De 2017 a la fecha, Puebla subió a segundo lugar nacional en percepción de corrupción: Inegi

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De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que elabora el Inegi cada dos años, Puebla es el segundo estado del país con la mayor percepción de corrupción en México, después de Guanajuato, práctica “muy frecuente” entre los cuerpos de seguridad pública.

En el informe dado a conocer este jueves, hay que destacar que el comparativo de la medición se dio entre los años 2017 y 2019 en el estado de Puebla, periodo que significó el fin del sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, pero por el que también pasaron Antonio Gali Fayad, de manera interina Guillermo Pacheco Pulido, y los primeros cuatro meses de gestión del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta.

El estado poblano pasó de 9 mil 577 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes en el año 2017, a 15 mil 693, lo cual significa un incremento del 63.9 por ciento.


El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisó que las mayores experiencias de corrupción en Puebla se estiman en el contacto con autoridades de seguridad pública con un 89.5 por ciento, por arriba de la media nacional que es del 87 por ciento.

Posteriormente, los poblanos encuestados reportaron que el 91.3 por ciento de los actos de corrupción se efectúan de manera “muy frecuente” o “frecuente” en los cuerpos policíacos, seguido de los partidos políticos, con un 89.5 por ciento; los senadores y diputados, con el 81.6 por ciento; ministerios públicos, en un 80.5 por ciento; y gobiernos municipales, con el 78.3 por ciento.

Asimismo, reveló que la tasa de población que tuvo contacto con un servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 26 mil 888 poblanos por cada 100 mil personas.

En el caso específico de Puebla, el Inegi reveló que la percepción de la corrupción se debe a que las personas mayores de 18 años que han realizado un pago, trámite o solicitud de servicio se encuentran con una barrera de gestión de hasta un 93.3 por ciento.

Por esta razón, afirmó que el 89 por ciento de los poblanos encuestados identifican a la familia, como la institución más confiable, seguido de los compañeros del trabajo, 78 por ciento y las universidades 76.5 por ciento.

La Encuesta Nacional destacó que la política de combate a la corrupción declarada por el gobierno federal ha tenido efecto sólo en la percepción de que esta práctica bajó durante el año pasado, si se compara con los resultados de la encuesta de 2017.

Sin embargo, el organismo reportó que en el número de población afectada directamente por esta práctica hubo “un incremento estadísticamente significativo”.

Enfatizó que en el ámbito nacional las mayores experiencias de corrupción se estiman también en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos, seguido de la realización de pagos, trámites o solicitudes –como el pedir una carta de antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en servicios de salud y empleo (pensiones, incapacidades, préstamos) y conexión o reconexión de energía eléctrica– donde alcanza 44.9 por ciento.  

A la cabeza de lista de los estados más corruptos del país, se encuentra Guanajuato, donde la percepción de corrupción se disparó en un 80.6 por ciento en los últimos dos años.

Le siguieron Puebla con un incremento de 63.9 por ciento y Durango con 58.6.

En contraparte, en Chihuahua cayó la percepción de corrupción en un 40 por ciento, en Tabasco, 41.2 y en Zacatecas, 38.1 por ciento.

En cuanto a la “incidencia de corrupción” resulta algo similar, en Guanajuato se disparó 161.2 por ciento, 100.6 por ciento en Puebla, Quintana Roo, 60.4 y en el Estado de México, 59.6.

Estas entidades –entre las que se encuentra Puebla- fueron las que registraron los mayores movimientos, pero aquellos donde la corrupción está más extendida, con tasas por arriba de los 50 mil habitantes de cada 100 mil, son Guerrero, Durango y Coahuila.

 En promedio, una persona paga 3 mil 822 pesos de soborno para facilitar trámites

A nivel nacional, el Inegi precisó que durante el año 2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.

Pero aclaró que la “prevalencia de la percepción” de esos actos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019, es decir, casi mil víctimas más de corrupción por año.

En tanto, enfatizó que la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017, a 30 mil 456 en 2019, lo cual significó un incremento de más de 5 mil casos por cada 100 mil personas.

Por lo tanto, refirió que el aumento en hechos reportados de corrupción disparó también en un 64.1 por ciento el costo total de este problema.

En ese sentido, el Inegi enfatizó que durante 2019 la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos.

Esto equivale a que una persona habría pagado en promedio 3 mil 822 pesos por actos de corrupción.

Mientras que en 2017, precisó que fue de 7 mil 780 millones de pesos, y 2 mil 450 por persona.

Hay que destacar que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental contempla la medición de actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y deja de lado las prácticas en unidades económicas.