Viernes, agosto 19, 2022
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Condena el EZLN el desmonte de la resistencia de los pueblos indígenas contra Bonafont en Puebla

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió este miércoles un comunicado en el que condenó enérgicamente la escalada represiva del gobierno federal en contra de los pueblos indígenas en resistencia contra la empresa Bonafont, en el municipio de Juan C Bonilla, en el estado de Puebla.

A través de redes sociales, denunció que el 15 de febrero alrededor de las 1:20 horas, los cuerpos represivos del gobierno integrados por elementos de la Guardia Nacional, la policía estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, invadieron la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca.

En ese sentido, reprochó la represión contra la lucha por la vida de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que, enarbolando la defensa de la vida colectiva, convirtió este semillero de muerte en espacio de encuentro e intercambio, en medio de la determinación de imponer en Morelos, Puebla y Tlaxcala el Proyecto Integral Morelos, que atraviesa un gasoducto por el territorio desde donde germina esperanza hecha de rebeldía y formas antiguas y nuevas de organización.

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“Nos declaramos en alerta ante la posible persecución de las y los hermanos de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, haciendo responsable al gobierno federal de utilizar a su grupo armado llamado Guardia Nacional para agudizar la guerra del dinero en contra de la vida”, advirtió.

El Ejército Zapatista responsabilizó al gobierno federal de proteger los negocios de la empresa Bonafont, que despoja, acapara, privatiza y lucra de una forma inmoral con el agua de nuestros pueblos, “donde sufrimos el surgimiento de socavones y el desecamiento de pozos, manantiales, ríos y arroyos; tal es el caso del río Metlapanapa, que el Frente de Pueblos de la Región Cholulteca y los Volcanes ha defendido ante la explotación y contaminación en beneficio de los corredores industriales”.

Asimismo, levantó la bandera de la organización de abajo para convocar a luchar por la vida.

El EZLN condenó el asesinato de Francisco Vázquez, presidente del consejo de vigilancia de ASURCO, quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos.

También rechazó la criminalización del pueblo otomí y de Diego García por parte del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), porque ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos, institución que un día tuviera sus oficinas en lo que es hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes.
Además, se pronunció en contra de la persecución a los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, ante sus recientes movilizaciones en contra del desprecio, el racismo y el despojo y por el retiro del indignante monumento conocido como Los Constructores en Morelia, Michoacán.

De igual manera, condenó la militarización del Istmo de Tehuantepec para imponer el megaproyecto del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binnizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca.

Finalmente, reclamó la utilización de la Guardia Nacional y los grupos armados de los estados y municipios para reprimir a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Tiripetío y Mactumatzá, en su exigencia de justicia y condiciones para sus las escuelas normales.
Llamó a los pueblos, naciones y tribus indígenas de México, así como a las organizaciones y colectivos aliados, a estar alertas ante esta oleada represiva neoliberal anunciada por el gobierno capitalista, mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021, mismo que declara los proyectos y obras del gobierno federal de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano.

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