La intención del gobierno de Alejandro Armenta Mier de recorrer la caseta de peaje de Atlixco kilómetros adelante, sin un plan urbanístico, únicamente generará a corto plazo la migración del conflicto de movilidad a otra región del estado, en menos de cinco años.
Esta es la opinión del experto en movilidad, Arturo Balderas Moyano, presidente de la asociación civil Corresponsabilidad en el Transporte, quien declaró a La Jornada de Oriente que antes de poner en marcha esta medida, se debe realizar un plan de desarrollo urbano sustentable en la región.
No es la primera vez que un gobierno busca remover la caseta de peaje de Atlixco. En 2014, se planteó recorrer tres kilómetros adelante, en el sentido de Puebla hacia Santa Clara Ocoyucan, para favorecer a Lomas de Angelópolis II.
Esto con el fin de que la zona residencial contara con accesos viales que permitieran su expansión adicional a 400 hectáreas.
Para entonces, la reubicación de la caseta resultaba clave para desahogar el tránsito vehicular y evitar “cuellos de botella” en el complejo residencial.
Una década después, la propuesta del gobierno del estado es recorrer la caseta de Atlixco, en palabras del coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, “cerca a la salida de la autopista Siglo XXI”, a unos 20 kilómetros adelante, en inmediaciones de Santa Ana Acozautla.
La Vía Atlixcáyotl, cuya construcción inició en 1988, cuenta hasta ahora con una longitud de 18.6 kilómetros y un tiempo de recorrido de ocho minutos. El aforo diario es de 25 mil vehículos, sumando 7 millones 3 mil unidades al año.
Mientras que la autopista Siglo XXI tiene una extensión de 55.1 kilómetros y une a los estados de Puebla y Morelos.
Antes de reubicar la caseta, debe haber un plan de desarrollo urbano
Sobre el tema, el presidente de la asociación Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Balderas Moyano, dijo que recorrer solamente la caseta generará en un corto plazo de cinco a 10 años, la migración del conflicto vial.
Para evitar esto, argumentó que la reubicación de la caseta debe ir acompañada de un diagnóstico urbano sustentable.
“Hay que planear el crecimiento urbano que ahora quedará antes de la caseta, qué vialidades existirán y cómo se desfogará el tránsito cuando se asienten nuevos desarrollos inmobiliarios y comerciales“, expuso.
Si no se toman en cuenta estos factores, advirtió que el conflicto vial solo migrará de un punto a otro.
En esta zona, comparten territorio las comunidades de Malacatepec, Ocoyucan, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Bernabé Temoxtitla, San Antonio Cacalotepec y San Andrés Cholula, que confluyen con la Vía Atlixcáyotl, la carretera estatal a Atlixco y otras vialidades que utilizan los habitantes de la región metropolitana de Puebla.
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Consulta a los pueblos, para evitar especulación inmobiliaria
Para algunos habitantes de Santa Clara Ocoyucan, los pueblos deben ser consultados para la reubicación de la caseta, ya que también se requiere un reordenamiento territorial debido al crecimiento desmedido de los desarrolladores inmobiliarios.
“Los pueblos tienen que ser consultados y deben estar involucrados en la toma de decisiones para beneficio de sus comunidades”, declaró el abogado Hilario Alonso, defensor de los ejidatarios de Malacatepec en resistencia contra el Grupo Proyecta.
El Grupo Proyecta pagó 10 millones de pesos a las autoridades ejidales de Santa María Malacatepec por el usufructo de 245 hectáreas de tierras comunales donde pretende construir el desarrollo inmobiliario City Lomas, sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con este antecedente, Hilario Alonso pidió al gobierno del estado que haga público el proyecto de reubicación de la caseta, ya que desde hace 40 años ha funcionado como una barrera natural para el crecimiento urbano en la zona.
El abogado advirtió que si la caseta es reubicada, podría generar un mayor crecimiento inmobiliario en Lomas de Angelópolis.
“Queremos saber si con el traslado de la caseta de peaje llegarán nuevos desarrolladores inmobiliarios y negocios a la orilla de la autopista en Chalchihuapan y San Bernabé Temoxtitla”, expuso.
En este sentido, enfatizó que el proyecto debe ser consultado con los pueblos de la región y con dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Semarnat, para evaluar el impacto ambiental y social.
“El proyecto se tiene que abrir a la consulta, para que no se piense que retirar la caseta es solo a beneficio de Lomas de Angelópolis o de los especuladores inmobiliarios“, recalcó.
El pasado 13 de febrero, el coordinador del Gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, informó que se busca reubicar la caseta de Atlixco, aunque precisó que la propuesta aún está en análisis y que primero se debe revisar la concesión de Pinfra, la empresa a cargo de la autopista.
Afirmó que el único propósito es reducir el congestionamiento vial en los accesos de Lomas de Angelópolis.
En 2012, el gobernador Rafael Moreno Valle otorgó a Pinfra la concesión por 30 años de la carretera, a cambio de un único pago de 2 mil 494 millones de pesos.
