La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado afirmó que el grupo de aproximadamente 50 manifestantes que se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel, y que mantienen bloqueado el Camino a El Batán, no acreditó su relación con personas privadas de la libertad en dicho centro de reinserción social.
Respecto a las denuncias planteadas por los inconformes, la SSP señaló que, en compañía de personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), se intentó instalar una mesa de diálogo; sin embargo, ésta no se concretó debido a la negativa del propio grupo que exigen atención del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo.
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La dependencia también sostuvo que los señalamientos hechos por los manifestantes “son imprecisos y parten de información incorrecta”. No obstante, reiteró su disposición a entablar diálogo con quienes demuestren efectivamente un vínculo familiar con personas privadas de la libertad.
Pese a ello, los manifestantes que mantienen el bloqueo aseguraron que al interior del penal persisten presuntos casos de tortura cometidos por una red de extorsión y cobros irregulares que, según ellos, estaría encabezada por los internos Rubén Primitivo Hernández y Miguel Primitivo Hernández.
Además, acusaron a Marcos Pavón, alias El Nenuco, de presuntamente encargarse de la venta de teléfonos celulares dentro del penal, por lo que exigieron su traslado inmediato a un centro federal.
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La SSP reiteró que mantendrá abierta la posibilidad de diálogo con quienes acrediten tener familiares recluidos en el Centro de Reinserción Social de San Miguel.
Mientras tanto, las personas que se autodenominan familiares continúan solicitando la intervención de Jorge Ortiz Delgadillo, quien asumió el cargo a inicios de septiembre, tras la remoción de Guillermo Jesús Serna a finales de julio por señalamientos de presuntos actos de corrupción.
Lo anterior quedó establecido en el intento de mesa de diálogo que entabló personal de la Segob con los manifestantes.
