Sábado, agosto 13, 2022

Alicia, Kelsen y yo: Qué es el derecho /VI

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El derecho es una técnica utilizada por la política para conseguir la organización de una sociedad de un modo específico y determinado, con base en el uso de la coacción (fuerza). Esta finalidad organizativa es lo que proporciona sentido y dirección a los actos de creación, modificación, aplicación, y anulación de las leyes. Esta razón, y ninguna otra, hizo decir a Hans Kelsen:

<<El derecho es un orden que asigna a cada miembro de la comunidad sus deberes y, por ende, su posición dentro de la comunidad, por medio de una técnica específica, estableciendo un acto coactivo, una sanción dirigida contra el individuo que no cumple su deber. Si ignoramos este elemento no podremos diferenciar el orden jurídico de otros órdenes sociales>>.

Es importante tener presente que el vocablo “orden”, en español, reúne el doble significado de mandar y colocar. La disputa social entre los individuos por la ubicación, derechos y obligaciones que les asigna la ley , de acuerdo a la categoría social en la que quedan encasillados por su condición económica: trabajador, patrón, propietario, concesionario, usuario, arrendador, arrendatario, contribuyente, autoridad, inversionista, empresa, sindicato, organismo público, privado, etcétera; sirve de sostén a la clasificación social de los individuos dentro del conglomerado social; a cada una de las cuales, la ley asigna deberes y facultades o derechos que las correlacionan entre sí, dando por resultado un modo específico de relaciones y organización social entre los seres humanos. Las disputas se dirimen por vía de la interpretación y aplicación de esas normas, que puede realizarse incluso por la fuerza. El poder público -el Estado y sus instituciones- es el instrumento de ejecución y preservación del modelo de organización social que el derecho estatuye obligatoriamente, mediante la realización de esos actos: “-¿Se ha cumplido la sentencia? –gritó la Reina. –Majestad, la sentencia se ha cumplido –dijeron a una los tres soldados. -¡Magnifico! –exclamó la Reina-.” (Carroll, p. 183).   

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En lógica simple el derecho puede verse como un discurso escrito si se atiende sólo a la legislación; sin embargo, no podemos reducirlo a eso pues tal visión le quita su condición humana; lo cosifica y deshumaniza. Una cuestión que los abogados suelen perder de vista es que la ley no tiene vida propia. Que su poder de obligar está subordinado a la voluntad que se manifiesta en su contenido, y a que su creador -el Estado- la aplique, de manera literal o interpretada. La ley no puede, en determinadas circunstancias, obligar a su propio creador que es el poder público: <<La ley como estructura formal que regula comportamientos individuales y sociales, no es necesariamente un límite para la acción del poder>>. (La Torre, Massimo, obra citada, p. 57). A menos, que los seres humanos que detentan ese poder hagan un compromiso político, éticamente verificable y jurídicamente exigible, de respeto a la palabra dada en la ley. 

El llamado <<principio de legalidad>> descansa, de entrada, como verdad de Perogrullo, en el contenido de las leyes; sin embargo, queda sujeto a las modificaciones e interpretaciones que los órganos estatales puedan hacer, ya sea violando los procedimientos establecidos o mediante la acción fáctica. La interpretación jurídica, como facultad exclusiva del poder público judicial, tiende un manto de sospecha sobre la sinceridad de ese principio, pudiendo dar pie al surgimiento de una legalidad antidemocrática y autoritaria, que ocasiona el cúmulo de disparates morales observables cotidianamente en todos los tipos de procesos legales. “¿Cuál es vuestro veredicto? –preguntó el Rey al jurado. -¡Aún no! ¡Aún no! –le interrumpió el Conejo Blanco-. No puede concluir el proceso si todavía no ha empezado.” (Carroll, p. 214). 

La corrupción en las labores de creación, modificación, interpretación, aplicación y anulación de las leyes que permean los distintos ámbitos del quehacer estatal y gubernativo, genera complicidades y denigra la argumentación jurídica; ha tenido por consecuencia el surgimiento –en los círculos de relaciones sociales entre poder político y económico- de algo que bien pudiera denominarse “hermandad del derecho”. Bobbio ha comentado la experiencia histórica de “legalidad” en Italia:

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“Pero, cuando se impuso la dictadura y la máquina del Estado totalitario comenzó a funcionar regularmente, dando curso a la “nueva legalidad”, la concepción positivista de respeto a la ley sirvió óptimamente para el uso contrario, es decir, para inculcar la obediencia a la autoridad, para extinguir toda veleidad de resistencia, para justificar todo delito realizado en nombre de una orden recibida de un poder que era, por lo menos, formalmente legítimo.” (Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, trad. Ernesto Garzón Valdés, México, Fontamara, 2007, p. 9).   

En circunstancias críticas para la vida social se fomenta la creencia de que el problema radica, únicamente, en los textos legales; los órganos de autoridad suelen justificar malas acciones sociales sosteniendo que “así lo establece la ley”, o que “la ley es omisa y no se podía actuar de otra manera”. Hemos hecho de la ley un fetiche, creyendo que la sola inserción de un concepto -por ejemplo, derechos humanos- en la Constitución y en la ley, es suficiente por sí solo para obtener su respeto por parte de la autoridad; que es el texto legal el que mueve la voluntad de los órganos jurídicos. La realidad demuestra lo insostenible de esta idea, pero con ello, la ineficiencia gubernamental es ocultada mediante la creación de más leyes. Omitimos, pues, hacer el correspondiente balance reflexivo entre ley, interpretación, y poder: “El derecho es siempre positivo, y su positividad consiste en el hecho de que es creado y nulificado por actos de seres humanos…” (Kelsen, p. 134).

La gran division de la sociedad en clases sociales, con intereses económicos diferenciados por la existencia de la explotación del trabajo asalariado como base de subsistencia y ordenación económica, inevitablemente hace surgir los conflictos entre individuos y grupos sociales que, en el ámbito del Estado, disputan tanto los contenidos del derecho, como el control del poder politico. Todo gobierno se sostiene invocando tres conceptos básicos de la teoría política: democracia, legalidad y estado de derecho; pero, serán los intereses económicos y sociales representados por el gobierno en turno, los que determinen el contenido con que se dote a cada uno de ellos. Suele afirmarse, con talante autoritario, que “la ley es la ley” en tanto puede imponerse. Es su contenido el que determinará el sentido social de la acción del Estado. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Productiva para bien de todos o, de unos cuantos? ¿pacífica o bélica? ¿honrada o delincuencial? ¿educada o ignorante? ¿alegra o tensa? Pues, ¡manos a la obra!

Heroica Puebla de Zaragoza, a 20 de junio de 2022.

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