señale o asome la empresa o proveedora de servicios o mecanismo que puso en marcha aplicaciones o contenidos en Internet para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación o el acceso a los datos de algún usuario, están bajo llave.
A la fecha se mantiene en reserva: la autoridad judicial que autorizó el espionaje, los fundamentos legales de la solicitud, el objeto de la solicitud de intervención, el nombre de la concesionaria o proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet para la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicaciones móvil, su temporalidad, así como la cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos espiados o intervenidos.