Cuando menos 10 mil expedientes serán trasladados de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 33 a instituciones homologas en Oaxaca y Tlaxcala, lo que complicará dar seguimiento a los casos, debido que implicará más gastos en traslados y a que por el estado de salud de los trabajadores, muchos no podrán viajar.
Así lo expresaron abogados laboristas que esté día se manifestaron frente a las oficinas de la citada Junta, en la 31 Poniente 2904, en la ciudad de Puebla, mismos que advirtieron que recurrirán a recursos de amparos para defender a sus clientes, ya que de lo contrario podrían perder los casos.
Los especialistas en Derecho señalaron que tanto a ellos, a los usuarios y al mismo presidente de la Junta, les tomó por sorpresa el decreto publicado el lunes de la presente semana, mediante el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instruyó el cierre.
Con evidente molestia, confusión y sin que alguien de la dependencia federal o de la misma junta saliera a darles una explicación, declararon desconocer cuánto tardarán los juicios en resolverse, ya que antes de que se bajara la cortina en Puebla era un promedio de tres años. De hecho, consideraron que esta medida solo beneficiará a los patrones.
“Lo que tenemos que hacer es garantizarles a nuestros clientes, que confiaron en nosotros, que sus derechos no sean violados, ¿Cómo? A través de la vía de amparo, no tenemos otra opción. Pero ahora, entonces ¿Cuántos se van a ir a amparo? Por lo menos 10 mil personas”, refirió la abogada Fiorela Benítez Sánchez.
Agregaron que no existe total claridad sobre cuándo serán trasladados los expedientes y bajo qué criterio se hará, por lo que todavía tendrán que esperar a que se emitan tesis, criterios o lineamientos que den solución a inconformidades o incongruencias que están surgiendo.
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En el decreto mencionado se indica que los asuntos que se encuentren en trámite, en fase de instrucción en la Junta Especial número 33, serán tramitados hasta su total conclusión en la institución homologa 46, con residencia en Tlaxcala; y los que estén en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo, serán atendidos hasta su final, en la 32, localizada en Oaxaca.
Los abogados manifestaron que esta acción de la STPS es un atentado contra los derechos de trabajadores, algunos de ellos con expedientes desde los años 90.
Usuarios como Elena Juárez quedaron confundidos al acudir este día a consultar el avance de sus trámites y encontrarse con que la Junta fue cerrada. Ella está tramitando la devolución de la subcuenta de vivienda del Infonavit de su esposo fallecido apenas en febrero pasado.
Sin embargo, ve complicado recuperar el dinero, porque no cuenta con los recursos económicos necesarios para trasladarse a Tlaxcala o Oaxaca, por lo que incluso dijo estar en shock.
“Dices: ahora ya nada más estoy esperando este beneficio, que a mi como viuda me ayuda a poner un negocito, para tener una subsistencia y ahora dices, pues cierran está junta, ¿A dónde vas a ir a dar? Imagínate, ir a Oaxaca y de aquí a que se resuelva… es impresionante ver qué está pasando”.
Los trabajadores que laboran en la desaparecida Junta en Puebla no dieron declaraciones, pero trascendió que ayer fueron citados y se les informó que tienen que elegir Tlaxcala o Oaxaca y si no lo hacen, se quedarán sin empleo; mientras que a otros ya no se les renovó contrato.
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