Al cierre de junio de 2025, al menos 2 mil 752 personas privadas de la libertad en penales del estado de Puebla carecían de sentencia, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ellas, 262 son mujeres y 2 mil 490 hombres, lo que representa aproximadamente el 37 por ciento del total de internos en centros penitenciarios estatales, una proporción cercana al promedio nacional del 36.3 por ciento.
En entrevista telefónica, el abogado Tonatiuh Sarabia consideró que este número de personas recluidas sin sentencia es grave, ya que en gran medida se trata de personas de bajo estrato económico y con un nivel educativo que apenas alcanza la secundaria, lo que calificó como criminalización de la pobreza.
Además, explicó que si más del 20 por ciento de estas personas llevan más de dos años en reclusión, como indica el estudio del Inegi, esto constituiría una violación a la Constitución Política de México, la cual establece que una persona solo puede permanecer en prisión preventiva un máximo de dos años.
Sobre las responsabilidades de este panorama, aseguró que el sistema judicial está diseñado para impedir la impartición de justicia, perpetuando la impunidad y el encarcelamiento injusto de las personas.
Agregó que, para dimensionar la gravedad del problema, debe considerarse que tan solo en el penal de San Miguel se encuentran recluidas alrededor de 3 mil personas; si el Inegi estima que hay 2 mil 752 personas sin sentencia en todo el estado, esto implicaría que casi la totalidad de dicho penal estaría conformada por población sin condena firme.
Por su parte, el abogado Jorge Sosa, fundador del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, aseguró que las fiscalías y el Poder Judicial comparten responsabilidad en esta situación, ya que las personas recluidas en esas condiciones no tienen acceso a una defensa eficaz que haga valer sus derechos.
Ante este panorama, una solución, en la visión de Jorge Sosa, sería ampliar la planta de abogados de oficio. Mientras que, para Tonatiuh Sarabia, esto no resolvería el problema, pues su origen está en la estructura del sistema judicial mexicano, y los abogados de oficio dependen del propio Poder Judicial, por lo que en raras ocasiones determinan apelar o ir en contra de las decisiones de un juez.
Jorge Sosa también consideró que, aunque solo una persona estuviera en esta condición, sería igual de grave, y que el Estado tiene la obligación de garantizar que la justicia sea pronta y expedita.
Respecto al tiempo de espera para recibir sentencia, aunque no se dispone de una cifra específica para Puebla, el promedio nacional indica que el 25.6 por ciento de las mujeres y el 22.3 por ciento de los hombres que se encuentran sin sentencia llevan más de dos años en prisión preventiva. Es decir, una de cada cuatro mujeres privadas de la libertad sin sentencia lleva más de dos años esperando una resolución judicial. En hombres, este retraso afecta a uno de cada cinco.
Según los datos del Inegi, la mayor parte de la población recluida en centros penitenciarios sin sentencia firme lleva más de seis meses en prisión preventiva. En cuanto al estatus jurídico de las personas privadas de la libertad en Puebla, la información del Inegi indica que el 37 por ciento de la población penitenciaria estatal no contaba con sentencia al cierre de junio de 2025.
Al desglosarlo por sexo, el 46.2 por ciento de las mujeres y el 36.7 por ciento de los hombres permanecían sin sentencia. Estas cifras reflejan que casi la mitad de las mujeres detenidas en la entidad aún no recibe una resolución judicial definitiva.
Centros penitenciarios de Puebla no presentan sobrepoblación
El censo revela que en total hay 7 mil 349 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del estado de Puebla, distribuidas en 567 mujeres y 6 mil 782 hombres. Esta cifra ubica a la entidad con una tasa de 105.1 personas privadas de la libertad por cada cien mil habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional, que fue de 179.0. Entre los hombres, la tasa fue de 201.4, mientras que entre las mujeres fue de 15.7.
