14 órdenes de aprehensión vs. opositores a hidroeléctrica de Deselec–Comexhidro

Foto Rafael García Otero

Comunidades totonacas y nahuas de la Sierra Norte de Puebla denunciaron que fueron liberadas 14 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de indígenas opositores a la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, en los municipios de San Felipe Tepantlán, Tlapacoya y Ahuacatlán.

Los presuntos agraviados señalaron como responsables de este hostigamiento y persecución a los representantes de la empresa Deselec–Comexhidro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes tras la realización de una consulta amañada pretenden legitimar la obra.

Por esta razón anunciaron que el caso será llevado hasta instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


En rueda de prensa, Valentín Díaz Bustamante dio a conocer que les han informado que fueron liberadas 14 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la Organización Tutunaku–Nahua en Defensa del Territorio de los Pueblos.

Expuso que los acusan de amenazas de muerte y linchamientos a personal de la empresa Comexhidro, que trabaja con inversión extranjera.

El indígena acusó que detrás de las denuncias y la “fabricación de delitos” están los alcaldes de los tres municipios directamente afectados por la hidroeléctrica, Tepantlán, Tlapacoya y Ahuacatlán, que han confabulado la imposición del proyecto con la empresa, la paraestatal y las autoridades federales y estatales.

“El hostigamiento lo recibimos del alcalde de San Felipe Tepatlán, Ramón Dávila Santos, quien ya despidió a seis personas que laboraban en el ayuntamiento y que están apoyando el movimiento”, sostuvo.

En la rueda de prensa participaron pobladores de diferentes localidades, como Ahuacatlán, Olintla, Zoquiapan, Huehuetla, San Mateo Tlacotepec, La Pila, Zongozotla, Xochimilco, San Martín del Progreso, Tlapacoya, San Felipe Tepatlán, La Guadalupana y Pachoc, agremiados a la Organización Tutunaku–Nahua en Defensa del Territorio de los Pueblos.

Asimismo estuvieron acompañados por Israel Sampedro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh), de la abogada Diana Pérez, y de Leonardo Durán, del Consejo Tiyat Tlali.

Los pobladores dejaron en claro que hace unos meses, a base de engaños, fueron consultadas solo dos de las 30 comunidades que se verán afectadas con el proyecto hidroeléctrico.

Destacaron que la consulta a las comunidades sobre el proyecto es “utilizada como instrumento para legalizar el despojo de tierras, agua y recursos naturales a las comunidades indígenas tutunaku y nahua.

Esta situación –sostuvieron– está causando división y confrontación entre los pueblos que se han organizado en defensa del río Ajajalpan y sus recursos naturales.

Ante los medios de comunicación, arguyeron que 90 por ciento de los habitantes de las localidades han declarado abiertamente su rechazo a la hidroeléctrica.

En su intervención, Joaquín Soria García explicó que en el municipio de San Felipe Tepatlán no hicieron una consulta pública, sino que fueron encuestando casa por casa, forzando a la gente a respaldar el proyecto.

“Estamos protestando porque no se hizo una encuesta pública y estamos siendo amenazados por la empresa y las autoridades, que están engañando al pueblo”, señaló.

Acusó a Filiberto Hernández, quien se autodenomina dirigente del Frente Campesinos Unidos por Tepatlán y Tlapacoya, de mentir a los pobladores que se verán afectados, a quienes pidió sus firmas y copias de sus documentos de la posesión de las tierras, con el pretexto de legalizar las escrituras.

Además –agregó– les prometieron la entrega de plantas de café y de otros apoyos sociales; sin embargo, dijo sólo fueron timados.

 

Empresa y CFE violan

el derecho a la determinación de los pueblos

 

Soria García explicó que las mil 500 firmas que lograron recabar para la distribución de la ayuda fueron utilizadas para validar la instalación de la hidroeléctrica en la Sierra Norte.

Con esta medida, arguyó que la empresa Comexhidro y la CFE están violando sus garantías y el libre derecho a la determinación plasmado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a la propia Constitución Mexicana.

Señaló que la consulta tampoco estuvo apegada a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, pues no se trata de una consulta previa, ya que el gobierno autorizó el estudio de impacto ambiental y de autoabastecimiento de energía eléctrica, sin informar a las comunidades afectadas.

“Para la consulta pedimos además un traductor que hablara nuestra propia lengua, para que la gente que no habla español entendiera bien las consecuencias de esta obra”, declaró.

Los indígenas comentaron que la empresa, la paraestatal, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que estuvieron a cargo de la realización de la consulta, omitieron esta demanda de la población, violando con ellos sus derechos.

Refirieron que las autoridades de los tres niveles de gobierno conocen de la oposición de sus pueblos, pues la hidroeléctrica afecta su vida cotidiana y pone en riesgo sus usos y costumbres, así como tradiciones.

“Estamos preocupados, pues la obra afectará nuestra supervivencia cultural”, señalaron.

También denunciaron que cuando los pobladores deciden efectuar asambleas para tomar una determinación sobre el proyecto de la hidroeléctrica, son saboteados por empleados de la empresa, generando un clima de tensión e incertidumbre.

Afirmaron que aprovechando la necesidad de algunos pobladores, la empresa ha comprado voluntades y ha ocultado y falseado información.

Los declarantes coincidieron en que la consulta es una farsa y es mentira que las comunidades de la Sierra Norte de Puebla se verán beneficiadas con la hidroeléctrica.

“Este proyecto solo serán favorecidos los dueños de las empresas Comexhidro, nuevo Wal Mart de México, Suburbia, Waldos, Vips, Colchas de México y constructoras”, reclamaron.

Finalmente hicieron responsables a Comexhidro y a los gobiernos federal, estatal y municipal de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los inconformes, e hicieron un llamado de solidaridad al pueblo mexicano en defensa de sus derechos constitucionales y del territorio.