Desde que nació la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado de Puebla (RUTA) parece ser una especie de olla con muchos hoyos por donde escapaba el dinero por actos de corrupción. Hace un año, una auditoría reveló que entre 2013 y 2018 se compraron y se pagaron un millón 555 mil tarjetas del metrobús –las cuales sirven para que los usuarios accedan al servicio– que registran múltiples anomalías, que van desde la inexistencia de la solicitud de adquisición, que siempre tuvieron un precio unitario muy diferente, y lo más grave, que no se sabe a quién se las entregaron y que control había de las mismas.
RUTA fue el emblema del gobierno de Rafael Morena Valle Rosas, que de acuerdo a lo que decía el entonces mandatario, este sistema de transporte público nació por una idea y una exigencia del PRD que planteó cuando en 2010 el Partido de la Revolución Democrática aceptó –por primera vez– una alianza electoral con el PAN. Sea verdad o no esa historia, lo cierto es que el sello distintivo del metrobús ha sido la corrupción.
Siendo un supuesto sistema de transporte de vanguardia, uno de los principales vicios del metrobús es que las rutas alimentadoras de manera deliberada les quitaron o les descompusieron los sistemas electrónicos de cobro, para que de esa forma los choferes cobraran en efectivo y hubiera una fuga diaria del dinero que ingresaba a este servicio público.
Tal situación es lo que parece explicar porque hubo tantas anomalías en la compra de las tarjetas de cobro, que en 2019 se detectaron en una auditoria a los procesos de “solicitud de pago de tarjetas inteligentes, pagos y transferencias, así como las facturas que amparan el pago y la recepción” de los plásticos.
Esa investigación, dio pie a los actuales procesos que han permitido rescindirle la concesión del cobro de pasaje a la empresa Conduent.
Dicha auditoría revisó ocho etapas de compra de tarjetas, entre los años 2013 y 2018, en las que se adquirieron un millón 866 mil plásticos.
La anomalía que más llama la atención es que en 7 de 8 procesos de compra, solamente en uno se acredita que hubo un acuse de recepción y en esa ocasión se compraron 311 mil plásticos.
En la investigación se apunta: “Este es el único pedido de tarjetas en el que sí se encuentra un documento que acredita quién recibió las tarjetas adquiridas”, que en esa ocasión tuvieron un monto de compra por 6 millones 6 mil 293 pesos.
Es decir, en las otras 7 compras, de plano se solicitaron las tarjetas, se compraron, se pagaron y no se sabe a quién se las entregaron.
El caso más grave ocurrió al inicio de la línea 1, pues en aquella ocasión se adquirieron 575 mil tarjetas y en la documentación oficial de RUTA y del organismo de Carreteras de Cuota, no aparece la información de cuánto se pagó por los plásticos, el precio unitario de los mismos y cuál fue la empresa que facturó la elaboración de dichos instrumentos.
El segundo caso mas grave, ocurrió en la víspera de la navidad de 2016, es decir a punto de concluir el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
En esa oportunidad se compró el paquete más grande de tarjetas, que fueron 700 mil, del que se pagó 11 millones 546 mil 640 pesos.
Resulta sorprendente que todas las compras de las tarjetas se facturaban a el Fideicomiso de Línea 1, pero en esta ocasión se le facturó al concesionario de RUTA, que es Jesús Padilla, cuando se supone que no le correspondía el cobro del servicio de dicho transporte público.
Y en la factura se indica, por si fuera poco lo anterior, que pagó el organismo de Carreteras de Cuota y no se especifica que correspondía a la compra de las 700 mil tarjetas. Como si se hubiera comprado cualquier otra cosa.
De igual manera, siendo la mayor cantidad de tarjetas, no hay un acuse de recibo que indique a quién se le dio los plásticos y obviamente, el destino que después les dio.