La capacidad instalada de los centros penitenciarios estatales en Puebla fue de 7 mil 576 espacios, mientras que la población privada de la libertad alcanzó las 7 mil 349 personas, lo que representa una ocupación del 97 por ciento.
Aunque no hay sobrepoblación como en otras entidades, el sistema penitenciario poblano opera muy cerca de su límite de capacidad, lo cual podría dificultar la atención adecuada a las personas internadas, en especial a aquellas sin condena firme.
Delitos más comunes en el ingreso de personas a penales de Puebla
En relación con los delitos que motivaron el ingreso de personas a los centros penitenciarios de Puebla, el censo muestra una distinción por sexo:
Acerca de las mujeres, los cinco delitos más comunes fueron: robo, con 29.2 por ciento; delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con 27.3 por ciento; homicidio, con 4.5 por ciento; violencia familiar, con 3.4 por ciento; y lesiones, con 4.5 por ciento.
En contraste, los hombres fueron ingresados principalmente por robo, con 32.6 por ciento; delitos contra la salud, con 16.9 por ciento; violencia familiar, con 2.6 por ciento; homicidio, con 4.1 por ciento; y delitos en materia de armas, explosivos y materiales destructivos, con 11.4 por ciento.
Perfil demográfico de los centros penitenciarios
Respecto a las características sociodemográficas de la población penitenciaria a nivel nacional, que también puede considerarse un reflejo del perfil en Puebla, el 94.1 por ciento de las personas privadas de la libertad eran hombres y el 5.9 por ciento mujeres.
En términos de edad, el grupo predominante fue de 30 a 34 años, seguido por los de 25 a 29 y 35 a 39 años. En cuanto a nivel educativo, el 48.2 por ciento tenía secundaria, el 23.2 por ciento preparatoria o bachillerato, y solo el 6.1 por ciento contaba con estudios universitarios.
Infraestructura especializada para hijos de mujeres presas
Sobre la presencia de niñas y niños en los penales, el Inegi reporta que, a lo largo de 2024, once mujeres privadas de la libertad en Puebla convivieron con sus hijas o hijos menores de seis años dentro del centro penitenciario.
Esta cifra forma parte de un fenómeno nacional que, si bien es reducido en números absolutos, implica una atención especializada para el desarrollo infantil en condiciones de reclusión, como indica el propio estudio del Inegi.
Por otro lado, la infraestructura especializada en los centros penitenciarios de Puebla muestra algunas carencias para las mujeres recluidas que son madres de familia.
En este sentido, el Inegi consideró cinco centros penitenciarios de Puebla, exclusivamente femeniles y mixtos, incluyendo el de Ciudad Serdán, el cual fue reacondicionado para población exclusivamente femenina a principios de 2024 durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Además, el Inegi consideró los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y otros dos mixtos al interior del estado donde reportó presencia de mujeres recluidas durante todo 2024.
Sobre estos, el 20 por ciento cuenta con espacios para la maternidad, como salas de parto o de lactancia materna.
Además, el 40 por ciento dispone de espacios para educación y formación de los hijos de las mujeres recluidas, como centros de desarrollo infantil, guarderías o ludotecas.
Finalmente, también se reportó que el 20 por ciento de estos penales cuentan con espacios para el alojamiento o pernocta de niñas y niños con sus madres dentro del penal.
Gobierno estatal instala Centro de Desarrollo Infantil en penal de Ciudad Serdán
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguraron el pasado miércoles un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) al interior del Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán.
Este nuevo espacio, considerado un modelo único en el país, fue impulsado por la SSP y la SEP con el objetivo de garantizar el bienestar, el desarrollo integral y los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en prisión.
El centro cuenta con especialistas en educación inicial y programas avalados por la SEP, además de haber recibido su Clave de Centro de Trabajo para operar con validez oficial.
Finalmente, en el Cendi se ofrecerá atención especializada en áreas físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Asimismo, se implementará un modelo educativo que integra a las madres en el proceso formativo mediante actividades conjuntas con sus hijas e hijos.
