Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigen al gobierno que informe públicamente sobre el avance de indicadores de impacto del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2022-2027 y que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) mejore sus procesos de integración de denuncias, entre otras cosas.
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Y es que, a 25 de años de la aprobación del Protocolo de Palermo y a casi 22 años de que México lo ratificó, reprochan que este problema “se recrudece por la omisión gubernamental a nivel federal y estatal”.
Por tanto, demandan que el Consejo Estatal contra la Trata de Personas en Tlaxcala informe públicamente sobre los avance de los indicadores de impacto establecidos en el Programa Estatal en esta materia 2022-2027.
Asimismo, piden que se generen mecanismos obligatorios de reeducación para los varones que desempeñan una función pública, “pues como vemos muchos de ellos ejercen violencia machista”.
Piden que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y el Comité Educativo para la Prevención de la Trata de Personas, elaboren e implementen el programa educativo contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres, con participación de la sociedad civil y academia que por décadas han documentado la problemática y generado propuestas.
Requieren que se informe en cuántas escuelas de educación básica se implementan proyectos educativos de prevención de este flagelo y cuáles son los resultados. Además, solicitan a la Fiscalía General de Justicia del Estado que mejore sus procesos de integración de denuncias, fortalezca el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y que investigue de oficio los hechos que presuntamente están relacionados con este delito.
Pero también exigen a las autoridades municipales “que dejen de promover espectáculos que mercantilizan y normalizan la explotación sexual de las mujeres, y que en caso de que así ocurra sean sancionadas las personas responsables”, y que denuncien cualquier hecho que pueda ser constitutivo de este ilícito.
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Mientras que a las instituciones y autoridades federales, les exigen atender la trata de mujeres en Tlaxcala “de acuerdo a su competencia y en coordinación con las instancias” locales.
De esta forma, las OSC y la academia se pronunciaron durante la Jornada Pendientes y Retos de la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, convocada por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Entre otras organizaciones que fijan esta postura se encuentran las Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena; Centro de Economía Social “Julián Garcés” y el Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos “Los Jicotes” de Xicohtzinco; Grupo de Pastoral Social de la Inmaculada Concepción, Apizaco; Equipo Promotor de la Pastoral Social del Decanato de la Misericordia, Apizaco y el Grupo Cihuatl.
Estas OSC puntualizan que durante más de dos décadas se ha generado un amplio marco que sanciona la violencia hacia las mujeres y la trata de personas en el estado.
“La problemática se exacerba por factores como la desigualdad social, el sistema neoliberal capitalista, el sistema patriarcal, la pobreza, la discriminación por razón de género y la violencia social”.
Sin embargo, subrayan que el “actuar de las autoridades ante el delito de trata de personas y otros vinculados, son atendidos de manera deficiente, como se indica en el Informe al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) presentado por la sociedad civil ante la Décima Evaluación al Estado Mexicano”.
Resaltan que en ese documento se reafirma que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la comisión de trata y que en Tlaxcala “de enero de 2021 a diciembre de 2024 se mantiene un total de 260 mujeres y niñas desaparecidas, activando únicamente 10 protocolos Alba y 23 alertas Amber”.
Acentúan que dicho informe refiere que esos datos muestran “la falta de perspectiva de género al omitir la relación de la desaparición de niñas y mujeres con otros delitos por razones de género, como la trata de personas con fines de explotación sexual, violencia familiar, violación o feminicidio”.


