Suman más de 3 mil 500 las personas desaparecidas en Puebla, estimó María Luisa Núñez, presidenta del colectivo “Voz de los Desaparecidos” al conmemorar el día de las víctimas de Desaparición Forzada.
Al realizar un acto público en el zócalo de la capital del estado, la activista denunció que hay casos de desaparición forzada, como el de su hijo ocurrido en 2017, que han sido investigados sin éxito hasta por cuatro ministerios públicos diferentes por omisiones de la Fiscalía General del Estado.
Expuso que en contraste con los datos de la Fiscalía que únicamente reconocen mil 700 casos de desaparición de personas en Puebla, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que preside, Alejandro Encinas, se estima que hay en el estado 3 mil 500 personas que no han sido encontradas.
“La Fiscalía tenía un registro hasta de 2018 de 2 mil 73 carpetas, no obstante hay carpetas en las que se denunció la desaparición de dos y hasta tres personas, después se hizo una depuración y se redujo el número a mil 700. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, decía Alejandro Encinas que de Puebla tienen contabilizadas aproximadamente 3 mil 500”.
Manifestó que no en todos los casos se puede hablar de una desaparición forzada, ya que puede haber casos de mujeres que de manera voluntaria han abandonado sus hogares por razones de violencia pero acotó que es un error generalizar que esta sea la causa de todos o de la mayoría de las desapariciones al justificarlos con la idea de “se fue con el novio”.
Expuso que hay desapariciones como la de su hijo Juan de Dios, registrado en Tecamachalco en 2017, y el de la joven Karina Yazmín N, quien es buscada desde agosto 2016 en Tehuacán, los cuales han pasado por cuatro ministerios públicos diferentes por las omisiones de la FGE, instancia a la que acusó de esconder pruebas.
“Hoy tiene el caso una nueva ministerio público. Mis respetos para esta abogada pero le pasaron el expediente con tres años y medio de desventaja, de inacción y de haber saqueado esa tarjeta de investigación. Le robaron los datos de prueba a esa carpeta para dar con el paradero de la joven”.
Aclaró que no existe una intención de dejar mal parada a la Fiscalía pero afirmó que hay evidencias de que la institución fue responsable de la pérdida de pruebas en cada investigación.
“En este caso pese a que la familia aportó datos para su pronta localización. La información importante la dejaron perder. El ministerio público Arturo Arbidez saqueó la carpeta que mostraba quién se llevó a Karina”.
En el caso de Juan de Dios que desapareció un año después el caso pasó por seis ministerios públicos diferentes sin ningún resultado exitoso.
“En el caso de mi hijo en tres años y medio la carpeta de investigación ha pasado por seis ministerios públicos. Hasta que interpuse una queja ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU fue cuando mandaron oficios por todos lados pero solo hacen una búsqueda de escritorio”.