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Aproximadamente 12 de las 120 marcas que conforman la Red Mexicana de Franquicias (RMF) todavía enfrentan procesos legales de carácter civil, debido a que durante la epidemia de Covid-19 no pudieron pagar rentas de locales.
Cabe decir que cada una de ellas aglutina desde 30 unidades de negocio y en cada establecimiento se generan un promedio de 10 empleos directos, por lo que están en riesgo cuando menos 360 unidades económicas y 120 puestos de trabajo.
Así lo reportó Francisco Lobato Galindo, vicepresidente de la organización, quien comentó que actualmente todavía hay negociaciones de algunos franquiciatarios con inmobiliarias para poder encontrar solución.
Explicó que durante la emergencia sanitaria, aunque algunas unidades de negocio cerraron, no dejaron de tener la responsabilidad de pagar los arrendamientos, debido a que existían contratos firmados por varios meses; a eso se sumó el pago a proveedores, lo que fue aumentando la carga de responsabilidad que en un punto resulto impagable.
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Indicó que hay propietarios que todavía se encuentran demasiado endeudados y no tienen para pagar.
“Hay que decirlo, muchas empresas estuvieron sujetas a procesos civiles que a final de cuentas estamos tratando de desahogar por la vía de le negociación y es una realidad innegable que los negocios sobrevivieron, pero a un costo muy alto… Como no se declaró fuerza mayor, quienes tenían un inmueble arrendado no se suspendía el pago, entonces tuvo que entrar esto en un proceso de negociación, pero las inmobiliarias grandes se vieron también entrampadas porque muchos de sus clientes cautivos quebraron”.
Comentó que esos negocios ni siquiera pueden tramitar créditos para poder desahogar todas sus deudas, ya que además las tasas de interés en nuestro país son elevadas.
Añadió que a esa “tormenta perfecta” se sumó el crecimiento de las plataformas digitales, como Temu, AliExpress, Mercado Libre, e-Bay y Amazon, por lo que la gente dejó de comprar local, disminuyó su asistencia a las tiendas físicas y optó por el consumo vía internet.
“Esto generó un descalabro que agravó más la situación económica de las empresas, no solo de las de franquicias, sino de todas en su conjunto”.
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El vicepresidente a partir de todo ello, es que tanto arrendadores como arrendatarios judicializaron los casos para ver quién tenía la razón y es ahí, donde a través de la mediación, gran parte llegó a arreglos.
En promedio, añadió Francisco Lobato, ya solo tuvieron que pagar el 50 por ciento de las rentas vencidas.
Consideró que la peor parte ya pasó y para 2025 esperan que el sector franquicias tenga crecimiento de 10 por ciento, el cual no registran desde 2022.