Viernes, junio 14, 2024

200 policías ganan 10 amparos; el gobierno de RMV se niega a liquidarlos

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Ayer, en conferencia de prensa, los ex agentes Susana Nieves Murrieta y Héctor Gómez García señalaron que han ganado más de 10 amparos de la justicia federal, pero que el gobierno del estado sólo se ha limitado a ofrecer 130 mil pesos a cada uno de ellos, asegurando que les corresponde por lo menos el doble de dinero por el tiempo que laboraron y la jerarquía que obtuvieron en algunos casos
Ayer, en conferencia de prensa, los ex agentes Susana Nieves Murrieta y Héctor Gómez García señalaron que han ganado más de 10 amparos de la justicia federal, pero que el gobierno del estado sólo se ha limitado a ofrecer 130 mil pesos a cada uno de ellos, asegurando que les corresponde por lo menos el doble de dinero por el tiempo que laboraron y la jerarquía que obtuvieron en algunos casos

Un grupo de 200 ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de Vialidad del estado de Puebla exigió a la administración de Rafael Moreno Valle el pago de su liquidación, tras haber sido despedidos injustificadamente en 2012.
Ayer, en conferencia de prensa, los ex agentes Susana Nieves Murrieta y Héctor Gómez García señalaron que han ganado más de 10 amparos de la justicia federal, pero que el gobierno del estado sólo se ha limitado a ofrecer 130 mil pesos a cada uno de ellos, asegurando que les corresponde por lo menos el doble de dinero por el tiempo que laboraron y la jerarquía que obtuvieron en algunos casos.
Nieves Murrieta señaló que se encuentra en curso un peritaje, ordenado por el juzgado Sexto de Distrito a la Procuraduría General de la República (PGR), para determinar si esa cantidad es la correcta o no, confiando en que este peritaje será resuelto a su favor.
La ex policía relató que el entonces titular de Seguridad Pública del estado, Ardelio Vargas Fosado, utilizó supuestas pruebas de control y confianza para despedir a 200 policías activos a principios de 2012, bajo el pretexto de que éstos reprobaron ese examen y dejaron de ser dignos de la confianza de la administración estatal.
Sin embargo, agregó Nieves Murrieta, esas pruebas se realizaron en el año 2010, cuando aún estaba en funciones el gobierno de Mario Marín, pero además habían desaparecido las pruebas junto con miles de documentos más por la inundación que padeció el edificio de la Policía ubicado en Los Encinos.
La ex agente abundó en 2012 aún no estaba creado el Centro Estatal de Control y Confianza, por lo que este organismo no pudo haber avalado el despido de los policías, como finalmente lo hizo. Además, sostuvo que el uso del polígrafo –detector de mentiras– está prohibido en  México.
“Los fundamentos del estado son totalmente ilegales. Incluso el juzgado de distrito nos concedió el amparo porque el gobierno se negó a presentar al juez las supuestas pruebas de confianza”, afirmó.
Reconoció que en 2010, durante la pasada administración, los policías sí habrían reprobado ese examen, pues previo a su aplicación cada agente es “secuestrado” de cuatro a seis horas en un cuarto de cuatro metros cuadrados con escasa ventilación. “En esas condiciones ¿quién va a pasar un examen así?”, clamó.
“Hoy te decimos a ti, gobierno, que no es justo que después de tantos años de servir y ponernos la camiseta nos digan adiós, y nos tachen de ser lo peor que ha pasado por las corporaciones. En repetidas ocasiones el gobernador no ha ocultado el desagrado total a trabadores de otras administraciones y lo hace visible despidiendo a hombres y mujeres cabezas de familia, violentando todos nuestros derechos. Les decimos ya basta a las injusticia”, reclamó.

Voto de castigo

En tanto, Héctor Gómez García recordó que el 19 de junio de 2010 el entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Rafael Moreno Valle exclamó en la explanada de la Secretaría de Finanzas a los trabajadores del gobierno del estado que no perderían su empleo si ganaba las elecciones.
Sin embargo, en los dos primeros años, afirmó el ex comandante de la Policía Estatal, han perdido su trabajo en la administración estatal más de 6 mil personas, todos de forma injustificada, sin las liquidaciones correspondientes y de forma ilegal.
“Claro que va a haber un voto de castigo, nuestras familias están muy molestas y no votarán por Puebla Unida”, señaló este ex policía, que ahora maneja un taxi para poder sobrevivir.

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