11 organizaciones hicieron público un comunicado demandando la legalización del aborto en Puebla y atender cabalmente las acciones que emanan de la solicitud de la reciente solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla, dirigida específicamente a los casos de desaparición.
Las organizaciones firmantes son Ddeser, A Falta de Pan, CAFIS, REDefine Puebla, Campaña por el Aborto Legal en Puebla, Red Nacional de Abogadas Indígenas Capítulo Puebla, Red de Abogadas Feministas de Puebla-Tlaxcala, Ni Metzita, Red Normalistas Feministas Puebla, Lado B y la Colectiva Justicia para Cecilia Monzón, participantes en la marcha más nutrida del pasado 8 de marzo, también demandaron generar una evaluación profunda de la Fiscalía General del Estado de Puebla en la atención a la violencia de género y sancionar al personal que obstaculiza las investigaciones, revictimiza o vulnera los derechos de las víctimas.
Asimismo, exigen destinar presupuesto suficiente y adecuado para la atención de las necesidades de las mujeres privadas de su libertad, amén de garantizar el derecho a la menstruación digna a través de distintas estrategias que permitan el acceso a insumos de gestión menstrual de forma gratuita y tasa cero a la venta de productos de gestión menstrual.
Además, sensibilizar y capacitar al personal en instituciones educativas en materia de perspectiva de género y derechos humanos, nombrar a la persona titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y garantizar que el proceso se realiza apegado a la normativa vigente.
También, garantizar la atención a las mujeres e infancias en refugios del estado y ampliar la cobertura de estos espacios en las distintas zonas de la región del Estado de Puebla, incluyendo refugios con perspectiva intercultural y ampliar la cobertura de atención a la salud de las mujeres en los distintos territorios del Estado de Puebla, incorporando una estrategia interseccional, donde se considere una perspectiva intercultural y se atienda de manera eficiente y efectiva a las usuarias.
En esa lógica exigieron ampliar las estrategias de atención a la violencia a través de la atención psicológica, la atención médica o psiquiátrica y garantizar el acompañamiento jurídico con perspectiva de género en todas las etapas del proceso judicial.
También demandaron saldar la deuda histórica con nuestro derecho a la autonomía y comprometerse con la justicia reproductiva acatando las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una vez por todas, despenalizar el aborto en Puebla para garantizar un acceso seguro, gratuito y sin criminalización.
Finalmente, pidieron asegurar el respeto a los sistemas jurídicos indígenas que permita un mayor acceso a la justicia de las mujeres indígenas y afromexicanas, atendiendo a los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estándares internacionales.