Al gobierno federal y, a Morena, se les ha convertido en obsesión los ahorros, bajo la cantaleta de la austeridad republicana. Ahora, con ese mismo argumento el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 35 Constitucional, para adelantar la revocación de mandato de 2028 al 2027 y hacerlo concurrentes con las otras elecciones programadas para ese año.
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No sé si los legisladores tienen idea de lo complicado que será el proceso electoral del 2027, por las elecciones federales que renovará la Cámara de Diputados, la elección faltante del Poder Judicial y las 17 elecciones locales, incluidos la de gobernadores. Y todavía así, pretenden agregar una carga mayor que, sin duda complica el proceso y es falso que lo haga menos costoso. Recordemos que incluso han habido voces que plantean que no se unan las elecciones judiciales con los otros procesos, por la complicación en la organización y desarrollo de comicios que tienen sus propias particularidades, las cuales, no se ven hasta ahora que se vayan a empatar. Y esto se complicaría mucho más, si se pretende que la reforma electoral pueda darse desde las elecciones intermedias del 2027, no obstante, la experiencia dejada este año con la elección judicial y la premura para llevarla a cabo, más con la cero valoración autocrítica de sus promotores, de tal manera que pudiesen repetirse algunos errores, que con más tiempo pudiesen ser superados.
Por ello, adicionarle la revocación de mandato es un claro despropósito, sin que ello implique que las hipótesis que la oposición ha venido levantando sobre la presunta intención del gobierno federal y su partido, para cerrarle el paso a la oposición que quisiera evitar que Morena y aliados mantengan la mayoría absoluta, de tal manera que la propuesta de revocación de mandato, más allá de los presuntos ahorros o no, se ha convertido en tema de debate político y de campaña impulsada por articulistas de la oposición, que han inundado ya las páginas de la prensa escrita.
En este sentido, no cabe duda que cada cabeza es un mundo solo así podemos explicarnos las conclusiones tan erradas de Alejo Sánchez Cano (El Financiero), quien afirma que la pretensión de lo que llama oficialismo de empatar la revocación de mandato en las elecciones del 2027, es porque “el miedo no anda en burro”, cuando evidentemente no es así, sino que implica cerrar una pinza más en el control político y dar garantía de gobernabilidad con el aval de la mayoría de la población.
Más allá de las posturas políticas de las fuerzas contendientes, el sumarle un elemento más a las elecciones del 2027, al contrario de lo que dice el morenismo, complica las cosas después de la reducción presupuestal que sufriría el INE y más, si la reforma electoral impone la desaparición de las OPLEs.
La imposición de una salida sin la reflexión profunda del tema, puede meter en crisis no solo al sistema electoral, sino al país mismo. Sería una irresponsabilidad y de paso, le abriría el camino a la oposición.
