Al menos 50 personas que se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon desde las 8:30 hasta las 15:30 horas del viernes el Camino al Batán, en protesta por una presunta red de extorsión, actos de tortura mediante golpizas y cobros irregulares al interior del centro penitenciario.
Durante el intento de mesa de diálogo realizado al mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afirmó que ninguna de las personas presentes logró acreditar su relación familiar con alguna persona privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social.
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Durante la manifestación, que hasta las 15 horas permanecía en inmediaciones del Centro de Reinserción Social de la capital poblana, los inconformes aseguraron que sus familiares son sometidos a extorsiones semanales de alrededor de 8 mil pesos para evitar golpizas por parte de quienes señalan como líderes de esta red.
Entre los acusados se encuentran los internos Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como Los Primitivos, quienes presuntamente encabezarían la red de extorsión y venta de drogas. Un tercer interno, identificado como Marcos Pavón, alias El Nenuco, sería el presunto responsable de comercializar teléfonos celulares dentro del penal.
De acuerdo con los testimonios recabados, cada semana deben realizar depósitos en efectivo a una cuenta bancaria cuyo número les es proporcionado vía telefónica. Los pagos, señalaron, se efectúan generalmente en tiendas de conveniencia como Oxxo. Las personas entrevistadas solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias contra sus familiares.
Según las denuncias, quienes no cumplen con estos pagos son presuntamente torturados mediante golpizas.
Al mediodía, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió al punto para entablar diálogo con los manifestantes. No obstante, estos rechazaron conversar con la comitiva al insistir en que solo aceptarán diálogo directo con el director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, quien asumió el cargo a inicios de septiembre tras la remoción de Guillermo Jesús Serna a finales de julio por presuntos actos de corrupción.
Ante ello, la SSP señaló que no pudo acreditar en ese momento la relación familiar de los participantes con personas privadas de la libertad. Mientras que los inconformes argumentaron que evitaron proporcionar identificaciones o nombres por temor a represalias.
El bloqueo, que se mantuvo hasta después de las 15 horas, permitió el desarrollo del horario de visita dentro del penal; sin embargo, el paso vehicular para particulares y transporte público permaneció restringido, salvo en casos de emergencia. Para ello, los inconformes colocaron neumáticos sobre el asfalto para impedir la circulación.
Esta es la segunda manifestación en lo que va del año. A inicios de agosto, un grupo de tamaño similar bloqueó inicialmente el Camino al Batán y posteriormente el Periférico Ecológico para denunciar cobros por el uso de agua para el aseo personal, por el derecho a recibir visitas en días autorizados y por el ingreso de artículos de limpieza.
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En aquella ocasión, los inconformes señalaron al interno Ernesto Orea como presunto líder de una red de cobros y extorsiones. Tras las acusaciones, dicha persona privada de la libertad y otros reclusos considerados “problemáticos” fueron trasladados al penal de Tepexi de Rodríguez, de mediana seguridad. Aunque este centro no está exento de conflictos, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, ha asegurado que no presenta los mismos problemas de control que San Miguel.
Las manifestaciones se desarrollan en un contexto marcado por operativos recientes y denuncias públicas sobre presuntos privilegios para algunos internos.
Ahondando en ello, alrededor de semana y media atrás se difundieron videos que presuntamente muestran a internos en una fiesta clandestina con mujeres externas al penal. Tras ello, la SSP anunció investigaciones internas y nuevos traslados.
Además, la noche del martes y la madrugada del miércoles se llevó a cabo un operativo encabezado por el titular de la SSP, en el cual se decomisaron armas punzocortantes, drogas y teléfonos celulares. Este despliegue se realizó después de la detención de dos custodios que presuntamente intentaron ingresar sustancias ilícitas, prendas de vestir, extensiones USB y drogas tanto al penal de San Miguel como al de Tepexi de Rodríguez.
Finalmente, los manifestantes aseguraron que continuarán presionando a las autoridades estatales hasta que el director del centro de reinserción social se comprometa a erradicar las presuntas prácticas denunciadas por segunda ocasión en lo que va de 2025.
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