Los agentes de tránsito y los jueces son las autoridades en las que menos confían los poblanos, mientras que la Marina y el Ejército son las instituciones que gozan de la aprobación más alta, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
En el mismo sentido, los juristas del Poder Judicial y los policías viales son las instancias en las que los poblanos perciben más corrupción.
De acuerdo con los resultados, del total de personas consultadas en la medición, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), apenas el 47 por ciento dijo tener confianza en los agentes de tránsito y el 59.1 por ciento en los jueces. En contraste, la Secretaría de Marina (Semar) alcanzó un 90.1 por ciento y la milicia un 91.7 por ciento.
En tanto, al medir el nivel de percepción sobre corrupción, los policías de tránsito alcanzaron un 73.9 por ciento y los jueces un 66 por ciento. En contra parte, La Marina y los militares tuvieron los porcentajes más bajos, con un 21 y un 26.4 por ciento.
Es oportuno recordar que durante la conferencia de prensa del presiente Andrés Manuel López Obrador se han ventilado anomalías en las que jueces poblanos supuestamente han incurrido tales como Milton Moctezuma Vega, juez de control en Puebla que liberó a presuntos delincuentes que atentaron contra la vida de ex policías federales.
Anteriormente, el 25 de julio de este año, el gobierno federal ya había exhibido a otros jueces del estado por su presunto desempeño irregular como Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, debido a que cambiaron las medidas cautelares del proceso penal que se sigue en contra de dos presuntos secuestradores, identificados como Diego “N” y Juan Carlos “N”, lo que les permitió salir de prisión.
Otro caso es el de Aarón Hernández Chino, juez de control de la Región Judicial Norte, quien permitió la liberación de Gerardo “N”, un diácono que fue detenido en 2021 acusado de violar sexualmente en octubre de ese mismo año a un niño de siete años de edad, en el municipio de Aquixtla.
El jurista también fue señalado en 2021 por liberar a dos presuntos violadores de una niña de cuatro años de edad, padre e hijo, con el argumento de que el dictamen médico que apuntó abuso sexual en contra de la menor, había sido falsificado.